Argentina: Tres jueces rechazaron investigar el asesinato de Angélica Ramírez

Cosecha Roja.-

Aunque Puerto Rico, Misiones, sea llamada la Capital de la Industria, no deja de ser una ciudad pequeña donde todos se conocen y saben qué pasó en cualquier lugar. El mejor ejemplo de ello es la investigación judicial por el asesinato de Angélica Ramírez, de 14 años, descubierto el 27 de septiembre. Esta semana, tres jueces tuvieron la causa entre sus manos, pero la rechazaron porque tenían impedimentos por estar vinculados, de una u otra forma, a uno de los implicados: el hijo de Éctor Acosta, primer juez a cargo de la investigación. Ayer en la tarde, Laura Marcela González, jueza laboral, civil, comercial y de familia asumió su primera causa penal. Ella no es de Puerto Rico, sino de Jardín América, a 40 kilómetros de donde ocurrió el homicidio.

Poco antes de las siete de la mañana del jueves 27 de septiembre, una mujer encontró el cuerpo de una adolescente a un costado de la calle Pionero Kuhn. La chica había sido torturada. Los golpes en la cara, los hombros quebrados y los machucones por todas partes, hablaban de una muerte brutal. Angélica Ramírez había sido violada y asesinada por dos o más hombres.

La mujer llamó a la policía. A partir de ese momento, el Juez de Instrucción Éctor Acosta se hizo cargo de las primeras pericias. El 3 de octubre, un panadero de 51 años fue detenido porque la Policía halló en su casa ropa manchada de sangre que podría pertenecer a la chica asesinada. Los resultados de las pruebas de ADN practicadas a las prendas aún no llegan. En la semana de esa detención, se fraguó la primera incomodidad con el juez Acosta. Un comisario mayor (Ríos) y un suboficial mayor de la Policía local declararon, frente a ese funcionario, que su hijo Pablo era desde el principio uno de los sospechosos.

Una llamada anónima al Comando Radioeléctrico también revolvió las aguas: “Pregúntenle al grupito de amigos del doctor Acosta a ver si saben algo”. La voz en el teléfono agregó que en la noche anterior al crimen, Angélica estuvo cerca del barrio Lomas del Mirador, donde el hijo del juez y sus amigos, también sospechados, se reunían a charlar y beber.

Ser el padre de un sospechoso ya era un impedimento para el juez Acosta. Pero no fue el único. Las quejas de la Fiscalía hablaban de obstrucción a la justicia: pese a que el Ministerio Público lo había solicitado, el funcionario nunca ordenó secuestrar la moto de un prefecto para verificar huellas y corroborar pérdidas de aceite del vehículo, que podrían coincidir con las halladas en la escena del crimen. El suboficial está implicado desde el comienzo de la investigación, por los dichos de las llamadas anónimas. Los policías de la Unidad Regional le secuestraron un teléfono celular que tenía guardados los números celulares del juez y de su hijo Pablo.

Del 6 al 22 de octubre, Acosta trató de mantener a su hijo al margen de la investigación. Para eso, según los medios de Misiones, el juez se enemistó con los altos jefes policiales de la región. Ante el aire denso que se respiraba, la Jefatura de Policía de la Provincia decidió remover de sus cargos a Roberto Bernal, jefe de la Unidad Regional IV, correspondiente a Puerto Rico, y al comisario y el subcomisario de la Seccional Primera de la misma ciudad. Los tres fueron trasladados a otras jurisdicciones para evitar líos que entorpecieran la causa contra el hijo del juez, el prefecto, el panadero y otros jóvenes hijos de familias tradicionales de Puerto Rico. Se supo, por ejemplo, que el jefe Bernal había tomado una licencia repentinamente, en los días de más pericias, lo que fue interpretado por distintos sectores como una forma de “lavarse las manos”.

Este lunes ya fue insostenible que Acosta continuara a cargo de la investigación, por lo que se declaró inhabilitado para continuar como juez y parte. El expediente, entonces, fue derivado, primero, a Rubén Lunge, juez Correccional y de Menores de Puerto Rico, y, luego, a Itálico Humberto Lirussi, juez Civil y Comercial. El martes, antes de que las fojas llegaran a sus manos, ambos se negaron a recibir la causa: tenían fuertes vínculos con el juez cuestionado. Lunge alegó que era el padrino de Pablo Acosta y que eso ponía en riesgo su credibilidad. Lirussi manifestó que era muy amigo del juez Acosta, a tal punto que tenía a un hijo de éste trabajando en su juzgado.

En la ciudad donde todos se conocen, la investigación por una violación seguida de asesinato contra una menor de edad estaba en peligro. Según el periodista Rolando Medina, de Puerto Rico, la circunstancia de cercanía y protección que ronda a los funcionarios públicos “lo hace difícil de resolver, pues existe la posibilidad de que muchas pruebas se caigan y de que no se las pueda reconstruir”.

A casi un mes del hallazgo del cadáver de Angélica Ramírez, el expediente está en ceros, aunque haya un panadero en la cárcel esperando el resultado de una prueba de ADN. Ayer, la jueza Laboral, Civil, Comercial y de Familia, Laura Marcela González se hizo cargo de la causa. Ella no tiene impedimentos de vínculos personales con algún implicado, porque no es de Puerto Rico, sino de Jardín América, una localidad vecina. Sin embargo, tampoco tiene experiencia en asuntos penales: es el primer crimen que le toca investigar. Para ello cuenta con la asesoría de la Secretaría de Delitos Complejos y de los policías recién destinados a la Unidad Regional IV.

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