Aborto: el peligro de la objeción de conciencia sin control estatal

Soledad Deza, abogada feminista de Tucumán y defensora del emblemático caso Belén, abrió hoy el segundo día de exposiciones en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Habló sobre el artículo cuestionado del proyecto del Ejecutivo: “Es una enorme concesión a quienes suelen usar la propia conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública”. Reproducimos su exposición.

Aborto: el peligro de la objeción de conciencia sin control estatal

Por Cosecha Roja
02/12/2020

Por Soledad Deza*

Foto: Lara Otero

Buenos días, agradezco esta invitación y celebro este proyecto histórico que busca saldar una deuda democrática también histórica. Y hablaré de objeción de conciencia porque creo que es una herramienta política que hizo y hace mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado, en vez de supervisarla.

La objeción de conciencia nació como una herramienta noble para resistir la opresión y proteger aquellas minorías que, en el juego de mayorías, podrían ver injustamente arrasada su subjetividad. En nuestro país, el primer antecedente jurisprudencial que reconoció la OBJECIÓN DE CONCIENCIA fue el caso “Portillo”, donde la Corte se encargó de aclarar que reconocía a un conscripto la posibilidad de no recibir instrucción militar obligatoria, SOLAMENTE porque estábamos en tiempos de paz. Corría el año 1989. Y afirmó además: “Distinta sería la solución si el país y sus instituciones se encontraran en una circunstancia bélica, pues, en ésta, nadie dudaría del derecho de las autoridades constitucionales a reclamarle a los ciudadanos la responsabilidad de defender, con el noble servicio de las armas, la independencia, el honor y la integridad de Argentina”.

Hasta acá la idea es poner de manifiesto que el artículo 10 del proyecto es una enorme concesión a quienes suelen usar la propia conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública. ¿Por qué digo esto?

Porque desafortunadamente esta herramienta de “excepción”, frente a los derechos sexuales en general y el aborto en particular, invierte su lógica de creación y funciona en los hechos como una “regla”. Así emergen instituciones que, al contar sólo con personal objetor, retiran fácticamente de la oferta sanitaria prestaciones médicas lícitas: la favorita es la interrupción legal del embarazo.

El caso “Lucía” demostró en Tucumán que no hubo ni un efector de la Salud Pública dispuesto a garantizar los derechos de la niña y, lejos de extremar los recaudos para que los profesionales del sector privado le practicaran un aborto, se propició un nacimiento con vida para aquietar conciencias ajenas.

Pero el desgobierno de la objeción no sería posible sin la colaboración silenciosa de los tomadores de decisiones políticas que avalan este comportamiento agresivo hacia las usuarias.


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Urge pensar entonces que esta posibilidad de declinar excepcionalmente la obligación de brindar asistencia se da en el marco de una relación sanitaria que es per se asimétrica en términos de poder; y que no hay justicia cuando quien tiene la rectoría en materia de políticas públicas mira para otro lado habilitando se cargue en las espaldas ya vulnerables de las usuarias, la protección de las conciencias privilegiadas. Acá me parece que hay que pensar, y mucho, sobre la necesidad de incorporar una limitación para que Jefes de Servicio y Directores de Hospitales no sean objetores de conciencia.

Insisto, el problema no está en quien se asume públicamente como objetor, pero hace la derivación como la ley 26.529 le manda, busca quien asegurará la prestación que su objeción negará y deja constancia de su objeción y de esa derivación en la historia clínica, sin interferir violentamente en la autonomía de su paciente. El problema son los objetores que cierran la puerta de acceso a la salud, buscan evangelizar a sus pacientes y tratan indignamente a quienes no piensan igual.

Y la peor cara de la objeción, la más dañina, es aquella que se oculta tras un lugar de poder para trastocar el autogobierno brindando información falsa o sin evidencia científica, solicitando interconsultas o estudios innecesarios y hasta judicializando el consentimiento y pidiendo autorización judicial. O la objeción encubierta de proveer un legrado en vez de un aborto con pastillas, sólo para provocar dolor. O la objeción encubierta de Rodriguez Lastra que interrumpió un aborto legal de una víctima de violación, sólo porque tenía el poder de hacerlo. O la objeción encubierta que sufrió Belén que fue denunciada en situación post aborto por sus médicxs para lograr un castigo penal acorde a sus preferencias morales. O la objeción que se oculta detrás del uso de los adelantos tecnológicos que desarrollan la viabilidad fetal que asegure un nacimiento con vida, aunque sea por unas pocas horas, cuando se pidió una ILE.

Pero la objeción de conciencia encubierta dentro de la salud, esa tan DAÑINA, se entreteje a la sombra política de discursos jurídicos que le hacen decir al derecho lo que el derecho no dice (que el artículo 4 de la CADH protege la vida de forma absoluta y no gradual e incremental o que la protección del artículo 75 inciso 23 a la mujer embarazada implica un reconocimiento de personalidad fetal, sólo por dar ejemplos que escuché ayer) y de discursos políticos que apelan a un falso federalismo para promover estándares de derecho más bajos en algunas provincias que se auto-perciben “pro vida” ocultando que ello no tiene impacto jurídico alguno. O de discursos pseudocientíficos que vaticinan colapsos hospitalarios cuando el aborto farmacológico es ambulatorio y es el método recomendado por la OMS para abortos del primer trimestre.

La objeción de conciencia se teje y desteje políticamente bajo el abrigo de la falta de secularización del derecho que impide en las provincias la implementación de políticas claves para prevenir el embarazo no intencional. Hablo puntualmente de la hipocresía de impedir la implementación de la ESI bajo el slogan “con mis hijos no te metas” o de negar la entrega de métodos cuestionando la autonomía progresiva, el número de hijos o la decisión de no tenerlos, para después invocar esas mismas políticas para negar el derecho a decidir o empujar a las mujeres a maternidades forzadas o abortos inseguros.

Y la objeción de conciencia también se entreteje políticamente mientras se pregonan alternativas como “legal si, gratuito no” o “despenalizar sí, pero legalizar no” que sólo buscan afianzar en la sociedad un doble estándar de salud sin justicia social que se desentiende además de las desigualdades de género, de las de clase y raza.

En Tucumán, luego de que Belén estuvo presa, 34 mujeres fueron acusadas por aborto espontáneo o natural y 165 mujeres tienen causas caratuladas como “abuso sexual-aborto provocado”. 72 mujeres fueron acusadas de “aborto provocado” sólo en los años 2018 y 2019.

Esta también es una forma encubierta de objeción de conciencia que usa los estrados judiciales para infringir castigo y dolor. Allí no se objeta la prestación, se objeta la decisión.

El problema de la objeción de conciencia es que se hace política con ella. El peligro de la objeción de conciencia desgobernada institucionalmente y sin control estatal, es que busca vaciar de contenido políticas públicas diseñadas para el acceso a la salud sexual. Será un desafío titánico del Estado garantizar a la población que la libertad de culto de algunos/as no consolide la subalternidad sanitaria de otres que también tienen libertad de conciencia.

No se trata de acordar moralmente con el hecho del aborto, si es bueno o malo, si es moralmente reprochable o no. Se trata de pensar en la inmoralidad de una penalización que se cobra vidas y muertes, todas evitables. Se trata de aceptar que nadie merece estar presa o exponer su vida y su salud por no ser capaz de gestar, parir y cuidar en determinado momento. La penalización del aborto es insalubre Señoras y Señores. Y la legalización es una deuda de la democracia que exige dejar de lado las creencias propias, para evitar perpetuar violencias ajenas.

*Soledad Deza es una abogada feminista de Tucumán. Presidenta de Mujeres x Mujeres.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales
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