Una marcha para pedir justicia por los pibes de la Masacre de Quilmes

masacre de quilmesAndar Agencia.-

Convocada por familiares, los sobrevivientes y organizaciones denunciantes de la Masacre de Quilmes -el incendio dentro de la Comisaría 1° que en 2004 se cobró la vida de 4 adolescentes- el próximo miércoles 30 de septiembre a las 9 horas se realizará una movilización desde la estación de trenes de Quilmes hacia los Tribunales. Esta semana se dará lectura a los alegatos, y  familiares y amigos de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) marcharán exigiendo la condena de los 10 policías imputados por  apremios ilegales y tormentos.

Luego de 11 años de espera, el juicio oral por el incendio de la comisaría 1° de Quilmes está llegando a su fin. El TOC 3-  integrado por Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato-  escuchará esta semana los alegados del Ministerio Público Fiscal -a cargo de Claudio Pelayo- y a las querellas. Por su parte, la defensa alegará en último lugar y ya solicitó la absolución por todos los cargos de los imputados: ex comisario Juan Pedro Soria, acusado por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y por omisión de evitar tormentos, los policías Gustavo Altamirano, Jorge Gómez, Franco Góngora, Elizabeth Grosso y Basilio Vujovich, acusados por apremios ilegales, y Fernando Pedreira, Humberto Ávila, Juan Carlos Guzmán y Hugo D’Elía imputados por apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos.

“Los familiares hemos escuchado antes y durante el juicio los desgarradores y estremecedores relatos de 8 sobrevivientes del incendio. Hemos escuchado también los resultados de pericias sobre los adolescentes asesinados. Hemos soportado los impunes dichos del ex comisario Soria,  quien habla de héroes y no de torturadores; también hemos tolerado la insultante victimización del imputado Ávila. Es tiempo de exigir la condena efectiva por delitos de tortura y asesinato de los 10 imputados de la Masacre de Quilmes”, expresa el comunicado de prensa enviado a los medios y organizaciones.

Cuando se produjo el incendio en 2004, había 12 mil chicos alojados en institutos de menores y más de 300 menores detenidos en comisarías, por falta de otros espacios para alojarlos. Tras la Masacre de Quilmes, y mediante la resolución 1623/04 publicada en el Boletín Informativo del 25 de octubre de 2004, el ministro de Seguridad León Carlos Arslanián dispuso prohibir “el alojamiento de menores en dependencias policiales, instruyéndose a los titulares de las mismas para el cumplimiento estricto” de la normativa.

“Porque la niñez no debe ser encerrada, porque la mano dura es la respuesta clasista ante los pibes de nuestros barrios, porque son demasiados las casos de gatillo fácil y porque la JUSTICIA debe despegarse de las atrocidades de las fuerzas de seguridad, exigimos: cárcel efectiva para los 10 imputados por la Masacre de Quilmes; nuevas investigaciones sobre los policías nombrados en el juicio oral pero no imputados, comenzando por la oficial Guaquinchay (co–partícipe en delitos de tortura); expulsión de la policía provincial de los funcionarios policiales imputados Gustavo Ávila (subcomisario en Berazategui), Elizabeth Grosso y Gustavo Altamirano”, concluye el escrito.

La masacre de Quilmes se erigió como caso testigo de una época. La muerte de los cuatro jóvenes evidenció la inexistencia de dispositivos de protección y promoción de derechos de los detenidos en las comisarías. El fallo Verbitsky, en abril de 2005, puso límites al hacinamiento, el maltrato y la violencia en las unidades carcelarias. Sin embargo, diez años después, la emergencia de seguridad dictada por el gobierno provincial contempló la reapertura de calabozos en comisarías; en ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió la inconstitucionalidad de la medida ante la Corte Suprema de Justicia y presentó una cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue aceptada. La insólita decisión política sigue vigente y sólo empeora drásticamente las condiciones de encierro, desoye las recomendaciones de los tribunales internacionales y viola los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional.

En el Informe Anual 2015 de la CPM se advierte que “existen escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales”. La policía mata y la justicia avala. Quizá por eso Isabel Figueroa y Elvia González, madres de dos de los chicos muertos, declaran que “para nosotros, las víctimas, los excluidos, las expectativas son muy pocas; cada vez que el TOC 3 tuvo que juzgar casos de violencia policial, los responsables salieron caminando en libertad”. La CPM interviene como organismo veedor en este juicio y registra audiovisualmente todas las audiencias. La Dra. Margarita Jarque, directora del Programa Litigio Estratégico, estuvo presente durante las jornadas y sostiene que “los testimonios demuestran que, por una parte,  la Comisaría 1ra. de Quilmes- lejos de ejercer la custodia estatal, fue uno de los centros de detención de menores  en los que se realizaban prácticas sistemáticas de  golpes y torturas”.

Cosecha Roja
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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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