Argentina: sin cargos, intentan continuar con el juicio político al juez Sal Lari

Cosecha Roja .-

Al juez Rafael Sal Lari, titular del juzgado de Garantías 3 de San Isidro, lo acusaban de varias cosas: entre ellas, de dejar libres violadores y asesinos, fallando sin sentido común. La mayoría eran mentiras o tergiversaciones. Se trataba, se supo con el tiempo, de una campaña mediática a favor de la ‘mano dura’, una práctica que el juez -con una sólida formación académica- no compartía. El magistrado estaba suspendido desde abril del 2011, y le retienen la mitad de su salario. Lo acusaban de diez cargo, pero al final, cuando de uno a uno se desvanecieron, la cruzada política y mediática en contra de la inseguridad paecía llegar su fin.

El miércoles por la tarde, la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial estaba por cancelar el jury, pero ayer, de forma sorpresiva, decidieron darle una oportunidad a Abel Posse, el intendente de San Isidro, para que de todas formas lo acuse, a pesar de no haber formado parte del proceso. La idea, se teme, es avanzar en el juicio de todas formas, a pesar de no tener pruebas contra él.

La Asociación Judicial Bonaerense de San Isidro lideró una campaña para defender las actuaciones de Sal Lari, en lo que consideraron una investigación de poco fundamento. También el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, respaldó la trayectoria del juez y reclamó el absurdo de someterlo a una investigación “por cargos inexistentes”.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, había promovido la iniciativa contra Sal Lari presentando diez casos que cuestionaban las decisiones del juez. Lo acusaban de dejar libres a ciudadanos que después cometieron delitos probados. Lo tachaban de “garantista”, en ese viejo debate de la presunción de inocencia y la prisión preventiva.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado varias veces -en 2010, la más reciente- que en la provincia de Buenos Aires los jueces abusan de la prisión preventiva para “mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad”. Eso de apresar ciudadanos sin las pruebas suficientes termina siendo el muro de división entre los llamados “garantistas” y aquellos que no lo son, ambos con el derecho de proceder según su libre interpretación. Lo que sí dice la Constitución provincial es que deben respetarse las garantías procesales de todas las personas.

María del Carmen Falbo, procuradora general de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, desestimó las denuncias contra Sal Lari. Pero luego, a mediados del año pasado, la Comisión Bicameral dejó firmes cuatro de los diez casos, y el jurado de enjuiciamiento se quedó sólo con uno de ellos. El miércoles desapareció el último.

Dos de los casos en los que Posse y funcionarios provinciales pusieron en duda el proceder de Sal Lari son explicados por el juez correccional José Luis Ares. El primero fue conocido como “Regis”: “Sal Lari excarceló a Sebastián Bordón, a quien se le imputaba el delito de porte ilegal de arma de fuego. Esa resolución no fue recurrida por la fiscalía. Siete meses después, Bordón cometió el homicidio del ingeniero Carlos Regis. La conclusión de los acusadores es tan simple como burda e insostenible jurídicamente: si no lo hubieran excarcelado, no habría luego matado”.

El segundo, continúa Ares, es el caso “Miño”: “Este había sido denunciado de haber violado a su hija menor de edad. Se le atribuye al juez haber denegado la exclusión del hogar de Miño y no haber hecho lugar a la detención del nombrado. Lo primero era innecesario pues el mismo día de la denuncia, la menor había sido retirada por la Justicia de menores. La detención no fue concedida pues el juez entendió que no había riesgo procesal”.

Hugo Daniel Russo, secretario de la AJB San Isidro, destacó en un comunicado que bajo ese pretexto de la inseguridad, se ha olvidado que el papel del juez es apenas uno dentro del engranaje que constituye el sistema judicial. “Responsabilizar a los jueces no admite mayor análisis que el fracaso de la política preventiva a cargo de las fuerzas de seguridad. Todo lo demás son excusas con el objeto de desviar la atención pública; pero si eso no alcanza, se quiere disciplinar a los jueces, probos e independientes, bajo la amenaza de remoción en caso de que esas decisiones no satisfagan sus necesidades políticas, a cualquier precio, durante la persecución y ejecución penal, sin importar la aplicación de las normas, las garantías constitucionales, los pactos internacionales y, en definitiva, la plena vigencia del Estado de Derecho”, expresó Russo.

Ayer parecía que el juicio se había caído. La comisión que iba a juzgarlo decidió, en cambio, darle sobrevida a la acusación. Hasta ahora no explicaron como pensaban hacerlo.

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