Córdoba: adolescentes presos no irán a cárceles de mayores al cumplir los 18

cordobaLa medida ordena que los jóvenes de 18 a 21 años privados de su libertad se alojen en centros especiales y no en cárceles para adultos. La Justicia Penal juvenil pretende evitar la pena y buscar que, progresivamente, los chicos se reintegren a su familia y a la sociedad. Además, en los próximos seis meses deberá reglamentarse el funcionamiento de los centros socioeducativos.

 

Por Waldo Cebrero.-

– ¡Basta, loco! Estos chantas se pasaron de la raya. No podemos seguir así.

El que hablaba exaltado era uno de los ocho chicos que el 27 de mayo del año pasado ocupaba el instituto Horizontes, uno de los cinco edificios para menores en conflicto con la ley penal que integran el Complejo Esperanza, en las afueras de Córdoba. Por las ventanas enrejadas veían el sol a rayas que se iba. Eran las ocho de la noche y ese domingo, otra vez, las visitas no habían entrado.

Media hora después sonó la alarma. Los guardias fueron recibidos por una espesa columna de humo expulsada de los colchones y un televisor. Un grupo había tomado a dos de sus compañeros como rehenes y pedía un teléfono para hablar a sus familias, mejores condiciones edilicias y un trato amable de los vigilantes.

–Estos giles no nos verduguean más– decía uno de los cabecillas de aquella toma que duró cuatro horas. Hacía poco había cumplido 18 años dentro de ese instituto con nombre de iglesia evangélica, que se proponía “socioeducarlo”.

No era el primer motín en el año. En otro instituto del mismo complejo, un grupo se había revelado días antes, por las mismas razones. Y el 30 de enero, los empleados tomaron el Complejo Esperanza para denunciar el estado de abandono del lugar en donde diariamente viven los menores.

Sin embargo, aquel 27 de mayo, el director del complejo, Gonzalo Ponce, dijo que “fue un intento de fuga”. La conclusión del por entonces Defensor de los Niños de Córdoba, Héctor David, fue que se debían a “la mala influencia” de los mayores de 18. Por eso en agosto de 2012 decidió presentar en los juzgados de Juventud y Niñez de toda la provincia varios recursos de “acción colectiva innominada”. Exigía que los “mayores de 18 años -alojados en el Complejo Esperanza- fueran puestos en libertad o trasladados a establecimientos de adultos”.

El pedido del defensor fue rechazado por tres jueces. El último fallo lo dispuso la titular del Juzgado Penal Juvenil N°6, Liliana Merlo, el 5 de abril de 2013. Todos los magistrados coinciden en que los jóvenes de 18 a 21 años privados de su libertad “siguen manteniendo la categoría jurídica de menores delincuentes” y exhortaron al ejecutivo provincial a que “garantice el alojamiento a los jóvenes hasta los 21 años” en centros especiales y no para adultos. El veredicto de la jueza Nora Giraudo fue más allá: impuso la obligación de que “en término de seis meses”, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que tiene a cargo el Complejo Esperanza, “reglamente el funcionamiento interno de los centros socioeducativos”.

–En el estado actual de los institutos, los motines son la única esperanza de los chicos para ser escuchados–dijo a Cosecha Roja Marysel Segovia, docente del seminario “Distintos paradigmas sobre la condición jurídica de la infancia”, que dicta la UNC.

Segovia, que conoce por dentro el complejo, dice que al no haber reglamento interno, son los mismos guardias quienes establecen las normas de convivencia. La relación entre los menores y sus carceleros empeoró desde el último trimestre del año pasado, cuando la gestión de José Manuel de La Sota decidió sacar los equipos profesionales (psicólogos y trabajadores sociales) del interior de los institutos, y llevarlos a un edificio aislado.

–Desde entonces, no hay ojos que observen las permanentes situaciones de vulneración de derechos que sufren los menores –dice Segovia–. Están ellos y los guardias: los que deciden cuánto tiempo salen al patio, qué sanciones se aplican y a quiénes.

Héctor David, el ex Defensor de los Niños que pretendió mandarlos a una cárcel común, fue ministro de Seguridad en el anterior gobierno de De la Sota. Cosecha Roja quiso saber qué motivó su pedido. El ahora abogado particular negó que haya sido a raíz de un hecho puntual: “Los más grandecitos son promotores de los revuelos y la mala conducta en el resto. Vulneran sus derechos. Son cuestiones que observamos en un estudio que hicimos durante seis meses”, explicó. También negó haber pedido el traslado a los establecimientos para adultos. Lo que ahora niega, lo dejó por escrito en su presentación. El disparador: el motín del 27 de mayo de 2012, del que participó un joven de 18 años y pidió que todos los mayores de 18 (en ese momento unos 40 chicos) fueran “dejados en libertad o trasladados a establecimientos de adultos”.

–En la Justicia Penal juvenil pretendemos evitar la pena –explicó la jueza Nora Giraudo a Cosecha Roja–. Buscamos que, progresivamente, los niños vayan reintegrándose a su familia y a la sociedad. Si un menor comete un delito y al cumplir 18 lo enviamos a una cárcel común, donde no tiene régimen socioeducativo, lo estamos condenando de antemano.

Dentro del Complejo Esperanza  hay cinco institutos: Centro de admisión, Horizontes, Pasos de Vida, Nuevo Sol y San Jorge, con capacidad total para albergar a 450 menores. Hasta la semana pasada, en el lugar había 272 chicos, 88 de ellos mayores de 18 años. Los tres jueces que fallaron coinciden con el defensor en que no debe haber contacto entre mayores y menores de 18 años. ¿Qué hacer con esos jóvenes?  El dilema tiene su origen en el vacío jurídico que existe desde que en 2009 se bajó por ley la mayoría de edad, de 21 a 18 años, sin que se haya actualizado el régimen penal juvenil. Los jueces propusieron aprovechar el espacio ocioso y alojarlos en un edificio exclusivo dentro del complejo.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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