Colombia: La mafia del ladrillo azota a las construcciones de Bello

bello 1Por Nelson Matta – El Colombiano.-*

Los “patrones” del cemento

Los nuevos “señores” de la propiedad raíz en Bello tienen las manos teñidas de sangre. Son personajes graduados en atracos y balaceras, que ahora poseen lotes y apartamentos y patrocinan construcciones que de a poco se devoran las laderas de la ciudad.

Su gremio es una mafia del ladrillo, porque cada vez que la tierra es removida para edificar en los barrios que dominan, ellos aparecen para cobrar la cuota. Es una norma que han impuesto a punta de terror.

“Cualquier constructor que haya trabajado en Bello ha sido víctima de las vacunas”, dice el arquitecto Waldir N*. con el tono de quien pronuncia algo por muchos sufrido, pero callado. Por eso, segundos después se apresura a insistir en que su nombre no puede aparecer en ningún lado, “porque si no los de la moto llegan a visitarme a la oficina”.

En los últimos cuatro años ha participado en, al menos, seis proyectos de vivienda en esta localidad del norte del Valle de Aburrá, en la que cerca de 380.000 habitantes subsisten a la sombra del Quitasol, un imponente cerro de 2.880 metros de altura.

En esas obras, sin excepción, la mano del crimen organizado se posó sobre los adobes. “A nuestros inversionistas les tocaba ir a la cárcel Bellavista o enviar a un representante para negociar con los jefes de las bandas, para que les permitieran construir. Allá se pacta un pago para el inicio de la obra, es una especie de permiso que a uno le toca pagar para trabajar en sus territorios”, señala Waldir N.

El ingeniero Yorman Q.* laboró en unos edificios donde ese tributo ilegal fue de $50 millones. “Es que los jefes de la mafia son los dueños de muchos predios. Ellos dicen si se puede construir o no”.

La extorsión ligada a la construcción y a la compra, venta y usurpación de terrenos, es un rubro que está haciendo millonarios a los cabecillas de Bello, al punto que estos ingresos hoy riñen con los del tráfico de estupefacientes.

Las vacunas se clavan en cada esquina donde se aplique cemento, de cuenta de una bonanza a la cual los delincuentes se han pegado como garrapatas a un purasangre: el crecimiento urbanístico.

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (Camacol), en el último año la construcción creció un 10 por ciento en la municipalidad, superando a su vecina Medellín en ese ámbito y en la expedición de licencias de obra.

El alcalde Carlos Muñoz ha dicho con orgullo que su ciudad “ya no es el patio trasero de Medellín” y que “los inversionistas miran a esta centralidad del norte, hay 80 proyectos urbanísticos que tienen licencia, planes parciales. Para Bello será la oportunidad de que lleguen no menos de 38.000 viviendas suntuarias, que superan los estratos 4, 5 y 6”.

Su última frase refleja una evolución en ese campo, pues hace dos años solo había proyectos para hogares de estratos medio y bajo, ahora la valorización y el crecimiento en el área, generado en parte por los altos precios del costado sur del Valle de Aburrá, atrajeron a inversionistas de mayor envergadura.

La situación, tan benéfica para la comunidad, tiene felices a los criminales, cuyas arcas aumentan con la llegada de nuevos proyectos. La problemática es tan grande, inocultable y silenciosa como el mismo Cerro Quitasol.

Las puertas son de “los Chatas”

“Lo que yo vi, es que ‘los Chatas’ son los dueños de la tierra en el barrio Pérez y del Parque Principal para arriba, hasta donde está el tanque de agua de las Empresas Públicas. Yo trabajé en un proyecto de apartamentos por allá”, cuenta Yorman Q.

Para edificar el recinto, los constructores le pagaron 50 millones de pesos a la organización criminal más poderosa de Bello, un clan liderado por alias “Tom” o “Carlos Chata”, “Camilo Chata” o “el Viejo” y “Elkin Chata”.

Esta es una de las 13 estructuras de crimen organizado que la Fuerza Pública tiene identificadas en la ciudad cuna del presidente Marco Fidel Suárez. Las otras son “Pachelly”, “el Mesa”, “los Triana”, “la Camila”, “París”, “el Tapón”, “Playa Rica”, “el Congolo”, “la Meseta”, “el Mirador”, “los Peludos” y “Niquía Camacol” o “los Camacoleros”. Con ellas se articulan algunas pandillas menores, como “el Trapiche” y “las Granjas”.

