Buenos Aires: Sancionaron ley para crear la policía judicial de la provincia

Cosecha Roja.-

Desde hace 18 años, la ley provincial de Buenos Aires contemplaba la organización de una policía judicial. Ayer, la Cámara de Diputados reglamentó lo que ahora se denomina Cuerpo de Investigadores Judiciales, que entrará en operación, en una prueba piloto centrada en Mar del Plata, a partir de marzo del 2013. La iniciativa fue impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria, con el propósito de desligar a la Policía Bonaerense de las funciones de investigación judicial, especialmente en delitos complejos, redes delictivas y casos de corrupción. El nuevo organismo será civil y dependerá del Poder Judicial.

Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), explicó: “Esta propuesta intenta mejorar la seguridad y la justicia para todos los habitantes, pero también terminar con los nichos de corrupción y connivencia con el delito de la misma policía que debe investigarlos”.

El Cuerpo de Investigadores Judiciales será un organismo integrado por profesionales civiles que asistirán a los fiscales y jueces en la investigación de causas derivadas como delitos complejos.

Para la aprobación de la ley, hubo foros en toda la provincia que pretendían consolidar, entre ciudadanos, organizaciones sociales y legisladores, una propuesta que abarcara asuntos de organización y funciones de la policía judicial. El espacio “Convergencia para la Democratización por la Justicia”, convocado por la CPM e integrado por entidades como el Centro de Altos Estudios Legales y Sociales, expresó: “Esta ley implica el fortalecimiento de la división de poderes al discriminar las actividades de prevención, propias del Poder Ejecutivo, de las de investigación y juzgamiento, propias del Poder Judicial”.

Con respecto a esa división de poderes y a la que en sí significa desligar a la Policía Bonaerense de tareas investigativas, el espacio de convergencia, añadió: “La paulatina separación de la Policía Bonaerense de las tareas investigativas significará un avance notorio que contribuirá no sólo a evitar el armado de causas y la delegación judicial en la institución policial, sino también a vigorizar la especialización de la policía administrativa hacia la tarea netamente preventiva”.

De la ley a la realidad

Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, participó en la redacción del proyecto que ayer fue aprobado por la legislatura bonaerense. Cosecha Roja lo consultó para conocer los alcances y las limitaciones de la policía judicial, ahora llamada Cuerpo de Investigadores Judiciales, que deberá funcionar en toda la provincia a más tardar en cinco años.

-¿Qué implica crear una policía judicial para la provincia de Buenos Aires?

Crear la policía judicial es crear, primero, un cuerpo de investigación civil, judicial, para la investigación de delitos complejos, delitos de homicidios, contra la libertad y que involucren a funcionarios públicos. Esa es la característica principal de la policía judicial.

El segundo elemento es que se trata de una fuerza nueva. Al ser una fuerza civil va a abrevar en criminólogos, en expertos en criminalística, en levantamiento de rastros, en lo que tenga que ver con investigaciones informáticas. Se proyecta la mejor calidad en la investigación penal de los delitos complejos.

El tercer elemento clave de la modificación es que rompe con una malformación que había en la provincia de Buenos Aires. Esto es que la investigación penal estaba en cabeza de los fiscales, pero los fiscales, al no existir policía judicial, delegaban la función de investigar a la Policía Bonaerense. En estas décadas eso significó que la Policía Bonaerense fuera un nicho de corrupción: había armado de causas, complicidades enormes, utilización de esas facultades para amenazar y también armar causas, vinculación con el delito organizado en algunos sectores, etcétera. Había, entonces, impunidad, ineficacia y complicidades directas con el delito. Era un círculo que se desarrollaba y se fortalecía en todas las instancias. La creación de la policía judicial, de esta agencia de investigadores civiles, rompe con ese circuito, y va a crear condiciones, a medida que se vaya desarrollando y fortaleciendo, para terminar con estas prácticas que tenía la Policía Bonaerense.

-¿Qué garantiza que no se repitan en la policía judicial los vicios ya denunciados de la Policía Bonaerense?

Se trataría de una fuerza civil, dependiente del Poder Judicial, no de la corporación policial. Ese es un elemento clave para buscar esa garantía. Otro asunto son los controles. En la medida que haya control en la gestión, tanto en cómo surgen los directores -que tienen que pasar por audiencia pública-, como también en cómo se recluta a la gente que va a formar parte de la nueva agencia y cómo se la capacita. Así mismo, habrá un control de un observatorio legislativo, que nosotros pensamos en el proyecto original con participación de ciudadanos y organizaciones, y que aunque no quedó así, sí existe y tendrá función de veeduría. Además de eso, es que quien está a cargo de la policía judicial, la Procuración de la Justicia de Buenos Aires, deberá presentar un plan anual de trabajo acerca de cómo se investiga, dónde se investiga, cuál es la agenda criminal. Esto es novedoso porque va a transparentar el proceso de investigación, que la saca de la agenda judicial-policial y la pone en el poder civil. Esto es una clave para que no se repitan los vicios.

-En el proyecto que se aprobó ayer, ¿hubo modificaciones de fondo frente al que fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria?

En el 90 por ciento, el proyecto es el que presentamos originalmente. Hubo dos instancias. Una, que el Ejecutivo lo mandó al Legislativo con modificaciones; nosotros objetamos algunas de ellas porque nos parecía que era más sustancial, más transparente, mejor preparado el nuestro. Después, el vicegobernador Mariotto y la Legislatura lo mandaron a los foros participativos: allí hubo cuestiones claves que lo fortalecieron y que lograron que se creara una correlación de fuerzas para que se votara. La policía judicial es una orden de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que se reformó en 1994 y que allí incluyó, en el artículo 116, la necesidad de crear este cuerpo. Pasaron 18 años y no se había reglamentado. Esto tenía que ver con los intereses legislativos, con las cajas ilegales de recaudación, con un montón de situaciones que hicieron que no se realizara. Ahí, el debate participativo ayudó.

A nosotros nos parece que en lo que se aprobó había que mantener el observatorio legislativo con participación de las entidades de Derechos Humanos y organizaciones sociales, porque eso ayudaba a la trasparencia de la entidad. Nos parece también que había una prohibición expresa en nuestro proyecto en cuanto a que no se podían derivar a la policía judicial delitos de flagrancia, delitos menores, sino que tenía que concentrarse en delitos complejos, delitos de homicidios, contra la libertad, o de funcionarios públicos. Esto es porque si se le tiran todos los delitos menores se iba a atorar a la policía judicial, que recién va a nacer en estos próximos años.

Había también una prohibición más expresa de que no podían formar parte de la policía judicial personal de la Policía o fuerzas de seguridad privada. Esto tenía que ver con una limitación, de una discrecionalidad de la ley, para preservar a la policía judicial de los vicios que hoy persisten en focos de la Bonaerense. Ahora no es que vayan a entrar, sino que se pueden presentar e iniciar el proceso por concurso. Se evitó, sí, que se pasara directamente personal de la Bonaerense a la policía judicial, algo que intentaron en algún punto de la discusión.

-¿Cómo será la prueba piloto en Mar del Plata?

Viene un segundo capítulo ahora, que es la implementación de la ley. Para que no haya un desfase entre la ley que se sanciona y lo que se implementa, se busca que haya una prueba piloto que mida necesidades y presupuestos. La experiencia tratará de sacar conclusiones en una primera etapa, de un lugar, para poder estudiar los problemas y corregirlos sobre la marcha, buscando que no se repitan al extender la policía judicial en toda la provincia.

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