Corrientes: ¿condenaron a un perejil para calmar a la sociedad?

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El pibe del video balbucea, apenas recuerda lo que tiene que decir. No sabe horarios, circunstancias. El policía que filma ayuda con el guión: a qué hora lo mataste, pregunta. José “Josele” Altamirano responde lo que quieren escuchar. La escena transcurre en los primeros días de agosto de 2015. Acaban de matar a Maxi Aquino, un estudiante de antropología. Le dieron quince puñaladas cuando intentaban robarle. Los vecinos dijeron que Josele podía tener algo que ver. Y la policía lo hizo confesar frente a una cámara. Más tarde, sus padres denunciarán que habló bajo tortura y con la amenaza de matar a toda su famlia. Pero ya no importará: para la sociedad, que viralizó el video en las redes sociales y los canales de televisión, el asesinato de Maxi Aquino ya estaba resuelto. Para la justicia también: un año después del asesinato, lo acaban de sentenciar a 22 años de prisión.

El Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) sostiene que se trata de un perejil: que lo condenaron sin pruebas. “Es lamentable. Josele no tiene nada que ver. No hay cámaras ni testigos que lo identifiquen al momento del hecho”, dijo a Cosecha Roja Gabriela Granada, abogada de ese organismo. Y agregó: “En función de las pruebas, el supuesto robo no se pudo comprobar. Entonces el tribunal lo condenó por homicidio donde también hay irregularidades”.

Ni fiscalía ni la querella quedaron conformes con la sentencia del tribunal compuesto por Héc­tor Gus­ta­vo Az­co­na, Juan Jo­sé Co­chia y Ma­ría Eli­sa. “Altamirano es un ladrón. Y mató a Maxi porque no pudo lograr su cometido: el robo”, dijo el abogado querellante Silvio Sosa.

“El tribunal dudó sobre los motivos por los cuales se lo estaba imputando. Por eso lo acusó de homicidio simple y no por robo con tentativa de homicidio. Pero ahora deberían explicar el motor que lo llevó a realizar el crimen, porque si no quiso robar, ¿por qué lo mató?”, dijo la defensora Granada.

Para la abogada,  la única prueba que sentenció a Altamirano fueron dos manchas de sangre de Aquino en un pantalón que en teoría es de Josele. Esas manchas, dijo Granada, no se pueden determinar como verdaderas porque no se hicieron los peritajes y la cantidad de sangre después de 15 heridas tendría que ser mayor. Y la cantidad de heridas no se condice con la fata de motivos para el asesinato “¿Cómo alguien que mató con esa saña no tiene ninguna intencionalidad?”, dijo,” ¿Qué pasó entonces?”.

***

 

El video donde Jose ‘Josele’ Altamirano confieza el crimen de Aquino se filmó bajo tortura y fue subido a youtube para demostrar que el crimen estaba resuelto. En la imagen, Josele está sentado en una silla de madera con la muñeca izquierda esposada y un ojo hinchado por los golpes. Es 1 de agosto del 2015, unas horas más tarde del asesinato de Maximiliano Aquino. Un policía de la Brigada de Investigaciones de Corrientes lo filma y le hace preguntas.

– ¿A qué hora era eso?

Josele mira para abajo, se rasca el gemelo con la mano libre y dice:

– Ocho, diez, no recuerdo.

– No, no, a qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora- insiste el oficial.

Josele piensa unos segundos.

-Más temprano era. A eso de las seis, siete de la tarde.

-No. Esta madrugada era, ¿no te acordas?- pregunta

– Estoy tan perdido que no me acuerdo- y gira su cabeza en forma negativa. Parece mareado. 

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La policía detuvo a Altamirano -acusado del asesinato de Aquino- en la Brigada de Investigaciones donde, luego de golpes y abusos sexuales, filmaron el video que a los cinco días el Diario Norte subió a YouTube. Lo titularon “Confesiones del asesino de Maxi Aquino” y circuló en las redes sociales y los canales de TV de la provincia.

A Maximiliano Aquino, estudiante de Agronomía, lo mataron el 1 de agosto del 2015 a las seis de la mañana. Aquino salía de un peña universitaria junto a Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fueron interceptados por una moto en la que viajaban dos hombres encapuchados. El acompañante se bajó y forcejeó con el joven, le dio quince puñaladas y lo dejó tirado en la vereda. Horas más tarde, murió en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.

