A mediados de los años 90, el jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El señor de los cielos”, viajó a Argentina y, con la ayuda de prestanombres, abrió sociedades y cuentas bancarias y compró millonarios bienes. La investigación por lavado de dinero comenzó en diciembre de 1999, pero tuvieron que pasar 17 años para que el caso concluyera el pasado 29 de agosto con condenas a siete testaferros argentinos. Los principales cómplices locales y los narcos mexicanos quedaron impunes. El caso dejó, además, un inédito decomiso de 21 millones de dólares al Cártel de Juárez que ahora pasan a manos del Estado argentino.
A fines de diciembre de 1996, un acaudalado empresario mexicano aterrizó en Buenos Aires junto con su esposa y un grupo de guardaespaldas. Al salir del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la pareja fue recibida por un grupo de asistentes. La comitiva abordó varias camionetas de lujo, alquiladas ex profeso para la ocasión, y se dirigió rumbo al hotel Hyatt de Recoleta.
Juan Arriaga Rangel, casado en segundas nupcias con Sonia Barragán y padre de ocho hijos, se quedó en la habitación presidencial de un hotel que, años más tarde, se convirtió en el Four Seasons, adonde suelen hospedarse mandatarios y figuras internacionales que vienen a Buenos Aires. Ahí, el empresario, amante del coñac fino y el whisky celebró la Navidad y el Año Nuevo.
El mexicano de ojos verdes paseó por Buenos Aires sus trajes Versace, camisas hechas a medida y con iniciales propias, sus uñas manicuradas y el prolijo bigote recortado. Aprovechó para hacer un viaje exprés a Punta del Este, el balneario uruguayo preferido por los argentinos ricos y exhibicionistas. Le gustó tanto la zona que se compró una casa.
En sus idas y vueltas a la capital argentina, inició los trámites para adquirir un lujoso departamento de 350.000 dólares en la avenida Alvear, la calle más cara del país sudamericano, en donde comparten espacio marcas de alta gama como Hermès y Prada.
A sus 42 años, el empresario que no pasaba desapercibido con su metro ochenta y cinco centímetros de estatura y su séquito permanente también negoció la compra de múltiples propiedades en varias ciudades del país. Para movilizarse junto con su gente, adquirió cuatro camionetas de lujo.
El 3 de marzo de 1997, Arriaga Rangel partió de Buenos Aires a Mendoza, la provincia vitivinícola por excelencia. Días después cruzó hacia Santiago, en donde permaneció hasta el 6 de junio. Estuvo entretenido en la compra de dieciocho vehículos blindados (entre ellos un BMW y un Porsche), cuatro casas, cuatro departamentos, un local y una oficina en la capital chilena, más una finca en las afueras.
Ya con sus múltiples y nuevos bienes en la bolsa, el millonario dejó a su familia mexicana y se fue a visitar a su familia cubana. Era bígamo, así que desde Chile partió hacia La Habana para visitar a una mujer con la que se había casado un año antes en la isla y con quien tenía una hija. Desde ahí voló luego hacia la costa del Caribe mexicano y finalmente llegó al Distrito Federal. De inmediato comenzó los preparativos para someterse a una cirugía plástica que, pensaba, le permitiría refugiarse con mayor tranquilidad en Sudamérica.
Cambiar de identidad y de residencia había sido el verdadero y principal objetivo de su largo viaje, porque este hombre no se llamaba Juan Arriaga Rangel ni trabajaba como empresario.
Era, en realidad, Amado Carrillo Fuentes, el famoso “Señor de los Cielos”, el líder del Cartel de Juárez que ya había sido declarado por la DEA y el FBI como el narcotraficante más poderoso de América Latina.
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En su paso por el país, Carrillo Fuentes se convirtió en el protagonista del primer escándalo de narcotraficantes mexicanos que recorrían miles de kilómetros para operar en Argentina. El segundo sería, una década más tarde, el de los mexicanos que vinieron a traficar efedrina y fabricar metanfetaminas.