Todas se reparten territorios estrictamente delimitados a lo largo de los 19,7 kilómetros cuadrados de suelo urbano, que incluye 10 comunas y 82 barrios.

Se dedican al sicariato, el desplazamiento forzado, las amenazas, hurtos, tráfico de drogas y armas, desaparición forzada, corrupción de empleados públicos y extorsión a las residencias, establecimientos comerciales, parqueaderos, vehículos de servicio público y obras civiles. Así consta en decenas de expedientes judiciales que la Fiscalía empezó a diligenciar desde 2009 y que han permitido el encarcelamiento de algunos miembros importantes del bajo mundo, como “Guayabo”, “Alber” y “el Calvo Ruiz”.

“Hay que reconocer que se han presentado hechos que afectan al pequeño comercio, representado en las tiendas de barrio de Bello. También proveedores, distribuidores y comercializadores de productos de consumo masivo, como alimentos, aseo y hogar, refrescos, licores, frutas, verduras, enlatados y cárnicos”, señala Sergio Ignacio Soto, director en Antioquia de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

La mafia bellanita está tan bien estructurada, que los clanes conviven en una aparente armonía que les permite reducir las confrontaciones internas y controlar la primera causa de asesinatos en el Valle de Aburrá: los ajustes de cuentas entre bandas. Basta recordar que de 2008 a 2011 hubo 6.932 homicidios en Medellín, la gran mayoría por culpa de un enfrentamiento de combos en el área metropolitana. Todos los grupos chocaron en una guerra urbana con sus vecinos de comuna, menos los de Bello.

En 2013 apenas ocurrieron 52 homicidios en la localidad y en lo que va de 2014 (con corte al 15 de agosto), 60. Eso ayuda a que no se les “caliente” la zona, aunque las autoridades siempre atribuyen a sus operativos la escasez de muertes violentas.

El secretario de Gobierno de Bello, Édgar Callejas, asegura que el bajo índice de asesinatos se debe al trabajo interinstitucional con los organismos de seguridad y que la ciudad fue elegida en 2013 como la quinta más segura entre un grupo de 27 metrópolis colombianas con más de 100.000 habitantes, según un estudio de la Universidad Sergio Arboleda.

Mas otra parece ser la sensación que perciben los habitantes de los vecindarios colonizados por las bandas, donde la simple palabra de un malviviente, sin necesidad de mostrar armas, basta para doblegar las voluntades.

El debilitamiento de estructuras antes hegemónicas, como “Pachelly” y “Niquía”, facilitó el ascenso de “los Chatas”. Adicionalmente, conformaron una alianza con “los Urabeños”, la organización criminal más grande del país.

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, les declaró la guerra el pasado 5 de enero, acusándolos de herir a balazos a dos de sus uniformados en el sector de Cotrafa.

“Pues bien, nos han retado y aceptamos el reto: ¡vamos con toda contra ‘los Chatas’!”, declaró con vehemencia.

Nueve meses después, ningún jefe tiene orden de captura y los lugartenientes se pasean con relativa tranquilidad por sus zonas de influencia: el corregimiento San Félix, Las Cabañas, Espíritu Santo, entre otros.

Por eso la comunidad evita contrariar a la banda, que en grandes proyectos de construcción exige que mínimo tres de sus “empleados” participen en tareas de celador, ayudantes y operarios de máquina. Estos infiltrados controlan los movimientos en la edificación del lote y mantienen enterados a sus patrones de cualquier “novedad”.

“Después de entregar los $50 millones, pensábamos que se evitaría el pago semanal de la vacuna, pero no. Dejaron de cobrarle al constructor y comenzó la extorsión a los contratistas que llevaban el material para acabados, puertas, ventanería y plomería”, señala Yorman Q.

Idéntica situación se ha presentado en otras comunas, donde a los contratistas “les presionan para permitirles el acceso a sus trabajadores, la llegada de los materiales, de los equipos, y para que puedan seguir adelante con sus obras son intimidados y presionados violentamente”, cuenta el dirigente Soto, y añade que esta vacuna va de $100.000 a $1 millón semanales, por lo que esas rentas ilegales “se vuelven tan grandes como el tráfico de drogas ilícitas”.

En el caso puntual, algunos contratistas dejaron de ir por miedo, así que “los Chatas”, que habían vendido el lote a los inversionistas, pusieron las puertas y varios bultos de arena y cemento obtenidos de los depósitos de Bello. “No eran materiales de la mejor calidad, pero aún así tocó prometerles 10 apartamentos en compensación”, confiesa Yorman Q.

