por Osmam Martins e Yago Sales, especial para Ponte
A la profesora de sociología Camila Marques, de 34 años, la llevaron presa, la esposaron y le retuvieron el celular, policías civiles de Goiás, estado del centro-oeste de Brasil, en la mañana del 15 de mayo, mientras daba clases en el campus de Águas Lindas del IFG (Instituto Federal de Goiás). Según ella, los policías intimidaron al médico que realizó el examen médico para que no quede registro de las agresiones ejercidas por ellos.
Marques estaba dando clase a los estudiantes cuando supo de un movimiento poco común de policías en el instituto. Los policías dijeron que buscaban alumnos sospechosos de planear un ataque, según informó la Policía Civil de Goiás. “Cuando vi la violencia de ellos con mis alumnos, decidí filmarlos”, cuenta a Ponte.
Los policías intentaron impedir la acción de la docente, que también es coordinadora general del Sinasefe (Sindicato Nacional de los Servidores Federales de la Educación Básica, Profesional y Tecnológica), pero ella siguió grabandolos. “Ellos dijeron que la operación era sigilosa porque se trataba de menores, pero yo no filmaba a los niños, sólo a los policías”, cuenta.
Aún en la institución, la profesora fue advertida de que sería llevada a la comisaría como testigo de la operación. Además, se llevaron a una alumna y dos alumnos. “Los tres son negros y tienen, además de un buen historial en la escuela, participación en la militancia estudiantil”, destaca Marques. “Pedí que llamaran a sus padres, al apoyo del IFG y al Consejo Tutelar, pero dijeron que nos iban a llevar antes a la comisaría”, explica la profesora.
“Cuando el policía me ordenó que entrara en un auto de civil, pedí llamar a un abogado. Agarré mi celular para llamarlo y ellos lo tomaron violentamente y me esposaron delante de mis alumnos, en la escuela en que doy clases”, dice. “Él [policía] fue tan agresivo que lastimó mi mano al tomar el teléfono. Mientras los cuestionaba, ellos me decían que me callara la boca todo el tiempo”, dijo.
Esposada, la profesora insistió en que quería hablar con un abogado. “En la comisaría no me dejaban hacer llamadas y repetían que yo no daba órdenes ahí”, recuerda. Según la profesora, mientras era atendida por un médico, los policías influían todo el tiempo en el diagnóstico. “Llegaron a gritar conmigo allí cuando dije que había sido agredida”, cuenta.
En un comunicado enviado a la prensa, la Policía Civil de Goiás informó que la profesora fue llevada a la Comisaría de Policía de Águas Lindas por “cometer el delito de desobediencia”. “En la comisaría, [la profesora] fue procesada bajo TCO (Término Circunstanciado de Ocurrencia) y liberada enseguida. La notificación se hizo después de que ella hubiera filmado la acción de los policías en la escuela, mientras los investigadores armaban una denuncia de que adolescentes planeaban un ataque similar al ocurrido en Suzano (San Pablo) [en el que dos adolescentes armados mataron siete personas entre funcionarios y estudiantes]”, sostiene la corporación.
La profesora, sin embargo, considera la acusación “rara”. “Acusan a tres alumnos negros, de la periferia, que participan de movimiento estudiantil. Eso es muy raro”, declara. Aún según el oficio de la Policía Civil “la profesora fue advertida tres veces por los policías civiles para que no filmara la acción, ya que los adolescentes tienen protección a su imagen, conforme el ECA (Estatuto del Niño y del Adolescente), orden que ella incumplió”, dice la policía.
Nada que incriminara a los estudiantes fue hallado por los policías en relación a la denuncia de un posible ataque. El delegado Danilo Victor Nunes Souza niega que la profesora haya sido agredida por policías civiles.
Aún de acuerdo con la policía, se hizo un informe médico y radiografía, en la que no se constató lesión alguna a la docente. El médico que la atendió, sin embargo, le recetó Flancox, una medicina para dolores musculares, conforme la receta médica obtenida por Ponte. Cuando salieron del hospital, según la profesora, uno de los policías le confiscó la receta. “Él dijo que sólo la devolvía a mi abogado”, explica.
Consultada por Ponte, la oficina de prensa de la Policía Civil informó que “en esos casos se hace apenas un informe médico, no ‘una receta'”, argumentan.
