Argentina: ¿suicidio en la cárcel o tortura?

Por Redacción – Cosecha Roja

La última postal tomada por la prensa es una parábola del juicio: los tres sillones reclinables, con sus respaldos altos tapizados en cuero, yacen vacíos. En la pared del fondo se ve una enorme cruz de metal. Sobre el escritorio hay tres micrófonos pero nadie va a usarlos: el jurado ha faltado a la lectura del fallo. Informan que uno de los jueces, Juan Carlos Bruni, está de viaje. La doctora Inés Siro tampoco está. Emir Caputo Tártara, el único miembro del Tribunal Oral Nº 4 deLa Plata que está presente, dice tener la garganta afectada por una gripe. El veredicto, luego de dos semanas de juicio oral en las que se investigó la muerte de Luis Ángel Gorosito Monterrosa, un preso violado y quemado vivo en una en la Unidad 29 de máxima seguridad de Melchor Romero en el año 2004, es entregado a la familia del joven en una copia de papel, y leído por la secretaria del Tribunal: los tres oficiales penitenciarios acusados, a pesar de las pruebas contra ellos que han surgido durante el debate, resultan absueltos de culpa y cargo.

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Abril de 2004. Luis Ángel Gorosito está detenido en la Unidad 24 de Florencio Varela, en el conurbano bonaerense. Estando allí, se atreve a decir lo que todos los reos saben y casi ninguno se atreve a decir: los atropellos constantes del Servicio Penitenciario.

Denunciar los abusos de quienes custodian sus días y sus noches suele ser una sentencia de muerte para quienes tiene que seguir adentro de los muros de una cárcel. No sólo porque la vendetta de los guardias es casi segura. Sino porque los carceleros tienen presos que les responden a cambio de algunos privilegios. Son los llamados “limpieza”: internos que el Servicio Penitenciario utiliza para regular la violencia y disciplinar a los rebeldes dentro de los pabellones. En cualquier momento puede llegar la emboscada con facas carcelarias. Por eso, el juez decide pedir para Gorosito el traslado a la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero y dispone para él seguridad especial. Pero la corporación penitenciaria no se termina en los límites de cada prisión; ninguna cárcel de la provincia es segura para quién ha tenido la osadía de perforar aquella suerte de Omertá. Dos días antes de su declaración judicial, el Servicio Penitenciario informa que Gorosito ha intentado suicidarse quemando el 65% de su cuerpo. Un año después, un estudio de la Asesoría Pericial de La Plata, determinó que había sido rociado con algún combustible, prendido fuego en “posición mahometana”, es decir, rodillas al piso, mentón tocando el suelo y manos sujetas, y que el presunto suicida tenía restos de semen y lesiones en el ano. Dos días de agonía después, Gorosito murió.

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El 13 de marzo pasado, se empezó a juzgar al ex Director dela Unidad 29 Eduardo Martino, al responsable del pabellón Nº 10 Sergio Chaile, y al inspector de vigilancia, José Pedrozo, por torturas seguidas de muerte contra Luis Ángel Gorosito.

Durante las audiencias, los jueces convalidaron la autopsia de la perito médica de la Policía Bonaerense Silvina Cabrera, quitándole rigurosidad científica al dictamen de los peritos médicos de la Asesoría Pericial de La Plata, a pesar de que la Resolución 1390 de la Procuración General obliga a que las pericias, en casos donde se sospecha de agentes penitenciarios o policiales, no pueden ser realizados por peritos de la policía.

También se probó en el juicio que las grabaciones de seguridad de lo que pasó en el pabellón 3 aquél 24 de abril de 2004, habían sido adulteradas. Se borraron más de 30 minutos de la cinta, exactamente los que debieron registrar el momento de la violación y las torturas. Un perito en digitalización de imágenes que declaró en el juicio oral aseguró que no fue un problema técnico, sino una manipulación humana. A pesar de eso, los jueces desecharon la prueba y valoraron, en su lugar, los dichos del agente penitenciario que operaba el monitoreo y aseguró que ese día no vio nada.

La institución puso a disposición su estructura jurídica para defender a los presuntos asesinos: el inspector de Vigilancia, subalcaide José Pedrozo, fue patrocinado por quien fue hasta hace poco el Jefe de Asuntos Legales del Servicio Penitenciario, Daniel Alberto Spicoli y por Guillermo Von Wernich, el sobrino de Cristian Von Wernich, un sacerdote condenado por torturas y desapariciones durante la dictadura militar. Además Andrés Vitali, uno de los abogados de Martino, el Director del Penal, que acaba de ser designado como Juez de otro Tribunal Oral en La Plata, festejó efusivamente al escuchar la sentencia que dejaba a los acusados en libertad.