Esta es una modalidad que se extiende cada vez más, pues los constructores y socios capitalistas no solo pagan con billetes, sino en especie. Así, los cabecillas se transformaron en arrendatarios de muchas familias, o ceden los aposentos para sus parientes y matones de confianza, o para la venta y blanqueo de activos.

“He oído que en casi todos los barrios ocurre, principalmente en zonas de la periferia hacia la montaña”, añade el ingeniero.

No obstante, lo que parece sabido por todo el gremio, no tiene quejas formales ante las autoridades. El presidente del Concejo de Bello, Luis Carlos Hernández Giraldo, quedó sorprendido al ser preguntado por los hechos, pues al cabildo “no han llegado denuncias oficiales, solamente son comentarios que hemos escuchado”.

Venden el predio sin avisarle al dueño

Con ese tono de amenaza inconfundible, de falsa autoridad que los combos  ejercen en los barrios, dos delincuentes conversan de sus fechorías, sin saber que la línea es monitoreada por agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Uno de ellos le da instrucciones al secuaz para expulsar al tenedor de un predio.

-Ese cucho de ese lote que pillamos ayer en Cinco (sector Cinco Estrellas), vaya hable con él y le dice: ‘viejo, es pa’ decirle que hace rato le dijeron que desocupara esa chimbada y nosotros ya vendimos eso mijo, entonces ya van a venir a ver eso güevón, entonces para ver cuándo lo tiene desocupado’. Si dice que no, usted le dice: ‘usted sabe muy bien mi viejo que me mandó el parcero, el que se sabe todos los rollos de esto por aquí. O sino mire cómo nos van a cuadrar a nosotros y lo dejamos ahí sano, dénos dos y medio (millones de pesos) y le dejamos eso sano’. O sino, que pa’ mañana se necesita eso desocupado.

-Todo bien, ¡de una! -le responde el interlocutor.

La instrucción fue revelada en audiencias públicas por la Dirección de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, en el marco de una investigación contra “la Camila”, que ha dejado hasta ahora a 31 de sus integrantes condenados.

Sin dejar las atrocidades comunes que ejecutan las bandas, esta facción se dedica a la usurpación de propiedades y lotes, muchos de los cuales son vendidos a terceros antes de expulsar a la fuerza a sus dueños e inquilinos. Esta situación se viene presentando en los sectores La Camila, Machado, Cinco Estrellas, La Mina, Las Vegas y Los Ciruelos, según la Fiscalía. La misma práctica es cometida por “los Triana” en La Gabriela, Acevedo y Santa Rita.

Uno de los encargados de coordinar esa actividad era un desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas y cabecilla de “la Camila”, John Jairo Ruiz Muñetón, alias “el Calvo Ruiz”, quien fue detenido y condenado a ocho años de cárcel el pasado 22 de mayo.

En la sentencia con número interno 2014 127100 del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, se especifica uno de los usos que la banda les da a los predios usurpados: “En aras de que los cuerpos de las víctimas no fueran hallados, eran sepultados en la terraza de una vivienda sobre la cual tenían pleno control y dominio”.

En otro aparte, se indica que los líderes “tenían contactos con diferentes funcionarios públicos, quienes les facilitaban la ejecución de sus actividades delictivas”.

El poder del “Calvo Ruiz” era tal, que los demás delincuentes de su zona “le pedían permiso para ejecutar alguna acción y él comunicaba con cuáles personas del barrio no se podían meter”.

Un habitante de La Camila comenta que la situación es tan crítica en el vecindario, que “ya ni a la puerta de la casa se puede salir, porque lo único que se ven son delincuentes y droga, al comercio lo mantienen hostigado con la vacuna y al que no la paga le roban el negocio”.

Otro residente del sector El Trapiche, que igual que el anterior solicita la reserva de su identidad, cuenta que allá hay una pandilla, al parecer asociada con “los Chatas”, que se apodera de las zonas verdes y que las quejas en las inspecciones y curadurías son infructuosas. “Y si uno les dice algo a estos delincuentes, ellos dicen que no necesitan permisos (para construir), porque Dios manda en el cielo y ellos en Bello”.

Agrega que los pandilleros se dedicaron a robar en las urbanizaciones, de donde “hicieron ir a los propietarios y vender por nada sus casas”.

