Denuncias cruzadas por una visita carcelaria del fiscal Córdoba

María Florencia Alcaraz. Cosecha Roja.-

La ministra de Derechos Humanos de Córdoba, Graciela Chayep, acusó al titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Abel Córdoba, de irrumpir en un penal sin orden de allanamiento judicial y sin competencia jurisdiccional. De acuerdo al texto de creación del organismo, la Procuvin tiene competencia federal.”Frente a la comisión de un hecho de tortura cualquier funcionario judicial puede actuar y la Procuvin respetó su competencia, el objetivo para la que fue creada”, dijo una fuente cercana a la Procuración General de la Nación a Cosecha Roja.

El martes pasado por la mañana, Córdoba realizó una inspección rutinaria en el penal de San Martín, en la capital cordobesa. En esa visita, el equipo de la Procuvin encabezado por su titular y seis personas más, encontró en el servicio médico del penal 17 esposas con cadenas. Las autoridades del lugar aseguran que eran utilizadas para la sujeción de pacientes alterados. Son elementos que están prohibidos por una resolución provincial, que no permite el uso de cadenas. En las cárceles, este tipo de esposas son comúnmente empleadas para la tortura. Por eso los miembros de la Procuraduría, preventivamente, se llevaron las esposas.

Ayer Chayep presentó una denuncia penal ante el fiscal de Instrucción de turno, Raúl Garzón. La ministra cuestionó la competencia jurisdiccional y la autoridad del titular de la Procuvin para realizar una visita sin inspección sin previo aviso. Y dijo que la visita fue sorpresiva. Pero la ley 26.827 sobre el mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes -promulgada este año- autoriza a todos los funcionarios judiciales a actuar de esta manera.

“Las unidades penitenciarias de Córdoba están en muy buen estado. No hay nada que ocultar. Se llevaron elementos que son propiedad de la provincia”, dijo la ministra en declaraciones a la prensa local.

Luego de su visita al penal de San Martín los integrantes de la Procuvín intentaron visitar otra cárcel de Córdoba. El miércoles fueron al complejo penitenciario de Bouwer. Allí las autoridades no los dejaron ingresar por orden de Chayep. Esa misma tarde Córdoba presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba un amparo argumentando que no le habían permitido entrar a Bouwer para constatar irregularidades. La Cámara derivó la denuncia al juez federal Ricardo Bustos Fierro, que deberá resolver la viabilidad del amparo

“Son visitas regulares que decidió hacer la Procuvin para diagnosticar la situación penitenciaria. Es un organismo que tiene las posibilidades de actuar con autonomía”, explicó una fuente cercana a la Procuración.

El penal de San Martín del cual se llevaron las esposas es cuestionado en relación a las condiciones que ofrece a los presidiarios. Hace 8 años en esa Unidad penitenciaria se dio uno de los peores motines de la historia de la provincia de Córdoba en el que murieron 8 presidiarios y 30 resultaron heridos. En ese entonces, los reclusos comenzaron su protesta por mejores condiciones de detención y para que no se modifique el actual régimen de visitas.

La Procuvin fue creada en marzo de este año por la Procuración General de la Nación. El objetivo es “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”. En la resolución PGN N° 455/13, que da origen al organismo, se explica que el titular a cargo de la Procuraduría tiene entre sus principales funciones la potestad de “disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad”.

También, se desprende de este texto que la Procuvin tiene competencia federal. En los últimos 20 días Córdoba visitó cuatro penales en distintos puntos del país: dos en Mendoza, uno en Chaco y dos en Córdoba. Solo en la provincia mediterránea se encontró con autoridades que cuestionaron la facultad del organismo dependiente de la Procuración General de la Nación.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

3 comentarios
  1. Subárea Salud Física –Médicos- Desde la creación de la Procuración Penitenciaria, se han utilizado diversos instrumentos a fin de resguardar el ejercicio del derecho a la salud de las personas privadas de libertad dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Dichas herramientas consistieron en la formulación de advertencias a los servicios médicos de las unidades, solicitudes escritas, notas, recomendaciones, denuncias y amicus curiae. Frente a los reclamos individuales relativos a la falta o deficiencia de la atención médica concurre un médico de la Procuración para constatar cuál es la dolencia padecida por el detenido, así como también la modalidad en la que lo están atendiendo dentro del establecimiento donde se halla alojado y, luego de su evaluación, se analizan las acciones a seguir. Todas las intervenciones del área médica son asentadas en las correspondientes fichas de atención médica y se creó una base de datos a fin de poder obtener estadísticas relacionadas con las deficiencias del servicio médico. Por otro lado, se introdujo un nuevo procedimiento dentro de la PPN para investigar y documentar los casos de torturas y malos tratos, sin perjuicio de la denuncia penal que el detenido desee efectuar. De la misma forma, se introdujo un procedimiento de investigación de casos de fallecimientos en prisión. Los profesionales de la salud también efectúan evaluaciones de los servicios médicos de las Unidades de carácter general, en coordinación con el Área de Auditoría. En ese orden, se ha elaborado una guía de preguntas que permita obtener un análisis de la calidad de la atención, con el objetivo de monitorear los servicios médicos dentro del funcionamiento integral del establecimiento.

  2. Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que la presente causa no es de competencia originaria de la Corte, por lo que corresponde remitirla en devolución al juzgado de origen, a sus efectos. Hágase saber y cúmplase.

  3. Por expresas instrucciones de la Ministra de Justicia, Graciela Chayep, el Servicio Penitenciario dela Provincia presentó una denuncia penal contra el Procurador de Violencia Institucional (PROCUVIN), Sr. Abel Córdoba, dependiente de la Procuración General de la Nación,  quien sin orden de allanamiento, sin tener jurisdicción territorial ni competencia material y violando normas elementales de procedimientos, ingresó el pasado 7 de mayo a la cárcel de San Martín (Establecimiento Penitenciario N2, Penitenciaría Capital,  y retiró elementos de seguridad.

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