Informe de la Comisión por la Memoria: las cárceles de la provincia de Buenos Aires no son ninguna fiesta

• En el año 2011, hubo 126 muertes en 39 de las 54 unidades del servicio penitenciario bonaerense
• En 2011, se registraron 10.458 hechos violentos informados por el servicio penitenciario.
• Más del 45 % de la población encarcelada en Argentina se aloja en las 60 cárceles y alcaidías penitenciarias de la PBA.
• El estado provincial invierte por mes $ 6.089 por detenido, cerca del 82 % se utiliza para pago de salarios y mantenimiento.

La Comisión por la Memoria (CPM) le entregó al gobernador Daniel Scioli el informe anual que releva y analiza las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en la provincia de Buenos Aires. El documento da cuenta sobre las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro.

Analizar la situación de las políticas de seguridad pública, de la vigencia de los derechos humanos de las personas detenidas, de la violencia institucional sobre los cuerpos y almas de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires es hablar del conjunto de nuestra sociedad, del rol del Estado, de las capacidades y debilidades de la democracia que hemos construido.

Tal como lo describimos en este séptimo informe, el funcionamiento del sistema de la crueldad tiene como correlato la cristalización de la violencia institucional en miembros de las agencias estatales que detentan el uso dela fuerza. Eneste escenario, la violencia y la arbitrariedad policial y penitenciaria no deben ser abordadas como trasgresiones individuales y esporádicas sino como prácticas ilegales y sistemáticas, aprendidas e incorporadas en el devenir cotidiano de las rutinas institucionales y amparadas por la estructura judicial y diferentes modos de legitimación política, social y cultural.

En sintonía con el diagnóstico que propone este informe, las propuestas deben inscribirse en tres niveles: reformas institucionales y culturales estructurales; limitación del impacto de la violencia institucional a corto y mediano plazo; creación de otro sentido común que dispute el paradigma punitivo dominante en el conjunto de la sociedad.

El informe se divide en tres capítulos: políticas penitenciarias, políticas de seguridad y políticas de niñez.

Políticas penitenciarias

Los problemas del sistema penitenciario hay que encuadrarlos en el marco de un sistema mayor al que denominamos el sistema de la crueldad, concepto que explica su raíz estructural y las relaciones interpoderes que lo hacen posible. Señalamos cuatro núcleos fundamentales: la tortura como práctica sistemática, la sobrepoblación en la totalidad del sistema con nichos de hacinamiento crítico, condiciones inhumanas de detención violatorias de toda la normativa vigente, la corrupción estructural en la administración penitenciaria.

Muertes en contextos de encierro

En el año 2011, se produjeron 126 muertes en 39 de las 54 unidades del servicio penitenciario bonaerense, lo que representa un promedio de diez personas cada mes. El SPB clasificó 47 de ellas como muertes traumáticas y 75 como no traumáticas. De estas últimas, 18 fueron por VIH-Sida, 4 no especifican causal y en 25 casos sólo se consignó paro no traumático sin especificar las causales de base y las mediatas.

Torturas

En el año 2011, la CPMrealizó -a través del equipo CCT- 2.371 presentaciones judiciales entre habeas corpus, informes urgentes y denuncias penales que incluyeron la denuncia de un total de 7.089 hechos de distintas violaciones de derechos humanos, que constituyen torturas o malostratos. Los principales tipos fueron: falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, aislamiento, condiciones materiales de infraestructura, problemas de alimentación y golpes. Concentraron el 47% de las denuncias las unidades penales 2, 1, 9, 30, 17, 28 y 15.

En 2011, se registraron 10.458 hechos violentos informados por el servicio penitenciario (un promedio de 28,6 hechos por día), lo que representa un incremento del 31% respecto de 2010. La clasificación de hechos que realiza el SPB no contempla la violencia de los agentes penitenciarios sobre las personas detenidas. Por esta razón no se informan agresiones o amenazas padecidas por los detenidos. En 8 de cada 10 casos (5.164 personas) de estos hechos se lesiona el cuerpo de los detenidos. Las lesiones graves y las muertes registran incrementos en 2011, siendo que la mortalidad en el marco de hechos violentos creció el 30% en el último periodo interanual.

Una de las herramientas utilizadas para el diagnóstico que se presenta es el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, que se implementa junto a la Procuración Penitenciariade la Nacióny el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA. Durantesu primer año de implementación, 2011, se recogieron testimonios de 235 víctimas que habían sufrido en promedio casi 6 tipos de tortura cada una, en los últimos dos meses. Fueron registrados, entre otros, los testimonios de: 124 víctimas de agresiones físicas; 196 víctimas de aislamiento; 85 víctimas de traslados constantes; 207 víctimas de gravosas condiciones materiales de detención; 171 víctimas de falta o deficiente alimentación; 60 víctimas de robo de pertenencias.

El Ministerio Público remitió información sobre 2.635 causas contra funcionarios públicos iniciadas en el año 2011 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ello representa un promedio de casi 220 denuncias por mes, es decir, más de 7 denuncias diarias. Siguiendo la tendencia histórica, los delitos imputados con mayor frecuencia en este tipo de causas son apremios ilegales, severidades y vejaciones, con una participación de casi el 80% en los registros del Ministerio Público. Preocupa la baja proporción de causas caratuladas como tortura, delito imputado en 12 causas (0,5%).

