Costa Salguero, una zona liberada VIP

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La muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica en Costa Salguero abre un nuevo frente para el gobierno de Mauricio Macri. Esta vez, la investigación apunta al lugar emblema del poder PRO, a los organizadores del evento, a la falta de una política criminal preventiva y a la complicidad policial en la venta de pastillas adulteradas. La justicia busca desnudar cómo estaba organizado el mercado de la venta de anfetaminas en estas fiestas: un circuito donde la ganancia proviene de la comercialización de las pastillas y la venta de agua. Allí, el rol de la fuerza que tenía la misión de controlar la seguridad es fundamental. “Por primera vez se investiga la existencia de una zona liberada vip”, dijo a Cosecha Roja una fuente judicial.

Los expertos consultados señalan que la tragedia revela las contradicciones y la ineficacia de las nuevas políticas de drogas y de seguridad de la administración Macri. “Son las prácticas de un capitalismo negro, sin control ni asistencia del Estado. Se trata del resultado de la prohibición absoluta, que directamente niega la posibilidad del consumo”, dijo a Cosecha Roja Gabriel Lerner, ex-director de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).

Mientras la justicia destacó las irregularidades de la organización del evento, las condiciones del lugar y el acuerdo privado de 30 mil pesos entre Prefectura y la productora que armó la fiesta, el gobierno deberá dar explicaciones por la habilitación del lugar. Esta tarde, el titular de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad, Matías Álvarez Dorrego, habló ante la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo.

Álvarez Dorrego llegó a la Legislatura de la mano de la vicepresidenta primera de la Cámara, Carmen Polledo. Ella es esposa de Fernando Polledo Olivera, el dueño del 10 por ciento de Costa Salguero SA. Costa Salguero se convirtió en un espacio emblemático: no sólo porque fue el lugar en el que se casó el Presidente sino porque fue la sede elegida para los actos políticos de campaña del PRO. Una investigación de Werner Pertot para Página 12 destacó las irregularidades de la concesión del predio. En su origen estaba previsto la construcción de un polideportivo y no cinco salones de fiestas vips, dos estacionamientos y un hotel. La Asociación de Justicia Ambiental y el Observatorio de Derechos de la Ciudad afirmaron que el gobierno porteño obtiene 1,5 pesos de alquiler por metro cuadrado, cuando en la zona oscila entre 160 y 250 pesos.

El caso pone en evidencia el vínculo entre los empresarios de Costa Salguero y los funcionarios estatales. Ahora, la justicia se pregunta por qué en una fiesta de tal magnitud no hubo ningún tipo de investigación previa que permitiera el mínimo control del mercado de distribución de éxtasis. Entre los interrogantes que deberá contestar el dueño del local y el productor de la fiesta, es central el intercambio comercial y económico entre los organizadores, las empresas de seguridad privada y los jefes de la Prefectura. Y también la antigüedad de esa relación: las fiestas electrónicas no son una novedad en la ciudad de Buenos Aires.

El escándalo que produce la tragedia no alcanza sólo al poder político de la Nación por el control de la ciudad y de las Fuerzas de Seguridad, sino también a la Justicia Federal: es el combo que vuelve posible la muerte. Según publicó en el portal Fiscales, el titular de la Fiscalía N°6 Federico Delgado ya había investigado el circuito criminal de otras fiestas similares: “En 2013, habían iniciado una pesquisa preliminar que se judicializó en el año 2014. La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°10 que fue archivada finalmente por la Cámara Federal el 10 de marzo de 2015. Durante el mismo año 2015, realizaron otra investigación preliminar que quedó radicada en el Juzgado Federal N°2, y que también fue archivada el 14 de mayo de ese año. En ambos expedientes, se intentó ‘desentrañar si había organizaciones delictivas que vendían drogas en las denominadas Creamfields. Las denuncias tenían datos reveladores que a la luz de la tragedia del 15 de abril de 2016, adquieren otra dimensión”.

