Córdoba: el narcoescándalo empezó por un fajo de billetes falsos

Policía-de-Córdoba-630x350Cosecha Roja.-

Juan Francisco Viarnes se dedicaba a comprar y vender ropa, hacer negocios con autos y changas para la policía de Córdoba. Actuó de agente encubierto, de narco, de abogado, de policía y de militar. En julio de 2013 se peleó en público con un hombre al que estafó. Lo detuvieron, allanaron la casa y encontraron 341 mil dólares falsos. Sus amigos policías le soltaron la mano y decidió contar todo: así empezó el narcoescándalo. El fiscal de la causa Enrique Senestrari y Félix Crous -titular de la Procunar- pidieron la elevación a juicio de seis expolicías imputados por narcotráfico y de Viarnes, el soplón, que está prófugo.

El modelo de negocio de los narcopolicías era un pulpo: además del ingreso fijo -le cobraban a los narcos de la zona para no interferir en sus negocios-, cada uno cumplía varias funciones y generaba ganancias de diferentes formas. A veces a Viarnes le tocaba contactar narcos implicados en investigaciones policiales y les ofrecía hacer negocios. Una vez tuvo que actuar de abogado para contactar a familiares de detenidos y pedirles plata a cambio de darles una mano en los tribunales. Si no funcionaba, los amenazaba con empeorar su situación procesal. La última opción era la advertencia de “embagayarlos”: al que no pagaba, mágicamente le aparecía droga entre sus pertenencias. Los policías la conseguían en otros allanamientos: una parte la usaban para plantar las pruebas falsas y otra la vendían en el boliche “Palmira Cerro” o en “La Previa”, en Alta Córdoba. También se quedaban con los relojes, cadenas y otros objeto de valor que aparecieran en los procedimientos.

Cuando hacía falta, Viarnes se convertía en un falso testigo, ayudaba a armar sumarios policiales y simular procedimientos. Con esa documentación, los policías conseguían órdenes de allanamiento y de detención para quienes no pagaran la cuota. Todavía hay personas presas que cumplen condenas por causas que los narcopolicías les armaron en procesos fraudulentos. Mientras, Viarnes tiene pedido de captura. “Estamos en tareas de búsqueda: o está prófugo o alguien se encargó de que no aparezca. No es descabellado pensar que le puede haber pasado algo”, dijo a Cosecha Roja Senestrari.

La causa por el narcoescándalo tiene tres muertos: el oficial Juan Alós (lo encontraron con un balazo en la cabeza en el interior de su auto en la zona de Alta Gracia, en septiembre de 2013), la agente Damaris Roldán, de 24 años (que apareció muerta el 17 de septiembre en un baldío el mismo mes) y subinspector Lucas Emiliano Paredes que, dijeron, se suicidó cerca de Bosque Alegre.

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En julio de 2013 a Viarnes le soltaron la mano. Según contó el periodista Waldo Cebrero en Tiempo Argentino, el viernes 19 un hombre interceptó al falso agente en una estación de servicio. Le gritó que era un cagador: le había comprado a su papá un auto y había pagado 41 mil dólares con billetes falsos. Después de los insultos se agarraron a piñas, llegó la policía y fueron a parar a la comisaría. Más tarde allanaron la casa de Viarnes en el barrio Cerro de las Rosas y encontraron 341 mil dólares falsos en billetes de cien y las credenciales de policía truchas.

Viarnes sostuvo el acting, dijo que trabajaba para Drogas Peligrosas y llamó al comisario mayor Rafael Sosa pero no consiguió que le dieran una mano. Entonces decidió hablar y el 8 de agosto declaró frente al fiscal federal Enrique Senestrari. Se presentó como víctima, dijo que había estado amenazado y mostró dos heridas que le hicieron los policías con una pinza bracera. El fiscal confirmó que las heridas estaban pero no encontraron el elemento con el que se las hicieron. “Para ser una víctima, tenía una gran capacidad de movimiento”, dijo. “Comprobamos que todo lo que Viarnes denunciaba era verdad y hoy la investigación está documentada”, agregó.

Los dólares falsos los consiguió a través de Arturo Rossi, un negociante de Arroyito que hizo de intermediario entre Viarnes y los artesanos de los billetes. El negocio de la falsificación lo llevaban adelante en Rosario un hombre joven y su tío -Mario y Diómedes Carbone-.

Cuatro de los seis expolicías imputados llegarán al juicio presos: Sosa, el comisario Alfredo Seine, sargento Fabián César Peralta Dáttoli, el inspector Franco Argüello. El jefe de inteligencia Gustavo Julio González y suboficial Mario Osorio están libres aunque existe, según el fiscal, “riesgo procesal”. Se comprobó que González, mientras estuvo preso, envió órdenes para destruir un disco rígido que tenía datos importante para la causa. El mensajero se equivocó de destinatario y el mensaje llegó a la fiscalía, que pudo resguardar la información. Osorio robó un pendrive con conversaciones telefónicas de la policía desgrabadas que luego le incautaron en un allanamiento.

El requerimiento de elevación a juicio fue presentado en conjunto entre la fiscalía Federal de Instrucción de Córdoba y la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad). “El fiscal ha enfrentado situaciones muy complejas y momentos difíciles de confrontación pública con las máximas jerarquías de la provincia. Nosotros le damos todo el apoyo institucional y lo expresamos inequívocamente”, dijo a Cosecha Roja el titular, Félix Crous. También “aportan agilidad en la gestión de pericias, pedidos de acceso a la información y otras herramientas complejas de investigación”, dijo Senestrari.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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