Colombia: las minorías que quieren llegar al Congreso

Adriana Cely, impulsora de la ley Rosa Elvira Cely; Gina Potes, primera mujer quemada con ácido; y Fernando Merchán, primo del youtuber cristiano Super OO, harán parte del movimiento “Adelante Colombia”. Tienen que recolectar 50 mil firmas para ser candidatos al Senado.

Gina Potes relata su dolor para que no se escriba otra historia igual. Hace 21 años se convirtió en la primera mujer quemada con ácido en el país. “¡Quién la mandó a ser tan bonita!”, gritó un hombre mientras lanzaba el agente químico en su rostro. Hoy recuerda el episodio como una sobreviviente, como una activista y como aspirante a congresista: quiere llegar al Senado en 2018, para que casos como el suyo no se repitan.

Ella es una de las 18 víctimas de distintas violencias que sueñan con aspirar al Congreso a través del movimiento “Adelante Colombia”, que apenas está naciendo. Había descartado lanzarse a la política cuando partidos tradicionales se lo propusieron, pero cambió de decisión cuando al otro lado del teléfono escuchó la voz de Adriana Cely, la hermana de Rosa Elvira Cely (cuyo asesinato hizo que se unieran fuerzas y se creara el delito de feminicidio en Colombia). Había una propuesta con otras caras, con “gente nueva, de a pie”.

Adriana también quiere instalarse en el Legislativo para que el caso de su hermana no vuelva a ocurrir. “Estamos indignados, pero hay que hacer algo para el cambio”, asevera, quien abandonó sus intereses en moda para estudiar trabajo social y apoyar a mujeres víctimas de la violencia machista. Al momento de la llamada, Fernando Merchán, defensor de derechos humanos, la había convencido de que hiciera parte del movimiento que ideó hace dos meses. Para ese entonces el debate del referendo contra la adopción igualitaria, propuesto por la senadora Viviane Morales, había dividido al país y a su propia familia. En una esquina quedó su primo Oswaldo Ortiz, youtuber cristiano y partidario de prohibir que las parejas gais adopten niños en Colombia; y en la otra, quedaron él y su esposo, a quienes la iniciativa legislativa les afectaba directamente.

Según Merchán, todo empezó con una carta que le escribió públicamente a Ortiz para reclamarle la discriminación. “Esta persona de mi familia dijo cosas que me afectan en mi esfera personal, como ser humano. Dijo que soy un monstruo, que no tengo derechos, que solteros y viudas no pueden adoptar. Tuve la necesidad de alzar mi voz. Y después recibí miles de mensajes de indígenas, negros, mujeres gordas, LGBTI, y desplazados por la violencia que han sido discriminados”, cuenta el abogado.

Reunió a un equipo, quiso conformar un movimiento político para defender esos derechos humanos, y en tiempo récord empieza a tomar forma. ¿Quiénes lo integran? “Gente que ha vivido la violencia, pero que no se ha victimizado y ha encontrado una oportunidad de ayudar a otros”, responde Merchán, quien es la cuota LGBT de la organización. A su lado asienta Víctor Carpio, líder indígena y futuro candidato. Hace cuatro años él llegó a Bogotá desde Chocó, desplazado por las Farc. Había sido declarado objetivo militar junto a otros representantes del pueblo wounaan.

El 17 de julio registraron el comité promotor, que velará por recolectar 50 mil firmas que avalen su movimiento. Los recorridos ya iniciaron por Caldas, Chocó, Antioquia, La Guajira y Bogotá. Antes del 11 de diciembre deben estar en poder de la Registraduría para ser revisadas, pero planean entregarlas el 31 de octubre. Si reciben el visto bueno de la entidad, podrán presentar una lista de 18 candidatos al Senado. Pero el camino es largo y piedroso. La meta de volverse un partido político y tener personería jurídica se cumplirá si logran el umbral del 3%, lo que representaría unos 350 mil votos.

“El Congreso tiene que legislar para todos, porque todos contamos. Claro que tendré una agenda LGBT, pero esa es solo una parte de la batalla, no el todo. Aquí estoy luchando por comunidades que, como yo, han sido discriminadas. Si algunas fuerzas políticas se unen y llegan al poder el otro año, no van a llegar a darnos más derechos, sino a quitarnos”, agrega Merchán.

Los miembros del colectivo coinciden en que los partidos tradicionales no los representan, y que al Congreso le ha quedado grande la tarea de legislar sobre derechos fundamentales, la violencia contra la mujer (a cuyos debate asiste el ausentismo), los derechos LGBT (que solo se han otorgado vía Corte Constitucional), la diversidad étnica, las personas con discapacidad y la atención a víctimas de ataques con ácido. “Indiferentes, insensibles y elevados”, así califican a los legisladores.
Aunque en 2016 se expidió la ley que creó el delito de “lesiones con agentes químicos o ácido”, castigado hasta con 50 años de prisión, Potes asegura que no es suficiente y que el caso de Natalia Ponce fue el ícono, pero hay más detrás de ella. Se pregunta: “¿cómo es posible que en Colombia habiendo más de mil víctimas, una sola tenga justicia, tenga la máscara, la lycra y toda la atención? Nos alegra por ella, pero ¿qué pasa con la madre cabeza de hogar con el rostro desfigurado que si desayuna no almuerza?”.

Su pelea, a través de la Fundación Reconstruyendo Rostros, le ha valido su seguridad: camina entre guardaespaldas. A su lado está Borja. La violencia la tocó desde niña y se ensañó con su integridad sexual. Familiares y amigos de su papá abusaron de ella desde pequeña, y a los 12 años escapó de su casa por miedo a un castigo si revelaba los vejámenes. Trabajó como empleada doméstica, y estando en una casa que atendía uno de los hijos de la dueña la violó nuevamente. Producto del abuso tuvo una niña, una de sus seis hijos.

La guerra fue su segundo escenario de violencia. La líder comunitaria y directora de la “Asociación mutual de la mujer por un mejor vivir” cuenta que el frente 17 de las Farc la reclutaron en Acacías (Meta) y se la llevaron a San José del Guaviare. Escapó en una visita a sus hijos y durmió por dos meses en uan buseta de la capital. No está registrada en la Unidad de Víctimas porque no cree en la justicia. Así como tampoco en los políticos que para esta época aterrizan en el barrio en busca de votos seguros.

Algunos de los proyectos de “Adelante Colombia” apuntan a mejorar las condiciones laborales de los profesores, y acabar con el abuso de los contratos de prestación de servicios; posicionar el biliguismo como una prioridad; promover la financiación ideas de emprendimiento y la equidad de género; impulsar nuevas leyes para erradicar las prácticas discriminatorias; que todos los partidos políticos divulguen sus estados financieros; y crear una app para que desde cualquier parte del país se puedan denunciar casos de corrupción o negligencia de los servidores públicos.

De conseguir las 50 mil firmas, el nuevo movimiento político que nazca tendrá que enfrentarse a los 13 partidos y movimientos políticos con personería jurídica del país, en el experimentado y maquinado mundo de las elecciones legislativas.

*Este artículo se realizó en el marco de la Beca Cosecha Roja. También se publicó en El Espectador

Pilar Cuartas Rodríguez
Pilar Cuartas Rodríguez

Periodista de El Espectador, Colombia. Becaria de Cosecha Roja.

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