El arquitecto Waldir N. afirma que en ocasiones las bandas aburren a los inquilinos que se niegan a vender, “no sé si en alianza con el constructor”. La manera de hacerlo es implantar una plaza de vicio al frente, “y la gente se cansa de ver a diario a unos muchachos tirando marihuana en su puerta, y se va”.

Al ser consultado sobre este fenómeno de usurpación de lotes y propiedades, Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz en Antioquia, lamenta la situación, pero asegura que “el gremio de las empresas inmobiliarias no ha recibido quejas formales sobre el tema”.

No se salvan ni los predios del Municipio

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En un debate en el Concejo de Bello, el anterior 27 de agosto, el cabildante León Fredy Muñoz Lopera expuso otra forma de supuesta usurpación de lotes que  pertenecen al Municipio.

Señaló que la comunidad de la urbanización Los Búcaros se quejó porque hace unas semanas aparecieron personas desconocidas, midiendo un terreno aledaño a los edificios, con fines de construir allí un inmueble. Dicha zona verde es propiedad de la municipalidad.

El Concejo creó una comisión para indagar lo sucedido y Muñoz averiguó sobre el lote en las oficinas de Catastro Departamental y Catastro Municipal. Allí aparecía la propiedad, en la carrera 40B con la calle 58, un lote de 9 x 8 metros, con cédula catastral asignada, mapa de localización, acta de compraventa por $10 millones y facturas de impuesto predial.

Entre los documentos recopilados hay un acta de visita de un contratista de una firma de ingeniería y consultoría, que presuntamente evaluó el inmueble porque se le incorporó una mejora. En su informe, el profesional redactó que “la construcción se está empezando a construir” y “le faltan servicios públicos”, e incluyó la foto de una fachada.

La sorpresa surgió cuando, en la tercera semana de agosto, el concejal visitó el sitio en compañía de dos empleados de Catastro Municipal y constató que la casa no existía, era un inmueble fantasma, solo visible en el papel. “Aquí se está fraguando un delito delicadísimo, es de esa manera como se están apropiando de los terrenos del Municipio. Aquí hay un presunto concierto para delinquir y una falsedad en documento público y privado, ojalá que los organismos de control lleguen al fondo de esto. Hay funcionarios públicos y contratistas involucrados”, dijo en la plenaria.

La hipótesis de este caso es, al parecer, que individuos inescrupulosos crearon un lote en los registros de Catastro, en terrenos públicos, para luego construir allí una edificación. Pero solo alcanzaron a medirlo, antes de que se descubriera el supuesto fraude.

El concejal Jean Lee Pavón Zapata declaró en la misma reunión que en Bello hay muchas construcciones informales y que el tema de la titulación de predios urbanos y rurales es una tarea pendiente de las alcaldías. “De cada 10 construcciones, solo una se está legalizando ante las curadurías”, y agregó que este problema se observa en los barrios El Pinal, La Sonora y Niquía hacia el costado del tanque de Empresas Públicas.

De las pruebas recaudadas, el Concejo enviará copias a la Personería, la Defensoría, Catastro Departamental, la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía.

En aquel debate, los miembros de la corporación expresaron sus preocupaciones e impotencia por la manera en que la ilegalidad se aferra a la cotidianidad bellanita. La concejala Nubia Valencia reflexionó que “hay una cosa gaseosa, extraña, que se genera en torno a los bienes del Municipio”.

Y Muñoz, el expositor de la denuncia sobre el supuesto modus operandi para usurpar terrenos, manifestó lo mismo que se susurra en cada esquina de la urbe del Quitasol: “Mucha gente me dijo que no denunciara esto porque iba a destapar una olla podrida y seguro me mataban. Pero no tengo miedo”.

La bomba dejó cabos sueltos

(Escuchar el audio aquíEsta es una interceptación telefónica, realizada por la Policía Judicial de Colombia, de una conversación entre dos miembros de la banda “la Camila”, en la que acuerdan intimidar al dueño de un lote para que se vaya, pues ellos ya lo vendieron a terceros. La única forma de quedarse, dicen, es que pague al menos 2 y medio millones de pesos de extorsión.

En 2009 llegó a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) una orden con carácter de urgencia, de la Presidencia de la República: atacar el fenómeno de la extorsión en Bello y a la banda “Pachelly”, que tenía azotados a los comerciantes.

Los investigadores de ese organismo de Inteligencia comenzaron las pesquisas y en dos años recopilaron más de 50.000 horas de interceptaciones telefónicas.

