Una mano pequeña, con un anillo de fantasía y las uñas pintadas asomaba entre las bolsas de basura. La cartonera que, como todos los días, hacía su recorrido por la zona, entró en pánico ante esa imagen. Corrió hasta un quiosco cercano en estado de shock y pidió ayuda. Acababa de hallar el cuerpo de Candela Sol Rodríguez , la nena de 11 años secuestrada y asesinada.
Hoy se cumple un año de aquel macabro hallazgo a la vera de la Autopista del Oeste y, tras giros inesperados, la causa tuvo más retrocesos que avances.
En principio, ocho personas fueron imputadas y detenidas , acusadas de distintos grados de supuesta participación en el secuestro de la menor de Hurlingham y su posterior asesinato. Se trata de Héctor Moreyra, Hugo Bermúdez, Guillermo López, Fabián Gómez y Alberto Espínola, Leonardo Jara, Gladys Cabrera y Néstor Altamirano.
Ocho meses después, la investigación comenzó a tambalear y las indagatorias de estos acusados fueron declaradas nulas. Todos fueron liberados, salvo Jara, de 34 años, que sigue preso, pero procesado por una causa por presunto tráfico de drogas.
A un año del crimen, poco o nada se sabe de lo que realmente pasó y de quiénes son los verdaderos responsables de la muerte de la menor.
¿Cuáles fueron los puntos más polémicos de la causa?
Ocho meses después del crimen de la menor, la investigación dio un giro inesperado. La Cámara Penal de Morón decidió apartar al juez Alfredo Meade y al fiscal Marcelo Tavolaro de la causa y declarar las nulidades de las declaraciones indagatorias de todos los imputados hasta el momento.
En el fallo, los camaristas Adolfo Eduardo Naldini, Sandra Claudia Mingolo y Elisabet Miriam Fernández consideraron que hubo “defectos en la construcción de la situación de hecho” que hizo el fiscal y por tanto los acusados no pudieron “ejercer eficazmente” el derecho a la defensa, y por eso sostienen la “nulidad insalvable de las declaraciones” indagatorias.
En la misma línea, declararon la nulidad del requerimiento fiscal de prisión preventiva y el auto que dicta la medida. “El Fiscal ha forzado la interpretación de la prueba, buscando que ella se adecue a su hipótesis fáctica”, sostuvo en su voto uno de los jueces de Cámara.
Por otra parte, no declararon nulidades sobre las diligencias de allanamientos, las declaraciones de los testigos de identidad reservada y los peritajes realizados hasta el momento del fallo.
Seis de los imputados recuperaron su libertad tras el fallo. Los otros dos ya habían sido liberados anteriormente.
El nuevo fiscal designado es Mario Ferrario, quien deberá valorar la prueba obtenida en los ocho meses de investigación y determinar el nuevo rumbo de la causa.
Una de las pruebas no anuladas, pero sí puesta en duda, es el ADN hallado en la casa en donde supuestamente habría sido mantenida cautiva Candela. Según consta en el expediente, “en un vaso se halló un perfil genético mezcla femenino masculino de por lo menos dos individuos de los cuales el perfil mayoritario coincide en su totalidad con el perfil genético” de la menor asesinada.
El ADN de Candela también fue encontrado en un recipiente con comida , en la tercera inspección en la vivienda de Kiernan al 900, de Villa Tesei. Los jueces consideraron llamativo que sólo se hallara el perfil genético de la menor asesinada y no de otras 15 personas que estuvieron en esa casa luego de la desaparición de Candela.
En ese sentido uno de los jueces de la Cámara Penal de Morón sostuvo en el fallo que le generó dudas que se haya encontrado “ADN de quien, conforme un razonamiento lógico de la prueba incorporada hasta este momento, no habría estado en el lugar [Candela]”. “Sin embargo no se encontró de quienes positivamente sabemos que sí estuvieron”, argumentó el magistrado.
Los jueces de la Cámara Penal admitieron la validez de los testigos de identidad reservada que declararon durante la investigación. Sin embargo, cuestionaron la valoración que el fiscal hizo de dichos testimonios.
Analizando las declaraciones de estos testigos, los magistrados encontraron irregularidades en cuanto a las preguntas que hizo y las que no realizó el fiscal.
Además, en su voto, el juez Naldini sostuvo que no comprendía “la lógica del Fiscal, que teme incumplir con su obligación de reserva sin poner en conocimiento de los Jueces de esta Sala la identidad de los testigos, pero considera que tal obligación no sufre menoscabo si quienes conocen dicha información son los funcionarios policiales”.
El caso más polémico fue el de un testigo que primero declaró bajo identidad reservada pero luego fue identificado como Roberto Arturo Aníbal.
En su declaración, Aníbal hizo referencia a hechos relatados por otras personas. En ese sentido, los magistrados consideraron que Aníbal “en rigor no es un testigo”, sino “en el mejor de los casos, un testigo de oídas o testigo de referencia”.
La declaración de este testigo fue clave para concretar las detenciones de varios de los imputados, algunos de los cuales fueron mencionados por primera vez en la investigación por Aníbal.
En medio del proceso de investigación, aconteció otro hecho, o así fue denunciado, que generó suspicacias. Aníbal dijo a los investigadores de la causa que fue secuestrado por un grupo de personas encapuchadas y provistas de armas de grueso calibre. Según relata el sitio Cosecha Roja , el testigo contó que “la odisea duró unas 15 horas hasta que la víctima logró escapar aprovechando un descuido de los delincuentes” y luego “fue hospitalizada”.
Las vueltas e irregularidades denunciadas en la causa llevaron a la creación de una comisión investigadora por parte de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta comisión, presidida por Jorge Ruesga (FPV) y creada a instancias del vicegobernador Gabriel Mariotto, es elaborar un informe no vinculante analizando la investigación llevada a cabo hasta el momento.
Dicho informe no fue presentado todavía, pero se sabe que hay varias discrepancias entre los miembros de la comisión, a tal punto que tal vez se emitan tres dictámenes diferentes.
tro de los puntos de la causa que despertaron polémica fue la actuación de la policía y las acusaciones sobre su presunta vinculación con narcos que podrían tener relación con el crimen de Candela. De hecho, una de las primeras medidas tomadas por el fiscal Ferrario fue la de apartar a la bonaerense de la investigación.
El pedido había sido presentado por Marcelo Mazzeo, abogado de Gladys Molina. En su solicitud, el letrado sostuvo que “los elementos ya existentes en la causa surgen posibles vínculos delictivos con elementos de la policía de la Provincia de Buenos Aires que la Fiscalía no sólo no investigó, sino que omitió cumplir con la Resolución 1390 de la Procuración General”.
Las dudas sobre el actuar de la policía también tienen arraigo en la comisión investigadora. Según publicó LA NACIÓN, trascendió que el informe que presentarán los legisladores cuestionará la política de seguridad basada en “una matriz de autogobierno policial” que, para los investigadores, provoca “graves disfunciones” que “terminaron por facilitar el crimen y obstaculizar su esclarecimiento”.
Las evaluaciones de los técnicos de la comisión, informó LA NACION, giran en torno a la hipótesis de que se trató de un narcosecuestro sumado a “disputas e internas policiales” que habrían determinado un armado fraudulento de las pruebas.
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