Argentina: absuelven y restituyen al juez Sal Lari

Cosecha Roja.-

El juez de Garantías Nº 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, fue absuelto hace instantes de un jury que se había iniciado en su contra y que lo tuvo durante un año y medio –el tiempo que duró el proceso- apartado de su cargo. La resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Bonaerenses decretó, luego de la investigación de los cinco casos -de los once por los que había sido denunciado- que habían quedado en pie, que Sal Lari había obrado a derecho, y condenó al intendente de San Isidro, Gustavo Posse -el denunciante-, a pagar las costas.

“Terminó un proceso que se resolvió como se debía resolver”, dijo el magistrado cuando conoció el fallo, que se retiró del lugar sin hablar con los periodistas apostados en la puerta.

Desde la primera hora de la mañana, se habían agolpado un centenar de personas –incluyendo periodistas, técnicos y curiosos- al pie de las escalinatas del Edificio Anexo dela Cámarade Senadores provincial, en pleno centro deLa Plata, donde supo funcionar la sede del Banco Nación. En un colectivo de doble piso contratado por el municipio de San Isidro, llegaron un puñado de periodistas –ocupaban el piso de arriba-, algunos empleados municipales y unos quince familiares de víctimas encolumnados tras la organización Madres del Dolor.

A media mañana llegó el intendente Posse, que la última vez que ganó la atención de la prensa nacional fue por promover la construcción de un muro de70 centímetrosde altura y dieciséis cuadras de largo para aislar a la “gente honesta” de su partido de los “delincuentes” de la vecina San Fernando. “Queremos saber qué es lo que ocurre con el caso de este mal juez. Porque da excarcelaciones que después dan lugar a tragedias, porque puede olvidarse de un preso inocente por ocho meses. Mientras que muchísimos jueces ya habrían sido destituidos por eso aquí ni siquiera se trata el asunto”, dijo el jefe comunal horas antes de la resolución.

Mientras, otras voces se dieron cita para sostener la probidad del juez. Daniel Pérez Guillén, secretario Adjunto dela Asociación JudicialBonaerense, consideró que “esto tendría que estar resuelto hace más de un mes. Fue una presión eminentemente política. Una cosa del medioevo: el intendente Posse dijo que sabía que el juez era honesto, que sabía que era capaz, pero que tenía que explicar por cuáles convicciones fallaba como fallaba. No sabemos si preguntaba por sus convicciones políticas, religiosas o qué, pero está establecido que el juez, dentro del derecho resuelve conforme a sus convicciones”, dijo el dirigente enrolado enla CTA.

En tanto Vivian Perrone, la vocera de la organización Madres del Dolor consideró que esperaban “una explicación de algo”. La mujer sostuvo que “solamente se nos dijo que teníamos que pagar una caución de 180.000 pesos, sólo se acepta el caso del vigilador González y no como delito sino como falta”, dijo.

La denuncia contra Rafael Sal Lari la presentó en febrero de 2009 el intendente de San Isidro después del asesinato del ingeniero Carlos Regis a manos de dos hombres que Sal Lari y su colega Esteban Rossignoli -juez de garantías 4-, habían excarcelado. El dirigente colectó otros casos en los que creyó que Sal Lari había actuado mal y presentó una denuncia por once causas.

El corpus acusatorio fue perdiendo piezas en cada una de las instancias. La procuradora María del Carmen Falbo desestimó los once casos considerando que se ajustaban a derecho.La Comisión Bicameral–con la única disidencia de la diputada del Ari, Liliana Piani- elevó sólo cuatro, desechando por unanimidad el resto, entre ellos el crimen del ingeniero Regis. Pero Posse apeló ese caso que había sido la piedra angular de su cruzada mediática contra el juez.

El 5 de julio pasado, cuando comenzó el jury,la Comisióndesistió de acusar y sólo quedó para el debate el caso González, en el que un vigilador privado había quedado detenido ocho meses a pesar de su inocencia. Hubo un sumario administrativo para una secretaria del juez. Perola Bicamerallo ponía en debate no como un delito, sino como una falta. “Y dijimos no: en esas condiciones, nosotros nos bajamos como acusadores”, dijo esta mañana Perrone.

Posse, colgado de un caso en el que en realidad se lo juzgaba por el extremo opuesto a su acusación de ser un juez de excarcelación fácil, se replegó. No depositó los 180.000 pesos de caución que el Reglamento exige para continuar la acusación. Ya no había acusadores, y la causa se desmoronó.

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