Las conversaciones que escucharon no solo ayudaron a identificar a los jefes de la banda, sino un podrido cordón umbilical con funcionarios de entidades gubernamentales. La conexión era tan explosiva que el DAS bautizó esta investigación con el nombre clave de Operación TNT.

La sigla, sin embargo, tenía un doble sentido. “No solo porque era una ‘bomba’, sino que había tanta corrupción, que teníamos que investigar a media ciudad, por eso la llamamos TNT, Toma del Norte”, recuerda Reinel Z.*, exdetective del DAS.

Las labores de espionaje develaron la forma en que la banda extendía sus redes en las actividades de construcción: a través de contactos en dependencias de la Alcaldía y trámites fraudulentos, les quitaban los predios a personas que tenían título de posesión, pero no escritura (en general los de estrato uno y dos); modificaban linderos, cédulas catastrales y especificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial para que terrenos no aptos para la construcción, fueran autorizados, o para que lotes que pertenecían al Municipio pasaran a manos de terceros; alteraban permisos de licencias y actas de Curaduría, para que infraestructuras que solo estaban autorizadas para ser de tres pisos, pudieran levantar cinco; y se legalizaban terrenos obtenidos de forma fraudulenta, con desplazamientos forzados, amenazas y homicidios.

“Les quitaban las casas a viejitos, a viudas, huérfanos, pura gente pobre”, expresa Damián T.*, otro exdetective. “Cuando tomaban posesión del bien, ponían a vivir ahí a gente cercana a la organización, o lo vendían para ser demolido y construir edificios”, agrega.

Reinel Z. comenta que la organización era contratada por ciudadanos inmorales que no tenían documentos en regla para hacer actos de compraventa, y estos se los conseguían con sus enlaces en las entidades públicas. “También buscaban a inversionistas y les ofrecían terrenos para construir apartamentos, después de desplazar a los habitantes”, dice el investigador.

En cuanto a las extorsiones, la cuota inicial para permitir el despegue de grandes proyectos podía alcanzar los $120 millones.

Con la información obtenida, la Fiscalía solicitó 60 órdenes de captura y el 25 de agosto de 2011, 100 detectives y 40 soldados de la Cuarta Brigada detonaron la Operación TNT.

No solo allanaron las casas de los integrantes de “Pachelly”, sino la Oficina de Catastro y la Alcaldía de Bello, decomisando documentos y archivos digitales.

Aquel día y en la semana siguiente apresaron a 23 personas, a otras 15 les notificaron los nuevos cargos en las prisiones donde pernoctaban.

El operativo, sin embargo, fue infiltrado. En seis celulares de los detenidos se encontraron mensajes de texto advirtiéndoles que escaparan porque la Fuerza Pública iba en camino. Así los cabecillas lograron huir.

La alerta al parecer no les llegó a tres policías corruptos ni a Luz Dary Rodríguez Sánchez, técnica operativa de Catastro Municipal, quienes fueron arrestados. Las autoridades no tuvieron más remedio que reconocer que estaban permeadas por la mafia, aunque esgrimieron aquel clásico discurso de que “por algunas manzanas podridas” no se puede juzgar a todos.

La operación, aunque en efecto fue una bomba, no alcanzó a detonar del todo. TNT coincidió con el proceso de liquidación del DAS, en medio de los escándalos por las “chuzadas” a opositores del Gobierno y filtración de información clasificada para los criminales.

“Nosotros teníamos identificadas a 200 personas de la banda, y había más funcionarios ahí. No alcanzamos a judicializarlos a todos porque estábamos en liquidación y desde Bogotá nos dijeron ‘¡hagan esa operación ya, con lo que tengan!’”, se lamenta Reinel Z.

En las grabaciones interceptadas quedaron reseñados dos servidores públicos que dialogaban con gente de “Pachelly” y “Niquía Camacol”. A uno le decían “el Secre” y a otro “el Muchacho de Sistemas”, encargado de manipular las bases de datos para expedir certificados piratas.

“Cuando allanamos la Alcaldía, ‘el Secre’ se encerró a llorar en una oficina. Pensó que íbamos por él, pero no alcanzamos a sacarle la orden de captura”, precisa el agente.

Se habló de ejecutar una segunda fase de la Operación TNT, pero en 2012 se extinguió el DAS y las pruebas recaudadas quedaron archivadas en el trasteo a la Fiscalía, dejando a estos dos personajes como cabos sueltos y, hoy en día, libres.

