Colombia: Inicia el juicio contra Salvatore Mancuso, por crímenes de paramilitares en el Catatumbo

Jhon Jairo Jácome, La Opinión.-

En el primer día de legalización de cargos a seis excomandantes paramilitares, que pertenecieron al Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, se pudo apreciar a Salvatore Mancuso, en vivo desde una cárcel de Estados Unidos, portando un overol azul y, debajo de este, un buzo blanco con el que cubría sus manos del frío de la celda en la que permanece desde el 13 de mayo de 2008.

Mancuso, luego de solicitar permiso para presentarse a la magistrada Alexandra Valencia Molina, que lideraba la diligencia, rompió en llanto y pidió perdón a las víctimas por el proceder de su organización, aunque seis horas después, durante la misma citación, justificó los crímenes que cometieron sus hombres por encontrarse inmersos en un conflicto armado que difícilmente se circunscribía a la acción de los combatientes.

“Nuestras muertes se dieron en un conflicto irregular, en el que participaban civiles armados y desarmados, que eran reclutados por los grupos a los que enfrentábamos”, indicó.

Acto seguido, el excomandante del Bloque Catatumbo sostuvo que no hay nada que justifique darle muerte a alguien, lo que tildó como algo inconcebible.

Sin embargo, expresó que en el conflicto que libraron sus hombres “existían familias campesinas que pasaban desapercibidas, pero a la hora de combatir, sacaban sus armas y camuflados y apoyaban a las estructuras guerrilleras contra las que luchábamos. Se nos acusa de asesinar a campesinos desarmados, pero no entienden que dentro del conflicto era imposible distinguir entre los guerrilleros y los campesinos normales que solo se armaban en determinadas ocasiones”.

El excomandante del Bloque Catatumbo fue enfático al afirmar que “era el mismo Estado el que nos entrenaba y nos armaba para enfrentar conjuntamente a la guerrilla”.

En la diligencia de legalización de cargos contra Salvatore Mancuso Gómez; Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano; José Bernardo Lozada Artuz, alias Mauro; Jimmy Viloria Velásquez, alias Jairo Sicario; Isaías Montes Hernández, alias Mauricio o Júnior y Juan Ramón de las Aguas Ospino, alias Chaca, solo participaron 12 víctimas desde Cúcuta, que poco a poco fueron abandonando la sala hasta quedar completamente vacía.

La legalización de cargos es el primer paso, luego de las versiones libres y confesiones de hechos, que debe surtirse antes de que se dé un incidente de reparación para las víctimas.

Fiscalía expuso su teoría del caso

Dentro de la diligencia, la representante de la Fiscalía sostuvo que desde que Salvatore Mancuso Gómez y Carlos Castaño Gil anunciaron su intención de entrar a Norte de Santander con un grupo de autodefensas, con el fin de combatir y golpear las finanzas de la subversión, en este territorio había presencia de organizaciones guerrilleras como las Farc, el Eln y el Epl, que tenían pleno dominio en el departamento y, entre otras maneras de financiación, se lucraban del narcotráfico y el secuestro.

“El Bloque Catatumbo fue concebido por Carlos Castaño, quien delegó la responsabilidad del mismo en Salvatore Mancuso. Ambos lo diseñaron, lo conformaron e incursionaron en Norte de Santander a partir de mayo de 1999 con un grupo inicial de 270 hombres”, sostuvo la fiscal.

Gracias al apoyo de otros bloques y a su crecimiento inusitado, el Bloque Catatumbo logró desmovilizar a 1.425 hombres, el 10 de diciembre de 2004, en la finca Brisas de Sardinata, del corregimiento de Campo Dos, en Tibú.

Durante el proceso que se les seguirá a los seis imputados, se expondrá cómo este grupo implementó en sus zonas de influencia casas improvisadas como cárceles, adonde conducían a sus víctimas de la población civil para ser sometidas a torturas y luego ser asesinadas o desaparecidas.

“Se demostrarán también los métodos de guerra utilizados por la estructura paramilitar para aniquilar a quienes eran considerados sus enemigos, las políticas y las prácticas de homicidio, desaparición forzada, torturas, retenciones, desplazamiento forzado, despojo de bienes, abusos sexuales, destrucción de bienes protegidos, así como un fenómeno particular utilizado por este grupo que era el de lanzar cuerpos de personas asesinadas a rudimentarios hornos crematorios, los peñascos y los ríos”, notificó la representante del ente acusador.

Además, se comprobarán los vínculos que este grupo, por intermedio de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, como comandante del Frente Fronteras, sostuvo con la clase política, en todos los niveles, de Norte de Santander.

En la diligencia se conocerá cómo fue la relación del Bloque Catatumbo con la fuerza pública, quiénes fueron los militares y policías que apoyaron a las autodefensas, de qué forma lo hicieron y qué ha pasado al respecto.

La fiscal indicó que una justicia corrupta es la peor injusticia y fue este el grave fenómeno que se puso al descubierto donde operó este bloque.

“Es lamentable ver cómo terminaron infiltrados en la Fiscalía General de la Nación, seccional Cúcuta, a través de Ana María Flórez (prófuga) y Magaly Moreno (recientemente detenida). Ellas prestaron un servicio absoluto a las autodefensas y les ayudaron a llevar a cabo una política de exterminio contra miembros de la Fiscalía, como lo evidencian los asesinatos de los fiscales María del Rosario Silva Ríos y Carlos Pinto, en el 2001, mientras investigaban masacres cometidas por los paramilitares desde 1999”, sentenció.

Otro de los asuntos que se traerá a colación es el del narcotráfico, delito que fue cometido por los paramilitares aprovechando la condición fronteriza del departamento.

“Esta actividad ilegal fue ejercida especialmente por Salvatore Mancuso, al punto de convertirse en su principal fuente de financiación, descartándose que el grupo se haya conformado para desarrollarla o para su enriquecimiento ilícito”, precisó la fiscal.

‘Demostraremos la responsabilidad del Estado’

El abogado defensor de los seis postulados precisó que a ellos no hay que demostrarles su responsabilidad en los cargos que se les imputan porque ya los han confesado.

Por el contrario, indicó que serán ellos los que demostrarán que el responsable del fenómeno paramilitar es el Estado colombiano por acción y omisión.

“El Estado es responsable por acción cuando recluta, entrena, financia, utiliza, colabora y apoya, militar, política y económicamente, el accionar de las autodefensas, especialmente en los bloques Norte, Córdoba y Catatumbo”, manifestó.

El abogado sostuvo que probarán con suficiencia, y sin el más mínimo atisbo de duda, cómo el Estado obligó a los postulados, especialmente a Salvatore Mancuso, a armarse.

“Él (Mancuso) le envió una carta al ministro de Defensa de la época pidiéndole protección y lo que hicieron fue decirle “venga, nosotros lo entrenamos, lo financiamos y ayúdenos en esta guerra”.

Según el abogado, el Estado olvidó sus funciones en estas zonas y utilizó a estas personas (paramilitares) para que enfrentaran a quienes llamaban enemigo, es decir, a la guerrilla.

“Prácticamente todas las instancias administrativas del Estado colaboraron con el surgimiento y el desarrollo de las autodefensas en Colombia”, advirtió.

Finalmente, el abogado acusó al Estado de impedir, por todos los medios, que los postulados avancen de una manera fácil y dinámica, en sus procesos de confesión.

“Probaremos todos los impedimentos que les han puesto para que este proceso de Justicia y Paz no llegue a buen puerto, no solo con pruebas testimoniales, sino con pruebas documentales y audios que los postulados han aportado al proceso”.

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada