Colombia: A 10 años del cerco militar en los barrios de Medellín

Cosecha Roja.-Fotos: Sergio González

Hace diez años, octubre del 2002, las calles de la Comuna 13, en Medellín, se inundaron de policías y militares. Iban comandados por hombres encapuchados que les señalaban en dónde se escondían los supuestos maleantes. Podía ser en una panadería, un kiosco, un bar o una librería: efectivos armados entraban a la fuerza y detenían a habitantes que estaban marcados. Los acusaban de pertenecer a comandos urbanos de la guerrilla.

También hubo disparos, traqueteos de fusil y metralla que nadie sabía de dónde venían o a quién apuntaban. Fueron días de sangre nombrados como Operación Orión que hoy se conmemoran con la resistencia de los barrios y la formación de una Comisión Internacional de Esclarecimiento que pretende echar luz sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que fueron cometidas en esa zona de la ciudad entre 2002 y 2003.

Para los barrios El Salado, 20 de Julio, Nuevos Conquistadores y las Independencias (I, II y III), la Operación Orión es una herida que no termina de sanar. 3 personas –civiles– murieron, 39 quedaron heridas, 7 desaparecieron. Para muchos habitantes de Medellín y de Colombia, ese era el precio que había que pagar para “acabar con la guerra de la Comuna 13”, esa era la forma de “pacificar” un territorio estratégico, de tránsito de drogas y armas, que aún hoy sigue siendo disputado por grupos armados legales e ilegales. El parte de victoria que inicialmente anunciaron las autoridades refería que los muertos habían sido un civil, 6 guerrilleros y 4 militares.

El operativo, ordenado desde la Presidencia de la República, agregó otra cifra: 335 personas fueron detenidas entre el 16 y el 20 de octubre del 2002. A todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se los señaló de ser colaboradores de la guerrilla. Orión, dijeron en las noticias, había sido una operación exitosa, y la Comuna 13, en el occidente de la ciudad, quedó ante el mundo como un nido de delincuencia. Con los días, de esos detenidos, sólo 9 pudieron ser procesados, todos por “concierto para delinquir”, ninguno por “rebelión”. Esos 9, muy lejos de los 335 capturados, eran, a lo sumo, ladrones del barrio, delincuentes comunes que no pertenecían a células urbanas de las FARC o del ELN, como se había anunciado en imágenes y letras mayúsculas.

Pero Orión no fue la única incursión armada en esa zona, densamente poblada y acosada desde su origen por la pobreza. Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad y Antorcha se llamaron otras operaciones militares que durante el 2002 buscaron restablecer el orden público. Ninguna lo logró y, dicen habitantes del barrio, “todo se agravó”.

Según la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que hoy convoca la Comisión Internacional de Esclarecimiento, entre 2002 y 2003, 92 personas –también civiles– fueron heridas en acción bélica; 72 fueron asesinadas dentro y fuera de los operativos; y hubo 15 casos de tortura. Otras violaciones a los Derechos Humanos, cuya responsabilidad recae en las fuerzas del Estado, no fueron denunciadas por un miedo explicable: las víctimas y sus familiares continuaron habitando en los mismos barrios. Unos, porque no tenían dinero para alquilar una vivienda en otro sector; otros, porque no querían engrosar las filas de desplazados intraurbanos de Medellín; y tantos más, porque decidieron resistir para cortar, con los años, el cerco de impunidad.

Desde ayer, la Comisión Internacional de Esclarecimiento, integrada por expertos internacionales en justicia transicional y Derechos Humanos, tiene como propósito reconstruir lo que pasó hace 10 años en la Comuna 13 y recomendar acciones judiciales a las autoridades políticas y militares. Según Adriana Arboleda, abogada de la CJL, “La comisión no tiene carácter judicial, vinculante, pero tiene como propósito conocer las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron allí entre 2002 y 2003 y plantear la posibilidad de seguir procesos jurídicos a los responsables de esos delitos”. Otras organizaciones sociales esperan que el informe final de la comisión sirva para llevar casos y funcionarios a la justicia internacional. “Es más un llamado político para presionar que las autoridades judiciales y el Estado tengan voluntad para investigar los crímenes”, dice un activista que asistió a la primera jornada de trabajo.

De acuerdo con Arboleda, “Hasta el momento, los crímenes cometidos en el marco de la Operación Orión están en la impunidad. Sólo hay dos procesos que vinculan responsables militares: uno, por el operativo Mariscal, contra Leonardo Gallego Castrillón, que era el comandante de la Policía Metropolitana; y otro, en el que jefes de los paramilitares vinculan al general Mario Montoya Uribe como aliado de ellos en la planificación de la Orión”.

La Comisión Internacional de Esclarecimiento es convocada por 50 organizaciones de víctimas y Derechos Humanos, entre ellos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Mujeres Caminando por la Verdad, de la Comuna 13. Ayer, los expertos internacionales, como Michael Reed, del Centro de Justicia Transicional para Bogotá, y Rosa, de las Hermanas Lauritas –residentes en la zona–, recorrieron los barrios, desde el Parque Biblioteca San Javier, al pie del tren metropolitano, hasta la Escombrera, en lo alto de la montaña. Los acompañaron unos cien habitantes de la comuna, que cargaban telones blancos con frases alusivas a la paz. Cuando llegaron al depósito de desechos de construcción, muchos comentaron la sospecha de siempre: que bajo sus pies y toneladas de tierra continúan sepultados quienes desaparecieron antes, durante y después de las operaciones militares.

“Orión fue horrible, porque no sabemos con certeza cuántos murieron y porque todos quedamos en medio del fuego. Pero después del operativo, vino lo peor. En los últimos meses del 2002, aunque ya no había operativos, los militares empezaron a desplazar, a desaparecer, a torturar, ya estaban adentro metidos. Como las autoridades tuvieron que liberar a las personas que capturaron, se dice, lo sabemos, que volvieron a buscarlos al barrio, esta vez para matarlos, para ejecutarlos extrajudicialmente. Los militares eran guiados por encapuchados”, denuncia sin nombre un integrante de un proyecto de comunicación que se desarrolla en la Comuna 13.

Durante hoy y mañana, investigadores de la academia y las organizaciones sociales expondrán temas de Derechos Humanos relativos a lo que ocurrió hace 10 años. Hablarán, en el teatro de Adida, en el centro de Medellín, de militarización en la comuna, represión a los jóvenes y persecución a las mujeres, entre otros aspectos. Al final de las jornadas, presentarán un documento con las conclusiones de la comisión, ese que, esperan víctimas, habitantes y activistas, sirva para cortar el manto de impunidad tendido desde el aparato estatal.

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