La ley del silencio

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El temor que ha manifestado el arquitecto Waldir N., a que le caigan “los de la moto a la oficina” si llega a denunciar el tema, nació en un episodio ocurrido en Niquía, la comuna que más creció en urbanismo y comercio, convirtiéndose en el nuevo centro de Bello y la joya de la corona para el hampa.

“En un proyecto de una torre de apartamentos había fines de semana en los que no se pagaba a tiempo la vacuna, que era de 30.000 pesos. Entonces, los del combo empezaron robándose una impresora, luego se desapareció el computador. El administrador instauró un denuncio en la Fiscalía, y no había pasado un día cuando llegaron los de la moto, con ese mismo denuncio en la mano, y lo golpearon para que lo retirara”.

Aunque maltrecho, este ciudadano sobrevivió. Otros denunciantes no corrieron con la misma suerte. El 4 de mayo de 2013 fue asesinado un líder del proceso de restitución de tierras, Iván Darío Restrepo García, por mercenarios disfrazados de policías que lo acribillaron a tiros en su casa del barrio La Gabriela. Llegaron a las 6:30 p.m., justo después de que partieran los escoltas que el Estado le había asignado por las amenazas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) informó que el fallecido había denunciado a la organización “los Triana” por cuatro locales comerciales que le arrebataron. Además, “Restrepo se había empeñado en demostrar las alianzas entre la banda y agentes de la Policía”, según el comunicado de la ONG.

Su queja se enmarcaba en una problemática que padecen 50 familias de La Gabriela, en el costado suroriental de Bello, que fueron despojadas de sus casas.

El pasado 4 de julio, el Gaula Metropolitano capturó a 16 presuntos militantes de la agrupación en la Operación Vulcano, sospechosos de los desplazamientos forzados y la muerte de Restrepo. En el informe oficial, la Policía indicó que, tal cual hicieron con la esposa y los tres hijos del difunto, la banda suele desplazar a las personas “para quedarse con sus bienes”.

El 21 de febrero de 2014 mataron a balazos a Wilmar Ríos Gil, propietario de un depósito de materiales para la construcción que había denunciado las extorsiones que le imponía la banda “Niquía Camacol”, arrebatándole dinero e insumos para las obras en las que se involucraban.

Ese día salió en su volqueta a entregar un pedido de ladrillos, cuando los sicarios motorizados tirotearon el vehículo. También murió su escolta asignado, el patrullero Andrés Marín Acuña, y el ayudante Albeiro Arenillas; otros dos trabajadores, que iban en el volco, quedaron heridos.

Al alto grado de intimidación se suman episodios de corrupción, que terminan amordazando a los afectados. Yorman Q. relata que a una de las torres del centro de la ciudad “llegaba una patrulla cada semana y se quedaba conversando con los muchachos que la banda había puesto a trabajar en la construcción. Esos policías vacunaban a los que a su vez vacunaban la obra”.

Por nexos con “Pachelly” han sido arrestados, al menos, 10 policías en los últimos cuatro años, incluyendo al patrullero Robert Quintana Murcia, quien el pasado mes de junio fue sentenciado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín a la máxima pena contemplada en el Código Penal Colombiano: 60 años de cárcel. Según el reporte de la Fiscalía, este y otros uniformados “eran los encargados de montar retenes para verificar los contenidos de los automotores de carga y pasar la información al resto de la banda”, que luego asaltaba camiones y en algunos casos mataba a los choferes.

Y por trabajar para “los Triana”, el 9 de febrero de 2011 fueron capturados y luego condenados seis policías, incluyendo al teniente Johny Villegas, comandante de la estación del municipio de Caldas.

El pasado 26 de agosto en una entrevista para El Colombiano, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, fue indagado sobre la corrupción en su institución. “Con frecuencia debemos capturar policías porque cedieron a tentaciones. Es una lucha que siempre debemos estar librando”, respondió.

La ciudadanía, en persona y a través de las redes sociales, tiende a justificar la ausencia de denuncias en la desconfianza a las autoridades. Es que a los episodios reseñados se suman las capturas en los últimos siete años de personas emblemáticas de Bello, por asociarse con el crimen organizado.

El caso más sonado es el del abogado Óscar Suárez Mira: bellanita de nacimiento, quien fue alcalde, congresista, empresario y el principal barón electoral de la zona, perteneciente a un clan familiar que posee decenas de propiedades, negocios y relaciones comerciales.

La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2013 a nueve años de cárcel por nexos con las Autodefensas, y en la misma sentencia (acta N°236) compulsó copias para que también se le investigue “por la probable comisión del delito de constreñimiento al sufragante y concierto para delinquir por acuerdos con bandas criminales”.