Los delitos del Cártel de Juárez en Argentina pasarán a la historia porque la causa judicial demoró casi 17 años. Comenzó en diciembre de 1999, con una denuncia del gobierno mexicano en Buenos Aires, y terminó con un fallo de 314 páginas fechado el pasado 29 de agosto con condenas para siete prestanombres argentinos, ninguno de ellos de jerarquía. Ninguno, tampoco, pisará la cárcel. Apenas si tendrán que cumplir tareas comunitarias y pagar multas de entre 480 y 4,600 dólares.
El caso deja, también, el mayor decomiso de dinero por un caso de lavado que se obtiene en Argentina: 21 millones de dólares entre bienes y cuentas bancarias y que, a partir de ahora, será manejado por una Comisión Mixta que integran la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Es una fortuna que perdió aquí el Cártel de Juárez, pero ello no le impidió seguir siendo una de las organizaciones criminales más importantes de México.
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Carrillo Fuentes, nacido el 17 de diciembre de 1954 en Sinaloa, la tierra fértil en capos del narcotráfico mexicano, vino a Buenos Aires cuando ya se había convertido en “El Señor de los Cielos”, apodo que se ganó al crear una empresa aérea y comprar una flota de aviones propios para trasladar cocaína desde Colombia a México o Estados Unidos.
Con Pablo Escobar muerto, el líder del Cártel de Juárez era en ese momento el principal jefe del narcotráfico de América Latina. Su poder no pasaba desapercibido. Lo perseguían la DEA, el gobierno mexicano, sus enemigos del Cártel de Tijuana. Todos lo querían preso. Algunos lo preferían muerto.
Por eso recorrió Sudamérica y armó un ambicioso plan: cambiaría de país, de nombre y de rostro, sin dejar de ser “El Señor de los Cielos”.
Su sueño quedó trunco. El 3 de julio de 1997, a su regreso de los viajes por Argentina y otros países de la región, Carrillo Fuentes se sometió a una cirugía plástica en la Ciudad de México que transformó su nariz, quitó arrugas e imperfecciones en los ojos y párpados, elevó su mentón, le partió la barba y le restó dos tallas al sacarle grasa del abdomen.
Algo falló. La mezcla de medicamentos con un antidepresivo que tomaba regularmente le provocó complicaciones y murió a las cuatro de la mañana del día siguiente, cuando todavía estaba vendado y acostado en la cama de la clínica.
El acta de defunción estableció “síndrome de narcotización” como motivo de su muerte. Ironías de la vida, el máximo capo narco había muerto debido a su adicción a una potente droga legal.
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La muerte de Carrillo Fuentes no impidió que la célula del Cartel de Juárez siguiera operando en Argentina.
Los quince abultados tomos de la investigación que Interpol acumuló durante años, y que fueron consultados para esta investigación, revelaron que los mexicanos contaron con el apoyo de decenas de ciudadanos argentinos que los ayudaron a comprar propiedades y a crear sociedades anónimas.
El lavado de tantos millones no podía realizarse sin cómplices locales. Por eso, una de las prioridades en la agenda de Carrillo Fuentes durante su paso por Buenos Aires fue la búsqueda de socios. Gracias a la intermediación de un corredor inmobiliario llamado Nicolás Di Tullio llegó hasta el banquero Luis Aldo Ducler, presidente de la firma Mercado Abierto Group, que incluía M. A. Bank y Mercado Abierto Casa de Cambio.
“El Señor de los Cielos” se reunió en persona con Ducler (con un nombre falso, según el banquero) y le aseguró que encabezaba un grupo de inversores mexicanos que querían invertir aquí su fortuna. Ducler aceptó el trato y se puso en acción para triangular millonarias transferencias de bancos de Estados Unidos a Argentina, previo paso por paraísos fiscales. Los envíos continuaron con Carrillo Fuentes ya muerto.
