Chile: cuando el narcotráfico se infiltra en la policía

Por Carolina Rojas – Para Cosecha Roja.-

Se ponían de acuerdo para realizar las quitadas de drogas o “mexicanas”. Inventaban llamadas de denuncias para conseguir los permisos de los jueces y actuar en redadas contra narcotraficantes. No lo hacían para perseguir el delito, sino para lucrar con él. Diez integrantes de la policía formaban una red de extorsiones, torturas y robo de dinero a vendedores de drogas.

Las sospechas comenzaron el 21 de diciembre. Ese día, el equipo investigativo de Microtráfico entró sin orden judicial a la casa de un narcotraficante en la comuna de Pudahuel. Luego vinieron las contradicciones en las historias y algunas denuncias que concluyeron en una investigación secreta contra los detectives. Así, se descubrió que en marzo un narco fue torturado por cuatro detectives que llevaron al sospechoso a la unidad policial. En el calabozo le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y el cuerpo con libros para golpearlo con un palo y que no quedaran las marcas. Otro testigo aseguró haber sufrido vejámenes sexuales.

En una ocasión incautaron droga y 10 millones de pesos (20 mil US) y llegaron a la Fiscalía sólo con 400 mil. Además, se indaga la pérdida de $25 millones más que se “extraviaron” en otro operativo antidrogas.

Tras siete meses de seguimiento, todos los funcionarios de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) fueron separados de sus funciones. La banda fue catalogada como la mayor red de corrupción en la policía civil, y puso en duda las más de 100 cien detenciones realizadas por el grupo. Todos los operativos, se sospecha, pueden tener pruebas ilegales.

No fue el primer caso que sacude a la policía chilena. Hace cuatro años se investigó a tres fiscales, policías y gendarmes y a un coronel por una supuesta vinculación con la banda de narcotraficantes “Los cavieres”.

Los especialistas han reconocido cierto grado de infiltración de narcotraficantes enla PDIy en Carabineros. Pese a que Chile tiene uno de los índices más bajos de corrupción en Latinoamérica,  es común ver como en las comunas más pobres, los policías son más permeables al llamado “Efecto criminógeno”.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en la poblaciónLa Legua, intervenida por el Ministerio público. Allí la banda “Los cara de pelota”, enfrentó el juicio oral más grande de la historia judicial chilena. En uno de los allanamientos se descubrió la participación de los dos uniformados en la banda. Uno de ellos era Octavio Torres, carabinero en la 50ª comisaría del sector hasta el año 2003, cuando se fue a la ciudad de Quillota. Entre uno de los servicios que ofrecía Torres, se contaba proteger a esta banda de narcos.

“Los cara de pelota” lograron sortear cada uno de los movimientos de quienes los perseguían, hasta que se descubrió que estaban “dateados” por un policía. Las remuneraciones por cada encargo superaban los 10 millones de pesos al año. Al menos hasta el 2006, Torres recibió 5 millones en giros y dinero de las manos de una de las integrantes de la banda, con quien tenía una relación amorosa. Sergio González, el segundo uniformado investigado, consultaba periódicamente en carabineros acerca de los operativos policiales que se harían en La Legua, les avisaba sobre las “escuchas” y les entregaba información que les sacaba a otros detenidos.

Una de las soluciones que se propusieron para terminar con la corrupción es crear una policía judicial dependiente del Ministerio Público.  El master en Ciencias Jurídicas de las Universidad de Stanford y académico dela Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, contactado para Cosecha Roja, se refirió a la idea. “¿Queremos policías transcribiendo declaraciones?”, se pregunta el experto. Según él, utilizar esa lógica judicial podría ser una vía muy burocrática que terminaría matando la esencia del trabajo policial y que podría dejarlo sumido a un escritorio en vez de la investigación. “Otro riesgo que veo es el control de la legalidad. El Ministerio Público debe tener distancia de la policía. Si se rompe esa distancia, el control desaparece”.

Duce aclara que si bien la policía chilena goza de altísimo prestigio, las reformas para zanjar este tipo de delitos deben ir por otro lado. “Terminar con la excesiva autonomía, trabajar la transparencia, rendición de cuentas, capacitación y ver él tema de las remuneraciones (…) Quizás el Ministerio pueda ejercer sanciones disciplinarias, no crear un organismo nuevo”. Agrega que otros ejemplos en Latinoamérica como en Córdoba, o el caso Colombia no son modelos de eficiencia para terminar con las infiltraciones.

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