Brasil: el crack y las clínicas de rehabilitación

Por Alana Rizzo – Cosecha Roja.-

André sintió olor a orina y sangre. Escuchó gritos desesperados. El sonido de los cierres de la puerta accionados en un ritmo frenético. Los ojos hinchados no le dejaban ver más allá de aquellos cuerpos casi vivos — o casi muertos — amontonados en esa habitación pequeña. Sintió pánico y ganas de vomitar. Buscó señales de violencia. Encontró moretones y manchas rojizas en los brazos, en las piernas y en el estómago. Un frío paralizante le subió por la columna. Cucarachas caminaban sobre su cuerpo. Pensó que estaba muerto y que aquello era el infierno. Pero no.

Después de internar a su hijo de 25 años en La Comunidad Desafío Jóvenes Libres, Gisliene da Silva regresó a la casa. Encontró todo estaba en su lugar. La televisión, el teléfono, el pequeño aparato de música. En la cocina, la cazuela con sopa que había hecho más temprano estaba sobre el horno. Levantó la tapa y olió el caldo de legumbres. Sintió una alegría que hacía seis años no tenía. Por entonces había muerto su esposo y empezara a percibir los cambios en el comportamiento de su hijo. Los efectos de las drogas.

Estaba segura de que haberlo dejado en la clínica de rehabilitación había sido la opción correcta. Esa noche se acostó junto a su otra hija y pensó que estaba todo bien. Mañana debería llevarle a André ropas, galletas y un colchón Agradeció a Dios y adormeció. Ningún susto la despertó.

Pasó una semana. André estaba encerrado en un cuarto donde no se veía la luz del día. No tenía idea si saldría pronto o si en cualquier momento alguien entraría, le pegarían en la cara o le daría puñetazos durante las crisis de abstinencia. Ese ritual era parte, según el pastor Jose Alberto de Souza que dirigía La Comunidad, del tratamiento de limpieza del cuerpo y del alma.

El 17 de julio de este año, en su décimo día de internación, se fugó con otros compañeros. Rompieron los cierres, incendiaron los colchones, lucharon contra los empleados hasta salir a la calle. El pastor gritaba y apelaba a Dios para que “sus niños” volvieran. Cuando llamó a la policía pidió que capturasen a los “prófugos”.

Corrieron por las calles oscuras del barrio Paranoá, a 52 quilómetros del Palácio del Planalto, sede del gobierno brasileño, hasta que se separaron. Hoy la Comunidad Jóvenes Libres está bajo investigación de la Policía del Distrito Federal por tortura, malos tratos e internaciones compulsivas. El informe tiene decenas de relatos de violencia e incluso un caso de agresión con bloques de concreto.

Las comunidades terapéuticas son parte de un polémico plan para combatir el crack y otras drogas, lanzado el 7 de diciembre por la presidente Dilma Rousseff. El proyecto, que incluye el financiamiento público de esas clínicas, abrió una crisis interna en el gobierno. La Secretaría de Derechos Humanos, vinculada a la Presidencia de la República, afirma que el tratamiento en esos locales se basa en la tortura. Hoy, el servicio prestado a más del 80% de las personas que consumen drogas busca ayuda en estas comunidades terapéuticas, en general dirigidas por padres y pastores.

Esa madrugada de la fuga, André Silva llegó a la casa. La madre se asustó cuando lo vio. Sintió pesar por haberlo internado contra su voluntad. Pero tuvo poco tiempo para culpabilidades. Con el hijo volvió su infierno particular. André recogió R$ 10 y se fue para las calles a buscar crack. No durmió en su cama esa noche. La madre ni siquiera sabe si volvió a dormir en algún momento.
Vendió electrodomésticos y toda la ropa que encontró en el armario, poniendo fin a la economía de su madre. Las bolsas de cinco quilos de arroz, de frijoles y de azúcar también se transformaban en piedras de crack que él fumaba, fumaba y fumaba sin parar. Para el ministro de la Salud, Alexandre Padilha, esta droga ya es una epidemia nacional.

Gisliene no podía con el hijo. Si intentaba encerrarlo, él se sacaba, gritaba, rompía todo lo que estaba a su paso. Le pidió ayuda a los vecinos, a los parientes y fueron ellos quienes consiguieron los R$ 400 para que André fuera a la clínica. Su hermana tampoco aguantaba el sufrimiento. Pensaba incluso en irse la casa, pero no quería dejar sola a su madre.

Todavía Gisliene intenta en la Justicia que el Estado brasileño asuma los costos de internar a André. Pero la respuesta que escucha es siempre la misma: no hay plazas.

— Hay horas en las que sería preferible si él estuviera internado en aquel lugar donde le agreden, pero donde no puede usar la droga. Aquí la tentación es constante. La criminalidad llama a la puerta. – dice, y se escucha la respiración jadeante.

Ella y su familia viven en Brasilinha, un barrio pobre de Formosa, ciudad de 18,4 mil habitantes cerca de la capital federal. Los índices oficiales de criminalidad confirman lo que Gislieni ya sabe: 117,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa pone a la ciudad en la peor posición del estado de Goias y en el puesto 50 en todo el país, que tiene 5.565 municipios.

El último viernes, Gisliene salió sobre las nueve de la mañana para ir a la carnicería. Pensó en hacer algo distinto, rico. Compró un trozo de carne y al volver lo dejó sobre el fregadero y se descuidó unos minutos arreglaba algunas cosas en la casa. Todo lo que quedaba de comida lo trancaba en un pequeño armario. De vuelta en la cocina descubrió que la carne ya no estaba allí. Gritó, lloró y llamó a la policía.

— Ya no aguanto vivir así. Fueron años de mucho trabajo construyendo una casa, comprando las cosas y ahora ya no tengo nada. Mi hijo necesita tratamiento. Él es un buen niño. Estudió y podría conseguir un trabajo, pero las drogas no lo dejan- les dijo.

Foto: REUTERS

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