Eduardo González Quirarte, lugarteniente del “Señor de los Cielos”, siguió la ruta de su jefe y se vino a radicar a Argentina. De 1997 a 1999 armó una amplia estructura de blanqueo con el apoyo de otros miembros del Cártel de Juárez como Jorge Iñiguez Martínez, Jaime Martínez Ayón, Carlos Colín Padilla y los hermanos Francisco y José Mora Guerrero. Cuando el caso se descubrió, todos lograron huir.
Siempre con el apoyo testaferros, González Quirarte se fue hasta Mar del Plata y pagó cinco millones de dólares por la estancia Rincón Grande; luego invirtió otra fortuna en gastos de decoración, tractores, maquinaria agrícola y camiones; remodeló y convirtió el antiguo hotel Tourbillón en un centro de lujo y comenzó el proyecto para construir un edificio de departamentos. También creó varias sociedades anónimas que le permitirían comprar campos, estancias y empresas.
Los narcos ofrecían a sus prestanombres un porcentaje a cambio de abrir cuentas bancarias y adquirir bienes que les permitían “blanquear” millones de dólares producto de la venta de drogas y reinsertarlos en el sistema financiero como si fuera dinero legal. Así seguían obteniendo ganancias. Utilizaron ese mismo mecanismo en Chile, Uruguay y Brasil.
La pista del dinero fue clave, ya que permitió que el entonces director de Interpol México, Juan Miguel Ponce Edmonson, viajara a Buenos Aires con un abultado expediente bajo el brazo. El 8 de diciembre de 1999, el funcionario y Jorge Luis Olivares Novales, jefe de la Cancillería de la Embajada de México, denunciaron ante el Departamento de Investigaciones Patrimoniales del Narcotráfico de la Policía Federal que el Cártel de Juárez había lavado 11,7 millones de dólares en Argentina. Cuando la investigación se profundizó, la cifra se duplicó.
Hasta entonces Ducler era un personaje de bajo perfil, reconocido solamente en selectos círculos políticos porque había asesorado a los dictadores Alejandro Agustín Lanusse y Reynaldo Bignone. También recaudó fondos para la fórmula Eduardo Duhalde- Ramón “Palito” Ortega que perdió las elecciones presidenciales de 1999 y le ayudó al gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, a transferir al exterior 535 millones de dólares producto de las regalías petroleras de la provincia. Los famosos “fondos de Santa Cruz” que tantos dolores de cabeza le dieron cuando fue presidente.
Con la denuncia de los funcionarios mexicanos, Ducler quedó en el centro del escándalo. Estaba probado que su financiera, Mercado Abierto, había recibido las transferencias del Citibank de Nueva York y que el dinero pertenecía al Cártel de Juárez.
Ducler se defendió. “Mercado Abierto no lava dinero. Si hubo lavado, lo hicieron los bancos norteamericanos. Yo no recibo plata de México ni de Colombia, sino de bancos de primera línea de los Estados Unidos. El primer contacto con los narcotraficantes lo tienen esos bancos y no nosotros”, dijo siempre con parte de razón, ya que el caso demostró que bancos de Estados Unidos lavaban dinero del narcotráfico sin mayores represalias legales.
A mediados del 2000, sólo seis meses después de iniciada la causa judicial en Argentina, el banquero llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Le confiscaron 1.200.000 dólares de los fondos congelados de Mercado Abierto en Citibank y le devolvieron 605.000 dólares. Tiempo después, Rodolfo Canicoba Corral, el primer juez que estuvo a cargo de la causa consideró que no había elementos suficientes para procesarlo. Ducler quedó libre, sin cargos.
