Fin del motín policial en Bahía: radiografía de una conspiración

Por redacción – Cosecha Roja

Durante nueve días, los que duró la huelga de un tercio de su policía, Salvador de Bahía pareció más la Franja de Gaza que la antesala del carnaval. Los policías en paro se animaban a anticipar con cantos y pancartas que este año la ciudad se quedaría sin fiesta. Hasta que esta mañana, los 300 atrincherados dentro de la Sede Legislativa que reclamaban un aumento salarial y exigían una amnistía para los doce compañeros acusados por el gobierno de estar involucrados en saqueos, robos y homicidios,  se entregaron. Entre ellos estaba el líder de motín: Marco Prisco, y otro de los referentes identificado como Antonio Paulo Angeline, según informó el jefe de Comunicación del Ejército, coronel Marcos Cunha.
Ayer los policías habían celebrado el cumpleaños del general Gonçalves Alves, director de las operaciones de seguridad de la ciudad y encargado de llevar las riendas de la huelga. Pero hoy optaron por terminar con la medida de fuerza después de que un tribunal negase un segundo recurso de hábeas corpus, y ante la firmeza del gobernador de Bahía, Jacques Wagner, que no aceptó una amnistía general para los policías participantes de la revuelta, según informó un abogado cercano a los huelguistas.
Los 300 amotinados salieron por la parte de atrás. Los esperaba un cordón de militares, que se estima llegaba a los 1400 hombres, entre los cuales se contaban 150 policías que no se plegaron a la insurgencia.
Las autoridades dijeron ayer que entre el 1 y el 8 de febrero se registraron 135 asesinatos en Salvador. En una grabación divulgada anoche por el canal de televisión Globo, se escucha cómo algunos líderes de la huelga, entre ellos Prisco, se ponen de acuerdo para cometer actos de vandalismo. Las conversaciones grabadas indican que Benevenuto Daciolo, un cabo que participaba de las negociaciones con las autoridades de Bahía y fue detenido anoche, estaba organizando con policías de otros estados la manera de extender la huelga a distintas regiones del país.
Ése era el gran temor del gobierno de Dilma Rousseff: que la iniciativa hiciera metástasis en otras grandes ciudades brasileñas. Se sospecha que policías de Río de Janeiro, Pará, Paraná, Alagoas, Espíritu Santo y Río Grande do Sul se estaban preparando para entrar también en huelga en solidaridad con sus colegas bahianos. En algunos sitios, esa operación tuvo sus frutos: la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro aprobó el jueves un aumento de un 39% en los sueldos de policías militares, bomberos y guardias carcelarios del estado. Las fuerzas decidirán esta noche si aceptan la propuesta o declaran una huelga siguiendo los pasos de la policía de Bahía.

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Los jefes que conducían el operativo militar calificaban la situación de los últimos días como la “tensa espera”. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, decía que contaban con “4.000 hombres en total y la presidenta Dilma nos dio autorización para utilizar todos los efectivos que sean necesarios”. Se mostraba firme: “Si eventualmente esta situación se extendiera a otros Estados, el gobierno federal apoyará en forma incondicional a los gobernadores. Que quede claro: no vamos a tolerar el vandalismo”. Se refería al intento de un grupo de policías por engrosar las tropas rebeldes, que al intentar ingresar al edificio había sido repelido por el Ejército con balas de goma y granadas lacrimógenas. Uno de los revoltosos, incluso, fue detenido durante unas horas mientras intentaba entrar con un revólver y un cuchillo.

