fisPor Milva Benítez.-

Carlos Gómez, el fiscal platense que investigó una presunta banda de delincuentes rurales, fue destituido el lunes por abuso de funciones. Se cree que aprovechó la causa para allanar fincas, secuestrar animales, y luego extorsionar a sus dueños. La justicia investigará si cometió delitos de acción pública. La defensa anunció que llegará a la Corte porque el Juez que avaló la investigación, César Melazo, no fue acusado.

El lunes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires destituyó al fiscal platense Carlos Gómez. Se lo acusaba de incumplimiento de funciones y abuso de poder. En 2002, Gómez abrió una causa para  desbaratar una supuesta “banda de cuatreros” que robaba para grandes frigoríficos en complicidad con rematadores de hacienda, funcionarios municipales y del SENASA. El fiscal ordenó 14 detenciones y 47 allanamientos y se secuestraron 1000 cabezas de equinos y casi 4000 de porcinos.

Carlos Gómez quedó en la mira de la Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo. En febrero de 2008 se inició el camino del juicio político que concluyó con su destitución. Falbo argumentó: “Ha quedado demostrado que existió entre funcionarios policiales y judiciales un acuerdo de voluntades para simular una investigación criminal creando elementos incriminatorios, que permitieran intimidar a diferentes personas para despojarlas patrimonialmente”.

El abogado defensor de Gómez, Horacio González Amaya, calificó a la causa que instruyó su defendido como “la más importante investigación en materia de tráfico de ganado equino”. Pero en un giro inesperado, los responsables de esa investigación terminaron siendo los acusados. El ex subcomisario Walter Parnisari, el oficial Víctor Klipan y el sargento Norberto Euclidez Díaz fueron condenados por extorsionar a los productores rurales  con la promesa de devolverles los animales y frenar la causa.

El lunes, los integrantes del jurado deliberaron desde las dos de la tarde y los familiares de Gómez, atrincherados en los pasillos del Senado bonaerense desde las seis, tuvieron que esperar una hora y media para conocer el veredicto. Tras conocer su destitución, Gómez permaneció en la sala junto a su abogado y otro funcionario judicial que se presentó como su amigo pero no quiso dar su nombre. Afuera, una mujer rompió en llanto

– ¡Van a salir a decir que somos delincuentes! – exclamó.

El fiscal General que llevó adelante la acusación, Juan Pablo Fernández, está satisfecho con el resultado del jury. “Las órdenes de allanamiento de por sí resultaban abusivas y se excedió en incautar animales de dudosa procedencia que en realidad estaban marcados y se podía saber quiénes eran los dueños. El papel de Gómez por lo menos fue retener esos animales”.

El titular del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, César Melazo, también quedó en el centro de la tormenta. Dos de los acusados de integrar la banda de cuatreros, denunciaron que sobornaron a Melazo y a Gómez por medio de su abogado Francisco López Seco. El diario La Nación dio a conocer que hubo cerca de 50 llamadas entre el juez y el abogado, según los cruces telefónicos analizados por el sistema VAIC.

“Vamos a llegar a la Corte”, dijo a Cosecha Roja el abogado González Amaya,  “porque es el único caso en la historia judicial en el que medidas pedidas por un fiscal fueron consideradas ilegales y el juez que las avaló no estuvo en este jury.” El jueves pasado durante los alegatos el ex fiscal dijo indignado: “¿Por qué estoy solo?”.