Colombia: Cada año, 600 menores son capturados y condenados por homicidio

El Tiempo.-

El caso del joven de 16 años al que las autoridades señalan como autor material del atentado terrorista contra el exministro Fernando Londoño, que en mayo pasado dejó dos muertos y medio centenar de heridos en uno de los sectores más concurridos de Bogotá, se suma al de otros 600 menores que cada año son capturados y condenados por homicidio.

Aunque los responsables de actos terroristas no son tan frecuentes -los dos casos más recordados son los de los sicarios que asesinaron al excandidato de la UP Bernardo Jaramillo, en 1990, y al ministro Rodrigo Lara Bonilla, en 1984-, el hecho es que año tras año el número de jóvenes detenidos por delitos graves va en aumento.

En el 2010 la Policía capturó a 24.000 menores, y el año pasado a casi 27.000. Este año, en ocho meses, van 20.615 capturas. Y aunque el delito más común es hurto, seguido de tráfico y porte de estupefacientes y de armas, las estadísticas de homicidio son alarmantes.

Cifras de la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana señalan que entre marzo del 2007 y junio de este año -es decir, en la vigencia del nuevo Régimen Penal para adolescentes-, unos 3.000 menores entre los 14 y los 18 se vieron envueltos en asesinatos: 600 cada año.

Los estudios muestran que el 27 por ciento de los muchachos detenidos por robo reincide, y el 22 por ciento de los detenidos por homicidio vuelve a matar.

Pese a las altas cifras, el número de sancionados y privados de la libertad es muy bajo. En el país hay 22 centros de reclusión de menores y en ellos hay 2.400 muchachos detenidos. En los últimos cinco años, de los 100.886 capturados o conducidos ante alguna autoridad, tan solo 31.129 han sido sancionados con algún tipo de medida restrictiva. Y de ese total, a la mayoría (27 por ciento) le han dado libertad vigilada y solo al 21 por ciento lo han enviado a un centro de reclusión especial, en buena medida por física falta de cupos.

En el caso del menor del atentado contra Londoño, la Ley de Seguridad Ciudadana, que endureció las penas, fija una condena máxima de 8 años, que debe cumplir sin rebajas. Pero no irá a una cárcel sino a un sitio especial de reclusión.

La polémica que ha surgido es si él -conocido en su banda, el ‘Parche de Zuley’, de Cali, como el mejor jalador de motos y carros y que el día del atentado se vio en las cámaras de seguridad caminando fríamente para poner la bomba- es una víctima más, utilizada por una organización ilegal; o si por el contrario, por la gravedad de su crimen (homicidio en un atentado terrorista que pudo provocar una tragedia mucho mayor), es una persona que ha venido en una carrera criminal y que está en edad para saber lo que está haciendo.

Con las actuales reglas de juego, si es hallado culpable, saldría en libertad a los 24 años. “La discusión sobre si 8 años como pena máxima es la adecuada o no es interminable. Partimos de la base, como parte nuestro sistema jurídico, de que los menores de edad ante todo deben contar con la protección del Estado”, dice Francisco José Lloreda, consejero para la Seguridad Ciudadana.

Diego Molano, director de Bienestar Familiar, es partidario de que en casos como estos “se vuelvan a analizar las penas”. Además, pide a la Policía vigilancia especial sobre el centro de menores El Redentor, de Bogotá, donde está desde este miércoles el señalado autor del atentado contra Londoño.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, se abstuvo de marcar una posición en el candente tema, pero señaló que “tomar la decisión de bajar o no la edad de imputación debe ser producto de análisis serios que no se basen en coyunturas mediáticas”. En ese orden de ideas, el tema iría al Consejo Nacional de Política Criminal.

Y Gilma Jiménez, reconocida como la congresista más activa en temas de defensa de los menores, señaló la importancia de abordar el debate cuanto antes: “Jóvenes como estos son personas peligrosas, que merecen una oportunidad en un proceso de resocialización, pero que también tienen que responder por sus actos”.

Mínimo 40 años para los otros implicados
Aunque la audiencia contra el menor que participó en el atentado contra Londoño fue a puerta cerrada, durante la diligencia contra las otras cuatro personas capturadas por el caso la Fiscalía destapó las pruebas de delitos que darían entre 40 y 60 años de cárcel para los mayores de edad, y entre 2 y 8 años para el joven de 16.

El organismo les imputó a los mayores cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo y utilización de menor de edad para cometer delitos. Ninguno se declaró responsable. Sin embargo, el juez 27 de Bogotá les dictó medida de aseguramiento en la cárcel La Picota porque “hay inferencia de hechos muy graves que ponen en riesgo a la comunidad”.

El fiscal del caso dijo que tales delitos fueron cometidos con dolo y total conciencia del daño que ocasionarían. Durante la audiencia se reveló que la bomba, montada en Cali por alias ‘Lucho’, el líder de la banda, fue transportada en un trasteo familiar a Bogotá. En una casa del sector del Perdomo, en el sur de la ciudad, se escondieron varios de los autores del atentado.

Uno de los datos curiosos que se ventilaron en la audiencia fue el de que César Ruiz, alias ‘Bigotes’, quien hacía parte de la oficina de cobro el ‘Parche de Zuley’, entregaba a sus ‘clientes’ tarjetas de presentación en las que ofrecía servicios criminales.

De su número, al igual que del celular de alias ‘Lucho’, salieron abundantes llamadas a los 12 teléfonos comprados por la organización para el atentado. Se pudo establecer que tenían planeado otro acto terrorista aún más grave.

Además, los números de esos teléfonos coinciden con los seguimientos electrónicos realizados a nueve celdas de antenas de celular que se encuentran en la ruta que seguía habitualmente Londoño. Tres de los celulares fueron ubicados en el mismo sitio y hora del atentado.

Poco después de los hechos del pasado 15 de mayo, en el norte de Bogotá, la Policía rastreó 25.000 llamadas que se hicieron a esa misma hora y en esa zona. También lograron infiltrar a la organización y establecieron que una de las mayores dificultades fue fijar la bomba en el vehículo del exministro. Tuvieron que utilizar una chupa y un gancho para asegurarla.

Encargado de logística huyó
Según la Fiscalía, la bomba para el atentado contra Londoño fue suministrada por Diego Fernando Tabares Marín, el cerebro de la logística del ataque, atribuido a las Farc. Alias ‘Lucho’, como se le conoce, logró volarse hace dos días del último operativo en su contra. Investigan cómo este hombre, condenado en el 2003 a 34 años por el secuestro de un empresario ecuatoriano, ha logrado escabullirse de la justicia por casi una década.

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