Colombia: acusan a los padres de un niño que se suicidó por acoso escolar

Gobernación de Cundinamarca culpa a papás de Sergio Urrego por su muerte. La entidad lo dijo al contestar una demanda contra la Secretaría de Educación del departamento, por no detectar a tiempo que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre no tenía (como lo exige la ley) mecanismos para prevenir y atender el acoso escolar.

El Espectador.-

Este viernes se cumplirán tres años del suicidio de Sergio Urrego Reyes. Se quitó la vida lanzándose de la terraza del centro comercial Titán Plaza, luego de ser perseguido y discriminado en su colegio por mantener una relación amorosa con otro estudiante. Aunque la Corte Constitucional dijo en 2015 que el joven sí sufrió acoso escolar por razón de su orientación sexual y que esto pudo haber incidido en su decisión, para la Secretaría de Educación de Cundinamarca la culpa de la muerte la tienen sus padres. (Lea aquí: Las promesas pendientes en el caso de Sergio Urrego, tras dos años de su muerte)

El señalamiento lo hizo la entidad para defenderse en medio de una demanda en su contra. Alba Reyes, mamá de Urrego, interpuso una acción de reparación directa con la que busca que la Secretaría de Educación de Cundinamarca responda por no haber vigilado y detectado a tiempo que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre no contaba con los mecanismos para prevenir y atender el acoso escolar del que fue víctima el alumno de 16 años por parte de las directivas y docentes. (Lea aquí: El mural que le dice a Sergio Urrego que su legado está vivo)

Ante un juez administrativo, Reyes no pide dinero para resarcir el daño, sino acciones simbólicas para que su caso no se repita. Solicita que la secretaría haga un verdadero seguimiento a los colegios, que realice un protocolo con las características que deben tener los manuales de convivencia, que se capacite a los funcionarios de la entidad en conceptos básicos LGBT y que el “Día de la no homofobia y no discriminación (17 de mayo)” se lleven a cabo eventos para el personal de los colegios.

En 2013 se expidió la ley 1620, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. La función de éste es prevenir el acoso escolar, estableció que para esto los colegios debían conformar los comités de convivencia escolar, y que los manuales de convivencia no pueden sancionar la orientación sexual, ni las materializaciones de afecto de los estudiantes. Las secretarías de educación departamentales son las encargadas de vigilar que esto se cumpla.

Esto, según Reyes, no se cumplió en el caso de Sergio. El colegio no implementó el sistema para prevenir y mitigar la violencia escolar y la secretaría no lo vigiló. El acoso que sufrió empezó en mayo de 2014, cuando una compañera le tomó una foto dándose un beso con su novio en las instalaciones del colegio. La conducta fue calificada como obscena, de acuerdo con el manual de convivencia. Urrego fue obligado a asistir a citas de psicología, a contarle a sus papás que era gay y le abrieron un proceso disciplinario. (Lea aquí: “La memoria falla y nos acostumbramos a la violencia”: mamá de Sergio Urrego)

Hasta este punto la Secretaría de Educación de Cundinamarca no se había percatado de las irregularidades: el comité escolar no se activó y ni siquiera se le informó al estudiante que existía, no se activó la ruta de atención integral, el manual de convivencia no fue ajustado con la participación de los estudiantes y Sergio fue desescolarizado a través de exigencias que no resultaban suficientes para privarlo del servicio educativo.

Pero otra cosa piensa la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que el pasado 17 de mayo contestó la demanda alegando que en primer lugar no hay pruebas para decir que Sergio fue perseguido en el colegio por su orientación sexual. Agregó que no es la entidad competente y autónoma para implementar el sistema nacional de convivencia escolar, y que depende del Ministerio de Educación.

La entidad dice con claridad que la razón por la que Sergio Urrego murió no fue la presunta omisión de ésta, y decide responsabilizar a sus padres. “La responsabilidad del bienestar del menor se encontraba en cabeza de sus progenitores… como guías permanentes del desarrollo de sus hijos representan la primera línea de salvaguarda… estos adultos conviven con ellos y orientan día a día sus necesidades de conocimiento sobre las relaciones interpersonales”.

Y continúa eximiéndose de cualquier culpa afirmando que cuando Sergio se suicidó no estaba bajo responsabilidad del centro educativo o de la secretaría, y que el hecho ocurrió en un establecimiento público por fuera de la jornada académica.

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Sobre la pretensión de realizar actos de conmemoración todos los 17 de mayo, la representación jurídica del departamento de Cundinamarca interpreta otra cuestión. Cree que se está pidiendo fijar una nueva fecha para este reconocimiento y dice que el órgano competente para esto es el Congreso de la República.

Ante esto, el abogado de Reyes responde que la abogada del departamento no entiende cuál es el problema que se discute. Y aclara que no pretende que la secretaría responda por la muerte de Sergio, pero sí por no inspeccionar y vigilar al colegio, lo que implicó “la ausencia de mecanismos para que el estudiante defendiera sus derechos”.

El 1 de julio de 2014 Alba Reyes puso una queja ante la entidad por el hostigamiento que estaba viviendo su hijo en la institución educativa. El 20 de marzo de 2015, ocho meses después de la muerte del joven, la secretaría sancionó al Colegio Gimnasio Castillo Campestre suspendiéndole la licencia de funcionamiento por seis meses e imponiéndole y una multa de $32 millones. Sin embargo, de acuerdo con la demanda, sancionó al colegio después de la muerte, pero no hizo nada antes.

Por su parte, en un fallo de tutela de hace dos años, la Corte Constitucional reconoció que las entidades (entre ellas la Secretaría de Educación de Cundinamarca) solo aplicaron las facultades generales de sanción, “pero las rutas de acción y las garantías de convivencia escolar no lograron detectar una posible situación de intimidación pues sencillamente nunca fueron implementadas por las autoridades competentes”.

El alto tribunal dijo que existe un déficit de protección general para las víctimas de acoso escolar. Y que la ley de 2013 no ha sido implementada con vigorosidad. “Ni el ministerio de educación ni las secretarías departamentales utilizaron las normas ya existentes y diseñadas para evitar precisamente situaciones …en un caso que idealmente podría haber tenido un desenlace diferente”.

Pilar Cuartas Rodríguez
Pilar Cuartas Rodríguez

Periodista de El Espectador, Colombia. Becaria de Cosecha Roja.

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