Hacinamiento

Más del 45 % de la población encarcelada en Argentina se aloja en las 60 cárceles y alcaidías penitenciarias de la PBA. Al29 de diciembre de 2011, 27.991 detenidos se alojaban en las 18.640 plazas con que contaba el sistema provincial de encierro. Más allá de las diferencias entre unidades, en ningún caso se respetan los estándares internacionales que prevén 7 m2por cada detenido.

Salud

El funcionamiento de la salud penitenciaria presenta graves falencias. Durante el año 2011, las muertes por enfermedad fueron la primera causa de muerte en la población privada de libertad, encabezando el VIH y los suicidios. Sin embargo, a pesar de los numerosos protocolos estadísticos, establecidos nacional e internacionalmente, en el registro de muerte de 25 personas no se especifican debidamente las causas, ocluyendo el análisis integral de la situación.

Los problemas de salud denunciados guardan estrecha relación con las principales causas de muerte. Las unidades penales psiquiátricas de la provincia de Buenos Aires se enmarcan dentro de una doble lógica: la lógica general para la salud mental -estigmatización, abandono, encierro, maltrato- y la lógica del sistema penitenciario -desidia, tortura y represión.

Condiciones de detención

Las condiciones de detención enla Provinciano se adecuan a lo previsto en la normativa constitucional e internacional vigente en nuestro país y no garantizan el respeto a la dignidad de las personas.

Las unidades penales provinciales padecen deficiencias edilicias estructurales: unidades muy antiguas o bien nuevas pero construidas con materiales de baja calidad y diseñadas para alojar menos personas que las que en la actualidad alojan.

El estado provincial invierte por mes $ 6.089 por detenido, cerca del 82 % se utiliza para pago de salarios y mantenimiento. El 18 % es para las erogaciones en los rubros de comida, limpieza y medicamentos. Gran parte de estas partidas se pierden en los circuitos de corrupción que están ligados a las inhumanas condiciones de detención y malos tratos o torturas que padecen los detenidos. El robo de alimentos, medicación, útiles de limpieza, etc. provoca el padecimiento de hambre, nula higiene y desatención médica.

Trabajo carcelario

También se analiza el trabajo esclavo al que se somete a detenidos que cobran mínimos montos. Quienes trabajan para empresas perciben sueldos menores a los $ 1.000 y no cuentan con ART, aportes o los requisitos establecidos por las leyes laborales. Quienes realizan tareas dentro dela Unidad perciben $1.24 para el peón, $1.42 para el medio oficial o $1.61 para el oficial, por día de trabajo.

Políticas de seguridad

Los casos de Alejandro Alonso, Nahuel Orazi, Mariel Simonini, Walter Stefanetto, Carlos Valenzuela, Lautaro Bugatto, Federico Taja, la joven G.N.V., Saúl Bogado y Julio Álvarez nos permiten mostrar, desde un punto de vista cualitativo, la continuidad de prácticas policiales como la detención por averiguación de antecedentes; el armado y fraguado de causas; la adulteración o fraguado de registros policiales; el uso letal de la fuerza, el gatillo fácil y la tortura; entre otras.

Durante el año 2011, la Comisión Provincialpor la Memoria creó el Programa de Justicia y Seguridad Democrática con el propósito de promover los objetivos del Acuerdo de Seguridad Democrática, profundizar los diagnósticos y debates en torno a la seguridad pública y realizar aportes orientados a la transformación democrática.

Políticas de niñez

En las inspecciones a los centros de detención se ha constatado la persistencia en el uso masivo y generalizado de la prisión preventiva en la ocupación de las plazas de encierro del sistema de responsabilidad penal juvenil: el 71% de sus vacantes son ocupadas por adolescentes en calidad de procesados. Tomando sólo el 29% restante -que ya cuenta con sentencia condenatoria- en el 73% de estos casos el expediente se resolvió con la cuestionada figura de juicio abreviado, objetada en términos de su constitucionalidad así como de su pertinencia y eficacia en el pretendido proceso de responsabilidad penal juvenil.

A partir de las entrevistas efectuadas a los jóvenes en centros cerrados y de recepción se constató la persistente violencia policial y la continuidad del alojamiento en comisarías: nueve de cada diez jóvenes permanecieron detenidos en una dependencia policial luego de ser aprehendidos. Entre aquellos que estuvieron alojados dentro de comisarías, el 29% permaneció allí entre 1 y 6 horas, el 35% entre 7 y 12 horas y el 36% por 12 horas o más tiempo, alcanzando en algunos casos a permanecer en tales espacios por varios días. Dentro de las comisarías, el 40% fue golpeado y/o torturado bajo diversas modalidades, que incluyen la aplicación de fuertes cachetazos en los oídos, golpes de puño y patadas en costillas, piernas, cabeza y espalda entre varios efectivos mientras los jóvenes se encuentran inmovilizados o en clara situación de indefensión.

También reconoce sistematicidad la aplicación de torturas y malos tratos en los centros de detención de la Subsecretaríade Niñez. De un total de 116 entrevistas realizadas durante el año 2011, el 19,5 % de los jóvenes manifestó haber padecido torturas y malos tratos por parte de asistentes de minoridad.

A partir de un relevamiento realizado por este Comité en la Unidad 33, que aloja la mayor cantidad de madres detenidas con niños en la provincia de Buenos Aires, se constata la absoluta falta de intervención del sistema de promoción y protección de derechos para los niños y la restricción para el acceso ala Asignación Universalpor Hijo, entre otros derechos.

 

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