Argentina: Despenalización, sí, con enfoque social

Cosecha Roja .-

Los diputados comenzaron a discutir los proyectos de despenalización de la tenencia de drogas en Argentina. Al mismo tiempo, la Asociación Civil Intercambios organizó la décima Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas en el salón azul del Senado, donde se abrió un espacio al debate que busca terminar con la criminalización de los consumidores.

Los funcionarios nacionales que asistieron a la apertura de la Conferencia aseguraron que es el momento oportuno para formular una nueva ley de drogas. “Esta conferencia ha sido central para debilitar el consenso sobre la respuesta punitiva. Buscamos que la lupa deje de ponerse en los más débiles”, dijo Cristina Caamaño, delegada del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En este debate, Ignacio O’Donnell, representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, explicó que la despenalización no implica la legalización de las drogas: responde a la necesidad de no criminalizar a las personas que las consumen, mientras que la legalización está ligada al campo jurídico.

Graciela Touzé, presidenta de Inetercambios, puso sobre la mesa el tema de los derechos de los usuarios de drogas. “Nuestro país ha avanzado mucho en materia de Derechos Humanos y la política de drogas debe estar en sintonía con estos avances”. También convocó a los legisladores para que le den un tratamiento urgente a los proyectos de modificación de la Ley 23.737.

¿Qué ley necesitamos?

Cuatro representantes de organizaciones sociales e instituciones interpelaron a los autores de los proyectos parlamentarios en debate. La mayoría de estas iniciativas apuntan a reducir el peso de la ley penal para los usuarios y para algunos actores menores del tráfico. También buscan despenalizar la tenencia y el cultivo de todo tipo de drogas para consumo personal.

Victoria Donda, Adriana Puiggrós, Fabián Peralta y Manuel Garrido, los diputados que participaron en el panel, coincidieron en que la ley actual vulnera los derechos y estigmatiza a los consumidores de drogas. “El Estado gasta mucho dinero persiguiendo a los consumidores. Esos recursos se deben invertir en políticas de prevención y tratamiento de las adicciones”, aseguró Manuel Garrido.

Un enfoque socio-sanitario

La despenalización va de la mano con la atención integral a los usuarios de drogas. Prevenir, asistir por consumo problemático, reducir daños e integrar socialmente a las personas, son algunos de los retos que se plantea la atención socio-sanitaria en el contexto de las políticas de drogas. El tercer panel dela Conferenciaincluyó experiencias y análisis de los avances y limitaciones en este aspecto.

Marta Monclús Maso, directora del Observatorio de Cárceles Federales, expuso la situación de los presos usuarios de drogas. Según las cifras que presentó, en el sistema de cárceles federales hay 9.500 presos, y de ellos 2.500 son usuarios de drogas, que no son atendidos adecuadamente. “Existen los Centro de Rehabilitación de Drogodependientes (CRD), en donde están siendo atendidas apenas 142 personas, pero no impactan positivamente en las cárceles federales porque su metodología no responde a las necesidades de los presos y es difícil de implementar: requiere internación, prohíbe el sexo, no permite recaídas, los gestores no están bien capacitados, y es excluyente en el modo de seleccionar a quienes pueden ser asistidos: no son aptos, por ejemplo, los presos que fueron condenados por ley de drogas”, afirmó Monclús Maso.

El caso de los CRD en las cárceles federales es apenas un ejemplo de las falencias en la atención integral a usuarios de drogas, cuyos derechos terminan siendo vulnerados por aplicar al pie de la letra otras leyes.

Esto pasa, por ejemplo, con las leyes para menores. De acuerdo con Virginia Sansone, defensora pública de Menores e Incapaces, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a la justicia penal están envueltos en una problemática de abuso de drogas y no reciben atención adecuada porque “chocan” las leyes que pueden ampararlos: la ley penal y la ley de salud mental. “En la ley penal, la internación del menor es el primer recurso; en cambio, en la ley de salud mental, es el último recurso”, explicó la ponente. Según su postura, es necesario un cambio de paradigma en las leyes, donde “las personas dejen de ser objetos de derechos y se conviertan en sujetos de derechos”.

Patricia Pinto, operadora del Programa de Reducción de Daños del Municipio de San Martín y miembro dela RedArgentinapor los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Droga (Radaud), se refirió a las necesidades de los usuarios de drogas en un marco de despenalización. En nombre de su organización, pidió la creación del Programa Nacional de Atención Integral para los Usuarios de Drogas que pueda incluir estrategias adecuadas para las personas en situación de vulnerabilidad. “Cuando la vulnerabilidad se incrementa, hay mayor dificultad para acceder a los derechos”, expresó.

Finalmente, el panel concluyó con las palabras del moderador Hugo Cohen, asesor en Salud Mental dela OrganizaciónPanamericanadela Salud: “Hacen falta dispositivos de atención, pero no tanto en cantidad sino en calidad. Es necesario que las políticas de drogas incluyan el enfoque socio-sanitario para transformar todas las instancias. El derecho de las personas es poder elegir. Las leyes son inútiles si el paradigma actual de criminalizar no cambia”.

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• ¿Por qué despenalizar ahora?, preguntó Carlos Olivero en la décima versión de la Conferencia de Políticas de Drogas. El coordinador del Centro Barrial San Alberto Hurtado de la Villa 21-24 está convencido de que la despenalización es necesaria, pero apresurada. El sacerdote les pidió a los legisladores que trabajen en una ley que garantice los derechos de los consumidores y elimine los estigmas que marginan a los más pobres.

 

• Graciela Touzé es la directora ejecutiva de Inetercambios, una asociación civil que estudia y atiende los problemas relacionados con las drogas. Presentó la campaña “15 ideas por una nueva ley de drogas”, una propuesta que promueve la inclusión social y se opone a la criminalización de los consumidores.

 

• Cristina Caamaño, representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, está a favor de la despenalización. “La política de seguridad no puede concentrarse en la persecución de los consumidores”, dijo. La prioridad del Ministerio de Seguridad es el secuestro de drogas y la detención de grandes narcotraficantes. La funcionaria también habló de la importancia de mejorar la intervención de las fuerzas policiales y convocó a los legisladores a modificar los pilares de la Ley de Drogas.

 

• Marta Monclús Maso, directora del Observatorio de Cárceles Federales dependiente de la Procuración Penitenciaria de la Nación. “Estoy absolutamente a favor de la despenalización del consumo personal, de la tenencia para consumo e, incluso, de reducir la escala penal para los últimos eslabones de la cadena de tráfico de drogas”.

 

• Patricia Pinto, operadora del Programa de Reducción de Daños del Municipio de San Martín y miembro de la Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Droga (Radaud). “Queremos estar como parte del proceso para ver qué podemos hacer como usuarios. Estamos cansados de ser discriminados”.

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