La Plata: denuncian a un fiscal por pedir mediación para un caso de violencia de género

Cosecha Roja

Para Mariana Condori todo terminó un 7 de marzo. Ese día, impulsada por su familia y los golpes que le habían marcado en el cuerpo, denunció a su marido, Gabriel Maldonado, por violencia de género. Caminó como pudo hasta la comisaría número 3 de La Plata e hizo la denuncia. La atendieron mirando para otro lado, con pocas ganas. Las golpizas que recibía hasta ese entonces eran cosa de todos los días, un martirio que se imponía como rutina. El policía de turno la mandó al cuerpo médico y al hospital a constatar las lesiones. La mujer murió el 14 de marzo y ahora los abogados del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) presentaron una denuncia contra el fiscal Marcelo Romero: había dispuesto una instancia de mediación dos días antes de la muerte de Mariana. Además, el CIAJ propone  medidas para eliminar la instancia de mediación en casos de violencia de género.

Los golpes y los insultos fueron horadando la felicidad de Mariana y Gabriel. En la mañana del 14 de marzo, siete días después de la denuncia de Condori y en la casa que compartían en las calles 1 y 94 hacia un año y medio, la mujer aparecía ahorcada.

Alejandra, la madre de la víctima, aseguró a un medio platense a pocos días del crimen de su hija que “nosotros sabemos que Maldonado es la persona que llevó a ella a que se quite la vida porque la agredía constantemente”.

Sofia Caravelas, abogada del CIAJ y representante de la familia de Condori, le dijo a Cosecha Roja que la violencia que ejercía Maldonado sobre Mariana era de una “extrema violencia, donde se utilizaba todo tipo de elementos. La mujer vivía bajo una amenaza permanente. Su marido llegó hasta quemarle la ropa a sus hijos”.

La denuncia

Cuando Mariana realizó la denuncia en la comisaria 3° de La Plata, la Unidad Fiscal de Investigación Nro. 6 de la ciudad Platense, a cargo del titular Dr. Marcelo Romero, tomó el caso. El magistrado decretó una mediación entre Condori y Maldonado y dispuso “…Se cite a la víctima a efectos de que manifieste cuál es su situación actual respecto del ilícito denunciado, como así, si presta conformidad en la iniciación de un proceso de mediación con la intervención de la Secretaría respectiva a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto”.

Cuando la causa salió de la fiscalía para notificar a Mariana el 13 de marzo, era demasiado tarde: un día después, a Mariana la encontraron en su casa del barrio Villa Elvira ahorcada, en circunstancias que aún están siendo investigadas. Caravelas afirmó que “queremos hacerle saber que el fiscal que ha cometido una falta. Si bien se puede interpretar integralmente la normativa, en este caso de violencia de género sobre la mujer plantea que el caso está mal encarado desde un principio”.

Tanto la CIAJ, familiares de la víctima y distintas organizaciones sociales de la ciudad de las diagonales denunciarán esta tarde ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires graves irregularidades y violación de los pactos internacionales de los Derechos Humanos por parte de la UFI Nro. 6, a cargo de Romero.

EL comunicado de la CIAJ:

El CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) solicita que se sancione al fiscal Romero por la gravedad de la decisión tomada. En un comunicado, el organismo manifestó que “aun cuando distintos organismos internaciones de derechos humanos –Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité de seguimiento de la Convención de Cedaw, entre otros – y la legislación vigente en el ámbito nacional y provincial prohíben que en casos de violencia de género y contra las mujeres, se fijen audiencias de conciliación, mediación u otros medios que promuevan instancias de acercamiento y/o reconciliación entre la víctima y la persona denunciada, estas aún son promovidas por los funcionarios judiciales”.

En la denuncia que se presentará hoy ante la Procuración, se incluye una solicitud para que se instruya a los fiscales ante casos de violencia de género, así como las diligencias pertinentes para perfeccionar adecuadamente las causas donde se investigan estos hechos. El comunicado, afirma: “Resulta fundamental que, así como recientemente la Procuración General emitió un Protocolo de actuación para recepción de testimonio de niños/as víctimas de violencia y abuso, en este caso se emita directiva tendiente a unificar prácticas de investigación y abordaje de casos de violencia de género. Se deberán establecer los modos de actuación sugeridos (historización de la situación de violencia, protección de las denunciantes, acumulación de denuncias anteriores, sistematización de datos, etc.) y que la mediación sea una medida vedada para estos casos”.

“La aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2010 sobre el acceso de mujeres a la justicia, hizo hincapié en que hacer este delito negociable o transable, parte de la premisa de que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, situación que queda excluida de las instancias de violencia contra las mujeres en tanto se enmarcan en relaciones de poder y dominación entre los géneros”.

(Foto: Diario Hoy)

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