Condenan a dos policías por la desaparición forzada de Iván Torres

Ni-un-pibe-menos

La última vez que vieron a Iván Torres fue en la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia hace trece años. Los testigos apuntaron a la policía local y contaron que el joven de 26 años era hostigado por los agentes: antes de despedirse de sus amigos, pasó el móvil 294 que siempre lo detenía. Hoy la justicia condenó a los ex policías Fabián Tillería y Marcelo Chemín a 15 y 12 años de prisión por la desaparición forzada de Iván. A pesar de los seis absueltos, para los organismos de Derechos Humanos es una victoria porque los jueces cambiaron la carátula de privación ilegítima de la libertad como había pedido la Corte Interamericana. “Es un fallo histórico”, dijo a Cosecha Roja Lucas Krmpotic, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut.

Antes que Iván desapareciera, la policía de Chubut lo detuvo varias veces. En agosto de 2003, fue por averiguación de antecedentes. El 26 de septiembre, por “actitud sospechosa” cerca del Hospital Regional. El 30 de ese mismo mes, un hombre acusó a dos chicos de robar un discman en una remisería. Le dijo a los policías que estaban en la casa de Iván: el allanamiento terminó con un amigo golpeado y una amenaza de muerte del oficial Chemín. “Vos no te metas porque te voy a terminar bajando”, le dijo. La noche de la desaparición, Chemín estaba de servicio y Tillería era el comisario a cargo de la seccional.

El 2 de octubre de 2003, Iván y dos amigos se juntaron en la plaza Soberanía, cerca de la costanera de Comodoro Rivadavia. Era casi de noche cuando le dijo a su mamá que iba a jugar un partido de fútbol. Más tarde, un móvil de la policía local pasó cerca de ellos mientras se despedían. Iván no volvió a su casa. Su mamá quiso hacer la denuncia, pero no se la tomaron. Se la aceptaron recién cuando la noticia salió en los diarios locales. Los amigos ya habían sido advertidos por la policía: a Iván lo iban a “dar vuelta.

David Hayes compartió celda con Iván en una de sus tantas detenciones. Fue testigo de cómo le pegaban entre varios, identificó a todos los que estuvieron esa noche y señaló el lugar donde cayó desmayado Iván. Según un informe del CELS, a Hayes lo asesinaron en 2005. Pero no fue el único, otras seis personas que testimoniaron en la causa tuvieron muertes violentas. “A Fernando Haro lo castraron antes de matarlo. A ningún fiscal o juez se le ocurrió que ese caso podía estar vinculado”, dijo Krmpotic. Todos los testigos contaban con la protección de la Corte IDH.

La Gendarmería encontró escrito en la puerta del móvil 294 el nombre de Iván. Con esa pericia y con varios testimonios, se pudo comprobar que estuvo hasta las tres de la madrugada en la comisaría. En el primer juicio, el Tribunal compuesto por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego, Nora Cabrera de Monella y Marta Yañez juzgó a los 14 oficiales, pero caratuló la causa como “privación ilegítima de la libertad”. La Procuvin se presentó como querella porque la familia de Iván repudió al Tribunal: dijeron que era un “juicio falso”.

El caso de Iván sirvió para promover la inclusión del delito de ‘desaparición forzada’ en el Código Penal. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció que el Estado argentino debía dar con el paradero del joven. En marzo de 2014, el Estado indemnizó por 182 mil dólares a la familia del joven. “Se convirtió en una espada para las causas como la de Luciano Arruga y la de Walter Bulacio”, dijo Krmpotic.

Hasta la lectura del fallo, los oficiales siguieron ejerciendo su cargo. Tillería no salía a la calle, pero hacía tareas administrativas. Hoy, el Tribunal les prohibió a él y a Chemín salir del país sin autorización hasta que la sentencia quede firme. A los oficiales Mario Gómez, Hernán Leiva, Pablo Ruiz, Nicolás Fajardo, Sergio Thiers y Sebastián Sifuentes los absolvieron, a pesar de que habían sido acusados como coautores de desaparición forzada.  “Los ocho imputados estaban presentes en el momento de la detención. Ninguno podía desconocer lo que pasó”, explicó Krmpotic. Según el artículo 1 de la ley 26.679 de delitos contra la libertad, la condena por la violación a la libertad individual va desde los 10 hasta los 25 años de prisión.

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La policía de Chubut tiene prontuario. En 2010, Sergio y Denis Aballay denunciaron abusos policiales y los asesinaron en Trelew. En marzo de este año, condenaron a dos policías a un año de prisión en suspenso por “pegarles un baile” -jerga militar- a tres detenidos: les pedían que hicieran saltos rana, que hicieran sentadillas y flexiones y, de pronto: “¡cuerpo a tierra!”. En mayo, tres policías golpearon a dos jóvenes, les sacaron fotos y las amenazaron con subirlas a Facebook. En Julio, el Ministerio Público de la Defensa presentó un informe semestral en el que indicó que se acentuó la tasa de encarcelamiento en la provincia: hay 519 detenidos en una población de 506.668.

No se trata de un caso aislado en Chubut. La policía de Trelew carga con la impunidad del asesinato de Julián Antillanca, el 5 de septiembre de 2010. Tenía 20 años y la policía lo molió a golpes y lo subió muerto a una patrulla. El cuerpo apareció tirado en la calle y los investigadores encontraron rastros de sangre en el móvil policial. El año pasado, la Justicia declaró culpables a cuatro agentes, entre ellos, el jefe de la Comisaría 4ta, que dijo que Antillanca había muerto de un coma alcohólico.

 

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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