Desde sus oficinas en Comodoro Py, el juez me explicó que no procesó al banquero porque la responsabilidad del lavado era de quien había tomado el primer depósito. O sea del Citibank y el Bank of America. “Yo no advertí en algún momento que tuviera alguna irregularidad, era girado por otros bancos. Muy probablemente no salta antes porque al agente encubierto que los lleva al Bank of America no le preguntaron de dónde venía. Pero no sólo estaba el banco de Ducler, había otro banco estadounidense. La operación a partir del primer depósito se la presupone ilícita, pero el primer banco receptor del depósito, en este caso porque no le interesaba despertar sospechas, no requirió la información que se les exige a todos los bancos”.
La investigación tuvo un condimento extra. Picante. El 25 de febrero de 2001, el diario La Nación anunció en su nota principal: “El narcotráfico giró fondos para la campaña de 1999”. La nota acusaba a la fórmula Duhalde-Ortega de haber recibido un millón de dólares por parte del Cártel de Juárez.
Aunque la información se diluía después en verbos potenciales, el escándalo estaba dado. Era la primera vez que una campaña presidencial argentina quedaba ensombrecida por presuntos vínculos narco que nunca se probaron. Ante la falta de evidencias, la denuncia periodística quedó solo en eso, pero las sospechas del financiamiento narco nunca desaparecieron.
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Con Ducler fuera de la lista de imputados, el corredor inmobiliario Nicolás Di Tullio quedó acusado como el principal socio del Cártel de Juárez en Argentina. Fue detenido en abril de 2001 y un año más tarde terminó procesado por su participación “con grado de certeza” en el millonario lavado de dinero.
Las pruebas eran abrumadoras. A los documentos de Interpol se sumó un informe pormenorizado del Senado de Estados Unidos, luego retomado por el Congreso argentino.
Al principio se habían descubierto transferencias a favor de Nicolás Di Tullio en la cuenta número 36 137 631 de M. A. Casa de Cambio, del Citibank de Nueva York, por 3.9 millones de dólares. Los depósitos estaban fechados a partir de agosto de 1997, un mes después de la muerte del “Señor de los Cielos”. Pero había más dinero, y en cantidades mucho más grandes. Se encontraron, en total, 26 envíos bancarios, 17 de ellos destinados a cuentas a nombre de Di Tullio y fechados entre el 12 de agosto de 1997 y el 1° de julio de 1998, por 7.7 millones de dólares.
Los depósitos eran frecuentes, a veces casi diarios. Por ejemplo, del 14 al 22 de agosto de 1997 hubo transferencias que oscilaron entre 150 000 y 400 000 dólares. Luego se espaciaron durante algunos meses, pero en marzo de 1998 volvieron a la carga. Del 13 al 27 de ese mes variaron entre 130 000 y 500 000 dólares y ya incluían a otros beneficiarios. Es decir, a otros prestanombres.
El 1° de julio de 1998 se concretó la cifra más generosa para Di Tullio: dos millones de dólares. El dinero fluía como una cascada. En un mismo día, el 20 de marzo de 1998, la cuenta 36.111.386 recibió un depósito por 500.000 dólares a favor de Miguel Llorente y Financiera Estarey y, horas más tarde, otro por el mismo monto, pero a nombre de María Alonso y Financiera Piamontese.
En total, se detectaron giros del supuesto “grupo inversor mexicano” por 21 millones de dólares y se detuvo a otro cómplice principal, Angel Salvia.
Pese a las pruebas, el caso no avanzó.
A lo largo de estos años hubo un desfile de jueces. Canicoba Corral fue apartado de la causa por irregularidades en la administración de los bienes incautados. Luego estuvieron a cargo Octavio Aráoz de Lamadrid y Sergio Torres.
En 2004, Di Tullio salió de la cárcel, aunque siguió imputado como el principal eslabón de los narcos mexicanos. Murió en agosto de 2012 en un accidente automovilístico cuando se dirigía a Bahía Blanca. Salvia, otro de los principales imputados en la causa, también tuvo un final trágico. Fue asesinado la noche del 6 de mayo de 2007 en la localidad de Coronel Vidal, en Mar del Plata, junto con su novia Karina Pill. Ambos estaban charlando en la puerta de la casa de la mujer cuando llegó su ex marido y los acribilló a balazos. La causa quedó identificada como “crimen pasional”.