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La huelga tuvo una corta historia de nueve días cargados de violencia. La iniciaron el miércoles pasado unos 10.000 agentes –sobre un total de 32.000- de la Asociación de Policías y Bomberos de Bahía (ASPRA), que pedían mejores condiciones de trabajo y aumento salarial, y desde entonces, las calles de Salvador fueron el escenario de una furiosa serie de acciones violentas que fueron in crescendo cada jornada. La violencia irrumpió con crudeza la madrugada del viernes, cuando en cinco horas se registraron 17 asesinatos y dos intentos de homicidio, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Bahía, una cantidad sensiblemente superior al promedio de la ciudad de 13 muertes violentas cada 24 horas. La escalada alcanzó las 135 muertes, según cifras oficiales, e incluyó el asalto de varias tiendas y bancos. La primera noche, los propios policías, encapuchados, secuestraron dos autobuses y obligaron a los pasajeros a bajar de los mismos para atravesarlos en la calzada formando barricadas. Algunas muertes evidenciaron un alto grado de violencia: un policía fue ejecutado con 15 tiros dentro de su propio vehículo, y el percusionista del famoso conjunto musical afrobrasileño Olodum, Denilton Souza Cerqueira, asesinado desde una moto con una ráfaga de metralla cuando regresaba a su casa. El drama tuvo su correlato en las ciudades del interior de Bahía: varios comercios baleados, entre ellos dos agencias bancarias, una clínica médica y la filial de la TV Globo. Los crímenes y el terror desatado decidieron a Dilma Rousseff a enviar miles de efectivos del Ejército, la Marina y de la Fuerza Nacional de Seguridad, y una partida de policías federales para patrullar la primera capital de Brasil, mientras que otros 4.000 soldados de la Región Militar de Fortaleza estaban movilizados por si se necesitaran refuerzos.

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La escalada de violencia, los muertos en las calles, sepultaron las supuestas causas originales del reclamo. Entre las reivindicaciones que exigían los huelguistas, figuraban el pago de la llamada Gratificación de Actividad Policial Militar, que incrementaría el ingresos de los agentes; la implantación de partidas extras por peligrosidad e insalubridad de la actividad; y la reglamentación de un plan de carrera y de salarios: actualmente, el sueldo promedio del policía son unos 1.500 reales (867 dólares) al mes. La medida de fuerza no sólo fue criticada por las autoridades de gobierno, también fue declarada ilegal por la justicia estadual, que libró orden de captura contra doce cabecillas. Sin embargo, los líderes de la huelga decidieron mantener la trinchera durante varios días en la Sede de la Asamblea Legislativa, esperando ser recibidos por las autoridades. “La palabra es negociación”, resumía el presidente de ASPRA, Marco Prisco. “Era importante que el gobierno se sentara a negociar, incluso porque esta huelga ya se enraizó. Las fuerzas federales no van a poder contener esta huelga en todo el estado”, agregaba en tono amenazante uno de los dignatarios de las doce órdenes de captura. El gobernador Wagner, sospechaba que los policías estaban incitando los crímenes y el caos desatado en las calles para atemorizar a la población. “Algunos de los delitos pueden ser parte de la operación montada para crear un clima de desesperación en la población para hacer sucumbir al gobierno, en un intento de guerra psicológica” decía el gobernador en un mensaje televisivo, y advirtía que “no es posible que los gobernantes sean amenazados por policías empuñando armas. No hay acuerdo conmigo”.
La asonada de los uniformados remite a tres antecedentes recientes en el continente: la rebelión de la policía y el secuestro, por unas horas, del presidente Rafael Correa en Ecuador, la protesta policial en la provincia de Buenos Aires a fines de 2010, y el acuartelamiento de hace pocos días de 3.000 policías en Ciudad Juárez, debido a los asesinatos de uniformados por organizaciones del crimen organizado.

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Hasta el miércoles pasado, Bahía no era precisamente la panacea de la calma. De hecho, según el mapa de la violencia del instituto Sangarí, que evalúa cifras de los últimos 30 años, Bahía es uno de los estados donde más ha crecido el índice de homicidios. Mientras que en otros estados como Río de Janeiro o São Paulo, las muertes por violencia disminuyeron sustancialmente en los últimos diez años, en Bahía se pasó de 11,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2000 a 60,1 en 2010. Sin embargo, ni el crecimiento en los índices de criminalidad habían logrado hasta ahora mellar la euforia del carnaval. Pero la huelga de un tercio de su policía y la sugestiva escalada de violencia que la sucedió, encendieron como nunca antes la luz de alarma: se cancelaron muchos conciertos previos al Carnaval, y se redujo drásticamente el flujo de turistas. Sin embargo, la organización oficial del carnaval anunció en su web el desenvolvimiento normal del evento de fama mundial. A pesar del desfile de la muerte, la fiesta debe continuar.

Síntesis de artículos de Radio Caracol de Colombia, ellitoral.com, www.televisa.com, El Observador Global, diario El Mundo, El País de España y diario Clarín de Argentina /
Fotos: EFE y AFP

 

 

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