También fue condenado uno de los principales promotores de empleo: Hugo Albeiro Quintero, exgerente de la empresa Bellanita de Transportes, que cuenta con la flota de buses y taxis más grande del norte del Valle de Aburrá y genera unos 3.000 puestos de trabajo. La pena fue de siete años y medio de prisión por financiar grupos al margen de la ley y actualmente está en libertad condicional.

Después llegaron los arrestos de Luz Dary Rodríguez, la empleada de Catastro, y Adriana María Alzate Sierra (2011), coordinadora de la Casa de Justicia de Bello y precandidata a la Alcaldía de Amalfi, quien fue sentenciada a cuatro años de cárcel “por hacer parte de la banda ‘Niquía Camacol’”, según la Fiscalía.

También, por compartir información confidencial de procesos judiciales y asesorar a “los Triana”, condenaron a cinco años y 10 meses a Ílvar Alfonso Delgado Ruiz, fiscal 220 Seccional de Bello.

A juicio del secretario de Gobierno Municipal, Édgar Callejas, “cargamos con situaciones del pasado que ya son superadas. Esta administración tiene el compromiso de combatir los focos de corrupción que se puedan dar, estamos dispuestos a poner en la picota pública a estas personas”.

Los de la rosca no pagan

– “Vea, la solicitud sería la siguiente: estás haciendo una obra en el sector de nosotros, ¿cierto? Tenemos órdenes por la Alcaldía, por otras oficinas, por la Mesa de Trabajo, en que todas las obras que lleguen a hacer en el barrio, los pelados lleguen a cobrar su vigilancia. Diga si nos va a colaborar o dejamos la cosa así como está”.

La advertencia es proferida por alias “el Grande”, cabecilla de “Niquía Camacol”, al administrador de un proyecto de vivienda en su sector. El diálogo está en una grabación del 9 de febrero de 2011 y hace parte de la evidencia que la Dirección de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado ha recopilado contra esa estructura.

En otras interceptaciones (26/10/10 y 30/10/10), “el Grande” le reporta a su socio “Miguel” que están cobrando 50.000 pesos diarios de vigilancia por obra e instruye a un funcionario de las Empresas Públicas, que se aprestaba a tapar unos huecos, sobre cómo funcionan las cosas en su territorio: “En toda obra que hacen en los barrios deben colaborar los pelados de por ahí. Colabore con $25.000 o $30.000 por cada día que tengan eso ahí, porque barrio es barrio y en un barrio no se zafa el ladrón, y los pelaos le están poniendo cuidado a la herramienta, y ellos también necesitan con qué comer”.

En una grabación del 03/1/11, “Juan”, de “Niquía Camacol”, se enoja porque los de la banda de “el Mesa” se adelantaron en la extorsión a una obra de reforestación en las laderas de Bello, en la que cobraron $500.000 de cuota inicial. “Dígale a ‘el Montañero’ (cabecilla de ‘el Mesa’) que no puede disponer de eso, que nos dañó el flete, dígale a esa gonorrea, o que sino responde él”.

Sentado en una taberna, dándole sorbos a su tercer tinto de la tarde, el comerciante Emilio W*. susurra una máxima que refleja las imposiciones registradas en los audios. “En Bello se está haciendo popular que los contratistas, dentro del presupuesto de la licitación, incluyan secretamente el rubro de extorsión. Todo el pueblo está vacunado, ese es el corrillo callejero”.

Los únicos que se salvan de los pagos son los que están “en la rosca”, como él los llama. “¿Por qué hay gente que construye y se pavonea? ¡Porque está en la rosca! Y para estar ahí hay que ser amigo de los pillos y colaborarles de vez en cuando, entregándoles un apartamento o dos por edificio”.

El detective Reinel Z. acota que “los cabecillas pueden tener hasta 10 apartamentos a nombre de terceros”. Teniendo en cuenta que las viviendas de interés prioritario (VIP) tienen un valor máximo de $43 millones (decreto 0075 de 2013), el botín de inmuebles por cada patrón rondaría los $430 millones; y si se trata de viviendas de interés social (VIS), cuyo tope es de $83 millones, se acercaría a los $830 millones. Los que antes eran simples matones de barriada, hoy posan como “señores” de la propiedad raíz.

“Varios proyectos de interés social o prioritario, que son para la comunidad menos favorecida, están siendo flagelados. Es una queja que nos ha llegado de los gremios colegas y de promotores inmobiliarios”, recalca Soto.