Al inicio de las causas, la Policía correntina tiene la facultad de hacer tareas de investigación sin notificar antes a la fiscalía. Eso pasó en el caso de Josele. Fueron al barrio Cichero, cercano al barrio Seminario- donde vive Altamirano- y algunos vecinos – quienes no quisieron dar su identidad- señalaron que Josele podía llegar a estar vinculado. A partir del dato, los oficiales entraron a la casa de Altamirano sin ninguna orden y la revisaron con la excusa de que estaba robando televisores. Sus padres – Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz– no entendían el motivo. Lo único que llegaron a escuchar fue que un oficial al salir del cuarto de Josele dijo en voz alta “ya tenemos el paquete”. Una hora más tarde apresaron a Josele a orillas del río Paraná: estaba desenrollando un mallón de pesca junto a tres compañeros de trabajo. A las 18 horas, los oficiales volvieron a la casa, ahora con una orden de allanamiento autorizada por el juez y se llevaron pertenencias y tomaron fotos.

A Josele primero lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones donde, en su declaración indagatoria, denunció que recibió abusos sexuales, golpizas y amenazas on el objetivo que se hiciera responsable del crimen. Ese mismo día filmaron el video donde se lo ve casi inconsciente.

En la causa judicial el video no fue tomado en cuenta. Por los abusos de las fuerzas policiales, los padres de Josele contactaron al Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y al Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP). “En primer lugar ese video es una violación a los derechos fundamentales del proceso. Y además influyó en la conmoción social”, dijo a Cosecha Roja Gabriela Granada, abogada de OPPLeC. Y agregó: “Josele lo explicó en su declaración indagatoria: lo obligaron a hacerse cargo del homicidio y lo amenazaron con matar a su familia”.

“Llegamos al caso hace tres meses. Los padres se acercaron por las torturas, pero cuando empezamos a ver las irregularidades nos metimos en la parte técnica de la causa”, dijo la abogada. Antes, Altamirano tuvo un defensor oficial: “En Corrientes la defensoría oficial no es independiente sino que depende de la misma autoridad que la fiscalía y eso genera contradicciones. El mismo procurador es el jefe de las dos partes: de la fiscalía y  el defensor”.

Cuando Granada habla de irregularidades se refiere a que en la causa “la única prueba que sostiene el juicio es una pequeñísima mancha de sangre en un pantalón que secuestraron en la casa de Altamirano”. Otras: Altamirano declaró que en el momento de los hechos se encontraba durmiendo, fue a trabajar y, cuando salió, un vecino lo vio irse de su casa. Los jueces del Tribunal Oral Penal N° 2  dijeron que no era necesaria la declaración de este testigo clave. Sumado a que ninguno de los vecinos del barrio Cichero -quienes señalaron a la policía a Josele como el responsable- quisieron revelar su identidad para ir a declarar. También existen testimonios y escuchas telefónicas que ni la fiscalía ni el tribunal tomaron en cuenta en la causa, y en la que se vinculan a otros individuos en el crimen de Aquino.

“El peritaje de ADN que se hizo sobre el pantalón, tiene dos manchas de sangre pequeñas y al momento del hecho tuvo 15 heridas de arma corto punzantes”, remarcó Granada, en referencia a que en el pantalón de Josele tendría que haber más sangre y eso mismo surgió en la audiencia el 14 pasado. Dos testigos declararon que vieron la cantidad de sangre de Aquino momentos después del hecho. Al oír esto, el Fiscal, Gustavo Smith, entró en duda en relación a la poca sangre que había en el pantalón y pidió que se cite a declarar la médica forense en la audiencia del 21 de septiembre. ”El ADN de Aquino es la única prueba que sostiene este juicio, pero al no hacer un perfil genético del imputado, como para comprobar si ese pantalón es de él, no lo pueden determinar”, marcó Granada.  

El plan de la defensa es apelar e intentar esclarecer el caso para que Josele salga en libertad. Mientras tanto, cumple la condena en la Unidad Penal Nº6 en San Cayetano, Corrientes.

 

Foto: gentileza diario El Litoral

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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