Darío Kosovsky: “Falta una mirada de género para pensar el desarme”

abogado desarme

Silvio Guillermo Martinero sacó una pistola semiautomática Glock y mató a un cerrajero en el microcentro porteño. Según su abogado, actuó en legítima defensa pero tenía la licencia vencida. En los medios y las redes el debate pasó de la inocencia de la víctima a las políticas de desarme. A Darío Kosovsky, miembro de la Red Argentina para el Desarme y especialista en derecho penal, le preocupa que el Estado no tenga una “estrategia de recuperación de las armas sin licencia”. “Falta una mirada de género, las armas están relacionada con una cultura machista: lo fálico, el poder y el hombre que usa la violencia cuando él o su familia se ven en peligro”, dijo a Cosecha Roja.

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A las 9:20 de mañana del martes, en plena efervescencia del microcentro porteño, el abogado  Martinero sacó un arma y empezó a disparar a mansalva. Seis tiros de una pistola 9 mm contra dos motoqueros que le habían arrebatado una mochila. Según trascendió en un primer momento, le robaron 50.000 dólares, una computadora y documentos. Uno de los disparos impactó contra la espalda de Daniel Di Negri, un cerrajero que se dirigía a su trabajo en la Galería Jardín.

Martinero resultó ser un militar retirado, que tiene un estudio de abogados en la oficina 64 del Edificio Bellocq, en la misma cuadra donde disparó la pistola. Su nombre figura en la investigación por el triple crimen de General Rodríguez como recaudador de cheques “difíciles de cobrar”. Sus clientes lo llamaban el “milico”.

Para Kosovsky, existe en Argentina una cultura de los militares y policías retirados que les gusta conservar sus armas. La portación funciona como un signo de pertenencia a las Fuerzas de Seguridad, una identidad común y un gesto de hombría. “Un arma está relacionada con lo fálico, con esta lógica de varón protector que puede ejercer la violencia. La mayoría de los portadores suelen ser varones”, contó el experto.

Martinero tuvo entrenamiento militar. Cuando se retiró de las Fuerza Armadas mantuvo la tenencia y portación del arma pero las licencias se vencieron en el 2012. Según las disposiciones del Registro Nacional de Armas (RENAR), la tenencia es el permiso de circulación con un arma descargada. Es decir, para llevar un revólver listo para disparar es necesario una licencia de portación. “Las armas sólo sirven para matar y para eso se fabrican. Desde la Red Argentina para el Desarme pedimos que se aumenten los controles, se establezcan parámetros para incautar las armas cuyos registros se vencieron y se vigilen los depósitos institucionales”, dijo Kosovsky.

Para acceder al registro de armas, los civiles y militares retirados deben justificar la portación. “Suele usarse el argumento de la inseguridad individual o de la familia. Ese no puede ser un requisito válido para que el Estado autorice a tener un arma”, contó el abogado especialista en Derecho Penal. Y agregó: “Curiosamente, las personas más relacionadas con la justicia son los que más les gusta tener armas: jueces, fiscales, policías, miembros de la fuerza de seguridad”. Según el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el 68 por ciento de los casos en los que murieron civiles en manos de policías en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los oficiales estaban fuera de servicio (en licencia o retiro).

Cuando se vence el registro, llevar un arma se convierte en un delito. La RENAR tiene la capacidad de requisar las armas pero no sucede en la práctica. “No hay una política de incautación, casi siempre lo toman como un problema administrativo”, contó Kosovsky.

Según una estadística realizada por el Ministerio de Justicia y la RENAR en 2010, circulaban 1.261.758 armas registradas para un total de 817.239 portadores en Argentina. De ellos sólo un 2,5% (un poco más de 20.000 personas) tenían derecho de portación: la mayoría son militares, policías en actividad y retirados. Sólo 150 civiles estaban habilitados para tener armas cargadas.

El otro problema es el mercado ilegal, que podría triplicar la cantidad de armas declaradas (según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo). “Se nutre de los desvíos de los depósitos judiciales. Toda arma en el mercado negro estuvo registrada en algún momento, pasó a otras manos por robos o pérdidas de los depósitos institucionales. En la Argentina es muy escaso el tráfico de armas para el mercado interno”, explicó Kosovsky.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó en diciembre del año pasado un informe que reconocía que en 2014 murieron 2.981 personas por disparos con armas de fuego. Según el Instituto de Investigaciones del Poder Judicial, que analiza los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires, en el 46 por ciento de los casos existía una relación previa entre la víctima y el victimario y en el 32 por ciento había un conflicto previo.

Este mañana, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo a Radio Vorterix que iba a continuar la política de desarme del gobierno anterior. El Plan Nacional de Desarme fue reconocido por la ONU como una de las mejores políticas del mundo en el tema. Pero la normativa venció en diciembre de 2015. En la página de la RENAR un cartel pequeño anuncia que “el plan de desarme permanecerá SUSPENDIDO a la espera de la sanción de la ley que prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego“.

Cosecha Roja
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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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