En algunos sectores las bandas no solo son vacunadores sino inversionistas de las obras, al estilo de “los Chatas”. Sucede en Niquía y el Centro, donde según la Alcaldía el metro cuadrado oscila entre $1’800.000 y $2’000.000, así como en los barrios Pérez, San Martín, París, Espíritu Santo, Trapiche y la parte alta de Pachelly.

Las reuniones de quienes están en la rosca y los cabecillas se realizan en fincas de la vereda Primavera, el corregimiento San Félix y el área semirrural del barrio San Martín.

“Allá no faltan las trabas con marihuana y las orgías. Lo que no se arregle por allá, es porque no quieren”, narra Emilio W.

Entre los personajes de la rosca que estarían aprovechando la bonanza constructora de la mano de los combos, están “el Señor Nando” y “Pollo”, un par de comerciantes veteranos y propietarios de locales y bienes raíces, que también fueron mencionados en las grabaciones de la Operación TNT.

Los que no están en la fraternidad de la mafia del ladrillo, padecen el azote de las vacunas, incluso la gente más pobre.

El maestro de obra Ferney D.*, sentado en el amplio mueble de su sala, relata que se quedó sin trabajo por culpa de los maleantes de “Niquía Camacol”. Fue contratado por una señora para “echarle plancha a la casa en el barrio La Cumbre, pensando en ponerle segundo piso más adelante”.

Un día llegó y vio a los muchachos de la moto estacionados frente a la fachada. “Ya no podés trabajar más aquí, la cucha no está dando la colaboración”, le dijeron los jóvenes. Con el rabo entre las patas y un bulto de cal, le tocó devolverse a su casa.

En zonas periféricas, en especial de las comunas 6 y 7 (Bellavista y Altos de Niquía), los antejardines son vendidos a terceros sin autorización de los dueños. En ese espacio llega un nuevo inquilino a construir su rancho, y punto.

El concejal Francisco Veléz opina que “en Bello la construcción se está desbordando, no sé quién está construyendo tanto, ni quién está comprando tanto, porque todo lo que se construye se vende”.

¿Los constructores no pierden?

El secretario de Gobierno de Bello, Édgar Callejas, se siente maniatado porque ni en su despacho, ni en la Fiscalía Seccional ni en el CTI hay denuncias formales sobre este asunto de la construcción. Entiende el temor de la población, pero sin esos registros, “para nosotros es imposible adelantar procesos, porque lo que puede pasar es que sea una cuestión que se esté manejando muy por debajo, y eso nos genera un impedimento para actuar”.

Las quejas al parecer se están entregando en niveles superiores del orden Departamental, porque el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, sí ha “recibido de ciudadanos y diputados información de ese tema. Lo hemos hablado con el general Mendoza de la Policía Metropolitana y con el Gaula. Es un tema que ya tiene una historia en Bello, pero el reto es confrontarla de manera rápida, hay un Gaula Metropolitano que debe asumir eso”.

Frente al auge de las extorsiones, cabe preguntarse: ¿por qué, en vez de decrecer, el fenómeno de la construcción sigue aumentando en Bello? ¿Por qué no se espantan los inversionistas?

El comerciante Emilio W. dice que “el negocio sigue siendo muy rentable, el margen de utilidad da con qué pagar la vacuna y sobra”.

Y el arquitecto Waldir N. concluye que “el afectado es el cliente final, porque el constructor no va a perder. Para él, el gasto de la extorsión se suma al presupuesto final y lo paga quien compra el apartamento, el constructor ajusta su plata con el bolsillo del cliente”.

El Colombiano quiso conocer la postura oficial de otros representantes del gremio de arquitectos, constructores e ingenieros sobre este punto. De nuevo apareció la ley del silencio, algunos dirigentes pidieron no ser citados, otros no quisieron, unos más dijeron no ser los más indicados para declarar y el último, mermando el volumen de su voz, hizo evidente el terror por los de la moto: “Si hablo de esto, me pongo una lápida en el cuello”.

*Nombres cambiados por petición de las fuentes.

Fotos: Esteban Vanegras, Santiago Olivares Tobón

*Esta investigación se desarrolló en el Seminario Taller de periodismo especializado en la cobertura de seguridad ciudadana, del que participaron 20 periodistas de América Latina. El encuentro organizado por la FNPI (Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) fue en Bogotá, Colombia en mayo de 2014.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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