El accidente de Di Tullio y el asesinato de Salvia no dejaron de generar suspicacias entre quienes investigaron los nexos de ambos con el Cartel de Juárez
Eduardo González Quirarte, el lugarteniente del “Señor de los Cielos” que armó la estructura financiera en Argentina, sigue prófugo en México y aun hoy es identificado como uno de los líderes del Cartel de Juárez. Manuel Jesús Bitar Tafich, el principal operador del Cartel en Chile, fue detenido el 2 de agosto de 1997 en el Distrito Federal, cuando volvía a México desde Santiago. El amigo personal de Carrillo Fuentes se acogió al Programa de Protección de Testigos del gobierno mexicano y en el año 2000 quedó en libertad. Hoy es un próspero ganadero.
Por último, la causa recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 6, quienes a fines de agosto aceptaron el juicio abreviado que negociaron el fiscal Diego Velasco y la defensa de los siete acusados que quedaban bajo procesamiento. El acuerdo implicó que los imputados reconocerían los delitos y a cambio se les impondrían penas mínimas.
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La sentencia de 314 páginas dio por probado que los imputados fueron “penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con el de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.
Los condenados son Raúl Oscar Marinone, Roberto Antonio Trolio, Jorge Díaz, Rosendo Miguel Lorente, Mirta Beatriz Llera, Alfredo Héctor Rodríguez y Oscar Ernesto Moreno, quienes, según la justicia, fueron prestanombres del Cártel de Juárez.
Entre mayo de 1997 y diciembre de 1999 todos ellos integraron una asociación ilícita encabezada por los fallecidos Nicolás Antonio Di Tullio y Ángel Salvia, que se dedicó a lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional.
“El dinero transferido a Argentina, más de veintiún millones de dólares, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de Estados Unidos, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado Cártel de Juárez”, afirmó la sentencia.
El tribunal detalló las actividades que cumplieron cada uno de los imputados. Marinone administró bienes y asesoró a los narcos mexicanos, y operó como prestanombre para que pudieran comprar campos. Rodríguez fue accionista o director de las sociedades Estancia Rincón Grande, Hotel Tourbillón, Agrosudeste y Mirbet, a través de las cuales se compraron diversos bienes y Lorente fue accionista de Petrolera Mar del Plata, recibió giros desde Estados Unidos, participó en la compra de campos en San Juan y formó parte de varias de las sociedades creadas por los narcos.
Mirta Beatriz Llera, la única mujer acusada, ayudó a comprar una casa en Mar del Plata y presidió sociedades fantasmas que, a su vez compraron más bienes como el Hotel Tourbillón y campos en la provincia de Buenos Aires.
Troilo, en tanto, recibía las transferencias de los bancos de Estados Unidos vinculadas con los narcos y puso a su nombre una estancia; Moreno fue apoderado de empresas fantasmas que el Cártel de Juárez creó en Uruguay y Díaz fue prestanombre de Ángel Salvia en Petrolera Mar del Plata, además de que firmó numerosas operaciones comerciales fraudulentas como compra y venta de inmuebles, préstamos, hipotecas y transferencia de paquetes accionarios.
Trolio y Lorente incluso viajaron en varias ocasiones a México para visitar a sus jefes y reportarles el dinero que habían recibido de los bancos estadounidenses y en qué lo habían invertido.
Por todos estos delitos, que ellos mismos reconocieron, se les impuso una pena de tres años de “prisión en suspenso”, lo que implica que no irán a la cárcel, sino que se tienen que reportarse de vez en cuando ante las autoridades y algunos de ellos deberán realizar tareas comunitarias.
No es tanto, tomando en cuenta que formaron parte de la amplia red de lavado que formó Carrillo Fuentes, el jefe narco más importante de América Latina en los años noventa.
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