Argentina: dos proyectos para penalizar al cliente de prostitución; dos miradas sobre el negocio

El senador oficialista Aníbal Fernández y la diputada Marcela Rodríguez de Democracia Igualitaria y Participativa ingresaron dos proyectos al Congreso, que plantean modificaciones al Código Penal para penalizar la demanda sexual.

Este miércoles, cuando se cumplen once años del secuestro de Marita Verón en Tucumán, se reanimaron las discusiones sobre el delito de trata para explotación sexual. En el Congreso ingresaron dos propuestas que buscan llenar vacíos legales para combatir el negocio.

En el Senado, Aníbal Fernández (FPV) presentó un proyecto de ley que pretende incorporar al Código Penal el artículo 127 bis que sanciona con prisión de uno a tres años el consumo sexual cuando hay víctimas de trata. El proyecto de Fernández plantea que en el caso de que la víctima fuera menor de 18 años la pena será de 5 a 10 años de prisión.

La diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa, presentó una iniciativa que plantea penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga por sexo.

Hay una diferencia en los abordajes. Para Fernández sólo se condenará al cliente si la mujer es una víctima de trata, mientras que el proyecto de Rodríguez tiene como horizonte la eliminación del  trabajo sexual cualquiera sea su origen o circunstancias.

Algunos referentes de organizaciones sociales celebraron las iniciativas pero a la vez consideraron que es necesario debatir y apuntar a cambios culturales vinculados a la educación. “Sin clientes no hay trata”, es uno de los lemas sociales feministas que luchan contra la explotación sexual de las mujeres.

En 2012 en Argentina se rescataron 1568 víctimas de este delito. La intervención del Estado en la lucha contra la trata tomó visibilidad en 2006 cuando se creó el Programa Las Víctimas contra las Violencias en la órbita del entonces Ministerio del Interior, a cargo de la Dra. Eva Giberti. En 2008 se sancionó la Ley N° 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, recientemente modificada por la Ley N° 26.842.

 

 

“Hasta ahora se allanaba un prostíbulo, las asistentes de la Oficina de Rescate hablaban con las chicas, la policía se ocupaba del proxeneta y a los clientes no les pasaba nada”, explicó a Cosecha Roja Viviana Caminos, coordinadora de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina).

Sonia Sánchez, autora del libro Ninguna mujer nace para puta dijo: “Penalizar está bien pero es necesario apuntar a la educación. Que los hombres entiendan que ir de putas no es un servicio sino que es una situación violenta. Se puede penalizar pero todavía no se comprende la situación de violencia que vive una persona que es prostituida”.

Otras organizaciones cuestionaron los proyectos presentados en el Congreso y plantearon que la penalización del cliente colabora con la corrupción policial. “Primero es necesario atacar a la corrupción. Penalizar al que consume prostitución generaría una nueva caja que alimentaría la corrupción entre las fuerzas de seguridad “, dijo en un comunicado Mercedes Assorati de la organización  Esclavitud Cero.

El proyecto de Fernández tiene antecedentes  en la 33° Reunión de Ministros de Justicia y la 27° Reunión de Ministros del Interior del Mercosur y Estados Asociados, que se realizó en Buenos Aires en 2010. En ese momento Argentina y Brasil  se comprometieron ante la ONU a promover “la penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas”

Los dos proyectos se basan en legislaciones de Dinamarca,  Macedonia, Filipinas y Grecia pero particularmente toman como antecedente la ley sueca. Suecia fue el primer país en el mundo en legislar criminalizando la compra de servicios sexuales.

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