Cuando se escuchó el fallo, los organismos humanitarios y activistas sociales que habían ido a presenciar el fallo lo repudiaron. Como en el estrado no estaban los jueces, los guardias del Servicio Penitenciario que habían sido designados por ellos para custodiar la Sala, se manejaron a su antojo: maltrataron a las personas que acompañaban a la familia de la víctima y hiceron ademanes provocativos, como el resto de los carceleros –incluyendo algunos altos mandos- que estaban entreverados entre el público.

Los abogados de la familia de Gorosito, que pertenecen a la Comisión Provincial por la Memoria -un organismo que denuncia desde hace tiempo las condiciones de detención en las cárceles de la provincia- estaban furiosos. “Fue una legitimación, punto por punto, tomando la palabra de los penitenciarios como si fuera palabra sagrada, como una única verdad, descalificando las demás pruebas en forma contundente y despectiva”, dijo Hugo Cañón, su co presidente. “Es una imagen de la justicia cómplice que legitima las corporaciones perversas como las policiales como penitenciarias”, agregó.

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No es la primera vez que el Tribunal descuidaba la atención de los detenidos. Silvio Paez Gómez, tiene HIV y en mayo de 2007 estaba en tratamiento. Sin explicar nada, las autoridades de la Unidad N° 45 dejaron de dárselo. En nueve meses de 2008, lo trasladaron doce veces de Unidad, y le dejaron de dar una dieta especial que recibía. En octubre de ese año, muy deteriorado físicamente, inició una huelga de hambre. La Comisión Provincial por la Memoria presentó ante el Tribunal un habeas corpus por desatención médica, interrupción de tratamiento de VIH, falta de higiene, frío, nula alimentación y denigrantes condiciones de detención. Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara y Gloria Berzosa –que entonces integraba el jurado-, rechazó el habeas corpus sin audiencia, sin ordenar una pericia médica, basándose en un informe psicofísico enviado por los médicos de la cárcel que ni siquiera decía que Páez tenía VIH.

No sólo eso: fue trasladado a la Unidad Nº 21, donde lo golpearon tres agentes penitenciarios con patadas y trompadas por pedir la dieta especial.

Bruni proviene de una familia de larga trayectoria en la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Su padre y homónimo, fue un hombre conocido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los bebés robados a sus madres durante la dictadura y entregados, con una falsa partida de nacimiento, a familias de militares o cercanas.

En la década del ’80, la institución recibió una denuncia anónima que aseguraba que una niña que vivía con un cantante de tangos y comerciante platense, con acuerdos comerciales con hombres de la Marina, era hija de desaparecidos de la dictadura. Abuelas de Plaza de Mayo presentó una denuncia penal, como solía hacerlo, para que la Justicia investigara quien era la verdadera familia de la joven. El juez de aquella causa era el padre del juez que liberó a los penitenciarios. Todos los testigos, con excepción del médico que firmó la falsa partida de nacimiento, declararon no haber visto embarazada a la esposa del comerciante. En la sentencia en que finalmente absolvió a Alonso, Bruni se las ingenió para invertir la carga de esas pruebas y aseguró que ninguno de los testimoniantes pudo “acreditar fehacientemente, que Di Mattia -esposa de Alonso- no hubiere estado embarazada”. Un tiempo más tarde, Omar Alonso escapó con su familia y la niña a Paraguay. En una de sus frecuentes visitas a la ciudad de La Plata, el 23 de diciembre de 1993, Alonso fue detenido. La organización humanitaria, el fiscal y la posible familia biológica de la niña, pedían que se hiciera un estudio de sangre para establecer su origen. Alonso dijo que Natalia era su hija y se negó a los exámenes sanguíneos porque “los sucios y zurdos marxistas” no le ofrecían garantías. Bruni se lo pidió voluntariamente, y como la niña y el sospechoso se negaron, decidió no hacerlo. En 1996, luego del sobreseimiento de Alonso, fue extraditada su esposa, que se negó al análisis y también fue liberada: el juez Juan Carlos Bruni consideró que no estaba probado “el cuerpo del delito”.

En 2006, cuando los análisis de sangre finalmente se hicieron, se determinó que Natalia no era Alonso, sino Suárez Nelson, y que había sido robada a sus padres asesinados en uno de los tantos campos de concentración.

Su hijo parece seguir sus pasos.

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Cuando escuchó la sentencia en la que la Justicia convalidaba la mentira que había oído de los Jefes del Servicio Penitenciario, Ángel Gorosito, el papá de Luis, bajó la vista. No podía creer lo que estaba oyendo. “Ya se sabe todo lo que le pasó a mi hijo y cómo estaba: solo, lo prendieron fuego, lo violaron y ¿en qué quedó?”, preguntó, desconsolado, en las escalinatas de Tribunales.

Pronto recobró las fuerzas, esas que lo sostuvieron durante ocho años pidiendo justicia por su hijo muerto.

– Esto no va a terminar acá -dijo, reponiéndose-. Las montañas no se juntan, pero nosotros sí.

Foto: Comisión Provincial Por la Memoria.

 

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