Por Jesús Esquivel – Proceso

Al hacer un balance de la situación de inseguridad que priva en el norte de México, generada por el trasiego de drogas, el gobierno de Estados Unidos catalogó a Ciudad Juárez, Chihuahua, como la entidad más peligrosa del país, del Hemisferio y, posiblemente, de todo el mundo.

“A unos 45 metros o tal vez a unos 15 metros cruzando el río (de la frontera sur de Estados Unidos) está la ciudad más peligrosa de México, y creo que la ciudad más peligrosa del Hemisferio Occidental, si no de todo el mundo”, declaró el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales Antinarcóticos, William Brownfield, en una audiencia ante el Subcomité de Operación Foránea de la Cámara de Representantes del Congreso federal estadunidense.

“¿Nuevo Laredo o qué ciudad?”, preguntó inmediatamente el representante republicano por el estado de Pennsylvania, Charles Dent, tras escuchar la afirmación del subsecretario.

“Dije Juárez”, matizó Brownfield ante la sesión del Subcomité.

El funcionario explicó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, los cárteles del narcotráfico, con su poder de corrupción, son básicamente los dueños de los territorios porque controlan a las policías locales e incluso han establecido cierta calma en puntos como Nuevo Laredo, pero por sus intereses para el paso de drogas.

“Esto es en parte, porque las organizaciones criminales tratan de mantener cierto nivel de orden que les permita mover sus productos por la frontera”, afirmó Brownfield.

El Departamento de Estado subrayó que en Ciudad Juárez, para contener el grave problema de la inseguridad o de la narcoviolencia, el gobierno de Felipe Calderón optó por “federalizar” las misiones de policías, suplantando con agentes federales y/o militares a los policías municipales y estatales.

“Hoy en Ciudad Juárez es la policía federal la proveedora de la aplicación de la ley, y en Nuevo Laredo es, en la mayoría de los casos, la Marina mexicana la que se encarga de ello”, puntualizó el subsecretario de Estado.

La militarización o federalización de la lucha contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón “no es una solución permanente”, dijo Brownfield, quien anotó que el reto de la cooperación bilateral antidrogas en el marco de la Iniciativa Mérida es, precisamente, poder volver a entregar la asignación policial a las autoridades civiles y locales.

“Esto va a tomar tiempo”, agregó, luego de reconocer que aun cuando se está entrenando a las fuerzas policiales de los estados y municipios mexicanos, la corrupción por narcotráfico es uno de los principales problemas para eliminar a la narcoviolencia.

La infiltración del crimen organizado en las policías estatales y municipales de México, insistió, se vuelve un problema cada vez más serio, aunque a nivel federal, aclaró, ese flagelo ha disminuido.

“Al ser una Federación, igual que en Estados Unidos, 90% de los fiscales y cortes en México corresponden a las instancias estatal y local. La infiltración es un problema muy serio, pero en las instituciones federales es actualmente menor que en las estatales y locales”, señaló.

Ante una pregunta del representante demócrata Adam B. Schiff sobre el asesinato de cinco policías el pasado miércoles 28 en Ciudad Juárez, un día después de que abandonaran los hoteles donde se habían alojado por protección desde el mes pasado, Brownfield respondió que la intimidación es “obviamente una gran parte del problema”.

“México eventualmente tiene que decidir cómo va a resolver el problema”, dijo.

No obstante, el diplomático expresó su optimismo sobre la situación de seguridad a largo plazo en México, porque “no tenemos que alcanzar el paraíso para alcanzar el éxito. Lo único que tenemos que hacer es encarecer entre 5 o 10% el negocio (del tráfico ilícito de droga). Cuando lleguemos allí, las leyes económicas entrarán en juego y los narcos se irán a otra parte”.

Foto: elmundo.es