Buscan en fosas comunes a los estudiantes asesinados en México

marcha por estudiantes mxHéctor Briseño y Diana Manzo – La Jornada.-

El fiscal general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo hoy que un funcionario público de Iguala ordenó detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos dispuso el asesinato de los jóvenes.

En una conferencia de prensa en este puerto, Blanco subrayó, sin embargo, que aún no está comprobado que los 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas cerca de Iguala sean del grupo de 43 normalistas reportados como desaparecidos desde hace una semana.

Indicó que, según las averiguaciones de la Fiscalía, quedó esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en aquella ciudad el pasado 26 se septiembre.

Añadió que, de acuerdo con las mismas indagatorias, se sabe que un individuo conocido como El Chuky, del grupo delictivo Guerreros Unidos, habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes.

Un testigo dijo haber visto a 17 jóvenes detenidos en el patio de la comandancia de la policía de Iguala, quienes luego fueron trasladados en patrullas. Cámaras de seguridad confirman este hecho.

Blanco Cabrera resumió que se han detenido 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de Guerreros Unidos. De los detenidos, 22 son policías de Iguala, a quienes ya se les dictó formal prisión por homicido calificado y se encuentran en el penal de Las Cruces. Está confirmado que estos 22 elementos dispararon sus armas contra los estudiantes de Ayotzinapa y los futbolistas, en hechos que dejaron seis personas muertas el pasado 26 de septiembre.

El fiscal expresó que por los ataques de esa noche en Iguala se encuentran detenidas cuatro personas, a las que se liga con Guerreros Unidos. Se trata de Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, quienes ya fueron remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada. Según sus testimonios 17 estudiantes fueron trasladados al paraje de Cerro Viejo, donde se hallaron las fosas clandestinas con 28 cadáveres.

En las fosas localizadas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, se encontraron los cuerpos de 28 personas, algunos completos, otros fragmentados, los cuales fueron calcinados. Los restos fueron colocados sobre ramas y troncos a los que se roció un combustible (diésel, gasolina o petróleo) y se les prendió fuego, dijo.

La identificación de las víctimas tardará entre 15 días y dos meses, señaló, y explicó que peritos deberán determinar la temporalidad de la muerte. El fiscal recalcó que “debemos esperar a las pruebas periciales de genética forense” para saber si se trata de los normalistas desaparecidos. En la identificación de cuerpos participan nueve especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.

El activista de los derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra dijo que “México es una tumba clandestina, porque todo lo enturbian y no hay claridez en la justicia mexicana”.

El defensor de los derechos de los migrantes expresó su consternación y enojo ante lo que ocurre con la desaparición de los jóvenes normalistas de Iguala, Guerrero. Advirtió que “han vuelto los malos tiempos al Estado mexicano”, al hacer alusión a las matanzas del 68, del jueves de Corpus Christi (10 de junio de 1971), de Aguas Blancas, Acteal y Tlataya.

El también director de la Casa del Migrante en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, pidió la “cabeza del gobernador de Guerrero”, Ángel Aguirre Rivero, quien -dijo- “por dignidad debe renunciar y liberar a los presos políticos que él mismo encarceló”.

También responsabilizó al Presidente Enrique Peña Nieto de la violencia registrada en el país, y le demandó que asuma su responsabilidad como titular del Ejecutivo Federal en torno a los hechos de Ayotzinapa, Guerrero, y Tlataya, en el Estado de México, los cuales “no son aislados”.

Solalinde Guerra precisó que el Estado mexicano se ha convertido en represor y perseguidor de los defensores sociales, activistas de derechos humanos, jóvenes estudiantes y periodistas. “No queda más que defendernos con nuestros propios medios de un Estado asesino”, advirtió.

Foto: Manu Ureste / Animal Político

 

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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