Durante dos días alrededor de 300 investigadores e investigadoras especializados en temas vinculados a la seguridad se encontraron en Buenos Aires en las Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía para debatir y consensuar un documento de seis páginas en el que demuestran su preocupación por las políticas públicas y brindan una serie de recomendaciones para el diseño de una política criminal eficaz en la prevención de delitos y el resguardo de derechos.
El documento demuestra el consenso entre los y las especialistas sobre el estado de emergencia de la seguridad democrática en Argentina y el deterioro y abandono de \políticas públicas claves en materia de defensa y seguridad. Las propuestas están distribuidas en doce ejes temáticos:
1) la información sobre delitos, violencias y sistema penal.
2) el uso de armas de fuego
3) el rol de las fuerzas de seguridad
4) las políticas de control de las drogas ilegalizadas
5) las políticas comunicacionales
6) las violencias de género
7) el régimen penal juvenil
8) la criminalización de la población migrante
9) el sistema de inteligencia
10) la criminalización de la protesta social
11) el sistema de justicia penal y la cuestión carcelaria
12) desdibujamiento de la distinción entre seguridad interior y defensa.
El documento resalta la gravedad de las declaraciones y acciones del gobierno nacional que “legitiman usos de la fuerza que contradicen los marcos normativos y trastocan las prioridades que deben orientar las prácticas policiales, que son la defensa de la vida, los derechos y la integridad física de todas las personas”. “La narrativa gubernamental incentiva el hostigamiento, el abuso de la fuerza y la ejecución sumaria al tiempo que la define engañosamente como una modalidad de cuidado al policía que lejos de protegerlos pone en riesgo su vida, su trabajo y su libertad”, agrega el documento.
Sobre la criminalización de la población migrante, los investigadores e investigadoras destacaron las “iniciativas gubernamentales y discursos de funcionarios que culpabilizan a los/as inmigrantes del crecimiento de ciertos delitos y otros problemas” y criticaron el Decreto 70 que reglamentó la expulsión de extranjeros. También resalta la necesidad de repensar el sistema de inteligencia desde los pilares de la democracia y el Estado de Derecho. “Es necesario eliminar las excepciones que permiten a los integrantes de la AFI la realización de tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal”. La AFI no es una policía ni debe serlo”, remarcaron.
El documento lleva la adhesión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Núcleo de Estudios sobre de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires (FaHCE/UNLP), el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (FaHCE/UNLP), el Grupo de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad (CAS/IDES-UNQ) y el Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (UNQ), entre otros.