Delgado ordenó la detención inmediata del presidente de Dell Producciones, Adrián Conci, luego de la inspección ocular en el salón donde se hizo la fiesta. Dell Producciones era la empresa que trajo a la Argentina las fiestas Cremafilds y Time Warp. Además, el juez Sebastián Casanello encabezó un allanamiento en una sede de Prefectura Naval tras la aparición del contrato de “servicios adicionales de vigilancia”.

La respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó a la responsabilidad de los consumidores: no hubo una investigación criminal previa para saber de dónde venían las drogas, ni una política de prevención e información, ni tampoco un control sobre el accionar de las Fuerzas de Seguridad. En cambio, Bullrich prefirió tuitear “Todo tiene que ser considerado droga más allá que sus ingredientes no sean drogas #NarcotráficoCero”.

Los especialistas consultados por Cosecha Roja afirman que el paradigma de la prohibición ha caducado y que son necesarias políticas de educación y reducción de daños. La guerra contra las drogas mata más que el consumo. Según dijo a Cosecha Roja Candelaria Aráoz de la Asociación Civil Intercambios, “hay un conjunto de medidas que el Estado podría haber desarrollado para evitar estas muertes: instalar stands con test de calidad de las drogas que se va a consumir (como ocurre en algunos lugares de Europa), dispensers de agua potable y dar información referida a los efectos del consumo de drogas de diseño”.

En el 2007, se realizó un programa de educación de la División de Toxicología del Hospital Fernández. Consistía en la distribución de afiches que indicaban qué drogas no se pueden combinar y cuáles requieren que el usuario consuma agua para no deshidratarse. El mismo año el Ministerio de Salud impulsó una reglamentación para que los baños de los boliches tengan agua corriente.

Los expertos saben que tampoco la administración anterior, en la problemática de la política de drogas, llegó a tener una mirada de avanzada que incluyera lo que todas las organizaciones internacionales recomiendan para este caso. Para la Asociación Intercambios, se trató de “políticas aisladas que no fueron tenidas en cuenta a partir del nuevo gobierno”. “No existe una mirada desde la prevención, el discurso del gobierno incentiva el punitivismo y la lucha contra el narcotráfico en lugar de una política de Salud Pública y Derechos Humanos”, dijo Aráoz.

La fiesta Time Warp fue interrumpida el sábado a la mañana por la descomposturas y convulsiones de diez jóvenes. Cinco murieron por intoxicación y otros cinco continúan internados con edema pulmonar, insuficiencia renal y fiebres altas. Bullrich pidió mayor control: “Tenemos que ser más estrictos y trabajar junto con los padres, que también tienen que ser más estrictos”, dijo en una entrevista con La Nación.

Después de la inspección de esta mañana en el lugar, el fiscal Delgado habló de hacinamiento, falta de ventilación y la ausencia de medicamentos. El sábado a la tarde, la fiscalía junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad había convocado a “quienes pudieran aportar datos de interés”. Los testimonios comprobaron las sospechas: no había agua en los baños y las botellas se conseguían tras largas filas a más de 80 pesos.

“Las pastillas ocupan muy poco espacio, no tienen un olor característico y muchas de ellas están compuestas por sustancias consideradas legales. Cada 15 días aparece una droga de diseño nueva. Por eso, el consumo de estas sustancias obliga a repensar las políticas de drogas en la asistencia a los consumidores y no en la detención de la venta”, dijo Lerner. Para Aráoz, “es parte de un negocio que abarca desde la venta de las pastillas, hasta el agua potable. El consumo de estas sustancias tiende a deshidratar”.

Ambos especialistas consideran que se necesitan políticas de prevención que superen el paradigma prohibicionista. “No sirve combatir la oferta, es imposible que no tengan contacto con la sustancia. Sólo las campañas educativas pueden reducir el consumo sin apelar a la prohibición”, dijo Lerner. Y agregó: “está comprobado que la prohibición como política ha fracasado”.

 

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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