Cosecha Roja.-

Se está por cumplir un año del asesinato de Octavio Romero, el prefecto gay que apareció flotando en el Rio de la Plata. Todavía no hay culpables, ni siquiera sospechosos. A Gabriel Gersbach, el viudo de la víctima, la fiscal lo consideraba “sujeto pasivo de investigación”, al mismo tiempo que descartaban todas las hipótesis de un crimen de odio cometido al interior de la Prefectura Naval.

Ayer por la mañana Gabriel volvió a pedir ser parte de la causa. Sus abogados, además, preparan una denuncia ante la unidad para los derechos de las personas LGTBI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Quieren ver el expediente y poder aportar datos a la investigación que, desde afuera, da la sensación de estar dando vueltas en círculos.

“Queremos poner al tanto de esta situación a la unidad que protege a las personas LGTBI de la CIDH, porque constituye una discriminación hacia Gabriel. Él convivió con Octavio durante doce años y es su derecho ser parte querellante”, explica Ezequiel Gutiérrez, abogado de Gersbach, y miembro de ACIJ.

Casi un año después del crimen, la causa parece estancada. Sin sospechosos, sin culpables, sin móvil conocido. Aquel 11 de junio sus amigos lo esperaban para cenar y como nunca llegó ni respondió los llamados, se preocuparon. En el departamento que compartía con su novio quedó el saco de pana bordó, los zapatos y la bebida que iba a llevar a la cena. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Gabriel, el novio, en un primer momento pensó que se había ido con una campera, pero más tarde la encontró en el placard que compartían. El dato no es menor. Ese día hacía mucho frío, y una de las sospechas es que Octavio bajó por unos instantes, y que alguien lo obligó a irse. Una semana después de desaparecer, el 17 de junio, el conductor de una lancha encontró el cadáver flotando en el Rio de la Plata, a la altura de Vicente López. Lo habían asesinado.

Gabriel era su pareja desde hacía doce años y pensaba casarse con él en dos meses. Sería el primer suboficial de una fuerza de seguridad en celebrar un matrimonio igualitario. La prefectura ignoró al viudo. A último momento –y gracias a la intervención de varias organizaciones–, en Buenos Aires hubo una misa de cuerpo presente en la que no participaron uniformados. Como si hubiese que impedir la foto de familia en la que salieran los díscolos, los honores –la entrega de la bandera a la familia, la guardia de honor, etc.– se hicieron en Corrientes, lejos de la vida que la víctima había construido los últimos años.

La autopsia dice que Octavio sufrió golpes en el sector izquierdo del rostro y en la nuca y que si bien eran importantes no alcanzaban para matar a un hombre. En el informe pericial tampoco se encontraron lesiones defensivas, las típicas marcas en las manos y piernas que se generan cuando alguien sufre una agresión e intenta frenarla. Los peritos que analizaron el cuerpo dijeron que lo tiraron con vida y desnudo al agua, pero desmayado, y que después de morir ahogado estuvo de tres a cinco días en el agua, aunque si la temperatura de esos días fue fría, podrían ser más.

De comprobarse, por ejemplo, que el cuerpo fue tirado al agua el mismo día que lo encontraron, se fortalecería la hipótesis de un crimen con tinte mafioso: alguien que tiró el cadáver a pocos metros de una base de Prefectura para dar un mensaje o, peor, que eligió ese lugar porque es una zona donde los únicos que tienen jurisdicción son los hombres de esa fuerza.

Sin acceso al expediente, Gabriel y los amigos de Octavio están empeñados en que la investigación llegue hasta el final. Para eso volvieron a pedir que sea aceptado como querellante y apelar a la Corte Interamericana.

“Siempre he cooperado en la causa y me he mantenido a disposición de la justicia. Mi deseo no es otro más que se encuentre al culpable del homicidio de Octavio”, explica Gabriel.

Quiere saber, dice, quién mató al amor de su vida.