Derechos Humanos: todo lo que no se hizo (o se dejó de hacer) en 2016

“Las conclusiones del informe resultan alarmantes para la vigencia de los derechos humanos tanto a nivel local, como nacional”, dijeron a Cosecha Roja desde el Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de pedidos de informe realizados durante el 2016, en el marco de la Ley Nº 104 de Acceso a la Información, el ODH presentó el informe anual con una novedad: se incluyó la gestión nacional. El objeto fue verificar si el ex Jefe de Gobierno y actual presidente Mauricio Macri trasladó la política restrictiva de derechos demostrada en su paso por CABA a todo el territorio nacional. La información publicada por ODH se nutrió también de entrevistas a actores sociales en el programa de radio “Mañana Imposible” que se transmite desde la ex Esma. Organizaciones como la CEP, ATE y Putos peronistas aportaron detalles precisos. Para las normas nuevas se consultó el Boletín Oficial de la República Argentina y la información se completó con publicaciones de medios de comunicación.

Para el ODH, “el gobierno presidido por Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente. Estableció medidas que restringieron el poder adquisitivo del salario: devaluación, promoción de paritarias a la baja, aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior”, explica el informe.

Restricción de derechos a nivel nacional:

-A la comunicación. Derogó la Ley de Servicios de Comunicación sancionada en 2009. Con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando parte de los derechos consagrados.

-A la libertad. Prisión de Milagro Sala como violación al principio de inocencia -art. 18 CN- y al derecho a la libertad de las personas -art. 15 CN-, con el agravante de responder a motivaciones políticas. La vulneración de sus derechos colocó al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo y organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

-Memoria, verdad y justicia. Discurso oficial negacionista. Desfile de genocidas en las fiestas por el bicentenario de la independencia. Se propició la prisión domiciliaria para genocidas mayores de 70 años. Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad. El Estado se retiró de su rol de querellante en algunas causas.

-A la integridad física. El ODH, junto a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz-SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Myriam Bregman, Eduardo López, Daniel Adolfo Catalano, Pedro Aníbal Paradiso Sottille y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentó la denuncia contra el Estado ante la CIDH para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura.

-Al trabajo y a la huelga. El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) vulnerado vía represión de alguna de las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad. La redacción del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” propendió a la vulneración de ese derecho, aunque no hay constancia de su implementación. Si bien el protocolo no se empleó, está vigente y puede ser usado cuando se lo considere.

-Migratorios. Se creó un “lugar exclusivo de detención” para personas infractoras a la Ley 25.871 de Migraciones, a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vulnera el artículo 20 de la Constitución y el Preámbulo. La Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto realizó 8.036 operativos en todo el país a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (8.447)”.

-A la salud. Medicamentos discontinuados para pacientes con HIV. Menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores. La derogación del programa “Qunita”. El Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de actividades de prevención y promoción de la salud en barrios postergados en plena epidemia de dengue. También discontinuó una licitación de compra de preservativos que derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.

-A la educación. Planes y programas socioeducativos -CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles- descentralizados. “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió a su equipo técnico. Se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que servía para desarrollar contenidos y el portal educ.ar. Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratando a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional. Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esa experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Son pagadas con fondos públicos.

-A la vivienda. No se construyó vivienda social. Desactivó programas como PROCREAR. Los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad, fracasaron.

 

***

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en su primer año al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires enseñó continuidades con su antecesor y algunas diferenciaciones. Se trata de una gestión restrictiva de derechos que que no se apartó de uno de los grandes lineamientos PRO para la ciudad: La apuesta al sector privado, por medio de los negocios inmobiliarios y de obra pública. Los grandes problemas de la Ciudad, a pesar de su gran presupuesto, siguen siendo los mismos y no se registra ninguna mejora objetiva.

Restricción de derechos en la Ciudad de Buenos Aires:

-A la vida. El Gobierno porteño tuvo responsabilidad concreta en muertes evitables generadas a partir de la concurrencia de deficiencias en el control estatal. Por ejemplo la muerte de Matías Kruger, jugador de Futsal y trabajador del subte, en diciembre, el obrero por el derrumbe de una obra en Villa Crespo en septiembre. La muerte de cinco jóvenes en “Time Warp” en Costa Salguero en abril cuando “los inspectores no procedieron a labrar acta”, según la respuesta brindada por el propio gobierno de la CABA a un pedido de informe de ODH. La investigación penal refirió a que había más de 20000 personas esa noche, cuando la capacidad máxima de ese espacio era de 13.000. Se acrecentaron las denuncias sobre las demoras del SAME para llegar a situaciones de urgencia. Por ejemplo el caso de un hombre en la línea B del subte, otro en Parque Sarmiento y otro en el barrio de Flores

-A la libertad. La detención ilegal del dirigente Alejandro “Pitu” Salvatierra y su prisión por tres semanas resultó una violación a su derecho a la libertad y un caso de persecución política. Había sido detenido con 3,2 gramos de clorhidrato de cocaína y 9,2 gramos de marihuana, un hecho de tenencia de estupefacientes para consumo personal, que debió involucrar a las agencias de salud del Estado y que de ningún modo resultaba punible a partir de la doctrina jurisprudencial derivada del fallo de la Corte Suprema del 25 de agosto de 2009 en la causa “Arriola, Sebastían y otros”. El juez Claudio Bonadío nunca debió encarcelar a Salvatierra porque desde el fallo “Arriola” el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal, resulta incompatible con la Constitución.

-A la Memoria, Verdad y Justicia. La Subsecretaría de Derechos Humanos y Colectividades priorizó la Dirección de estas últimas: hizo sobre esa temática ocho de las 13 publicaciones que editó. Ninguna sobre la violación a los Derechos Humanos en la Argentina. Sigue sin implementar el Programa de Asistencia y Contención de los Querellantes y Testigos Víctimas del terrorismo de Estado. Hay presupuesto pero no tiene personal asignado ni le da publicidad a su existencia.

-A la salud. Los Hospitales Públicos prestan un servicio deficiente que recarga laboralmente a los profesionales. La falta de mejora de las instalaciones del sistema de salud genera vulneraciones de derechos -art. 20 CCABA- como los de la madre que tuvo que parir a su hijo en un pasillo del Hospital Santojanni. El incumplimiento de la Ley de Identidad de Género vulnera el derecho a la salud: los tratamientos hormonales están librados a la voluntad de los médicos y en algunos hospitales piden como requisito consultas con psiquiatras, hecho prohibido en la ley. Ese grupo poblacional tiene un promedio de vida que no supera los 40 años y la inmensa mayoría no tiene trabajo formal ni obra social ni prepaga por lo cual necesita recurrir al sistema público de salud y es su derecho. A fines de noviembre tras reiterados pedidos de informes, el Gobierno de la Ciudad tomó nota de la preocupación planteada e informó centros de salud en los que se realizarían los tratamientos consultados. A la fecha esa información no ha podido ser verificada.

-A la educación. La amenaza de mudanza de la Escuela Isauro Arancibia, que contiene a cientos de personas en situación de calle, vulnera el espíritu del artículo 23 de la CCABA. No se cubrió la necesidad de los aspirantes de acuerdo a la asignación de las vacantes on line y la cobertura de educación maternal e inicial es escasa e incompleta e incompleta.

-A la vivienda. A pesar de anunciar la urbanización de las villas 20, 31 y 31 bis y Rodrigo Bueno, ningún anuncio tuvo un correlato en la cotidianeidad de los vecinos de esos barrios. Se promovieron leyes que reconocieron el derecho a la urbanización pero las mejoras aún no se han producido. El propio gobierno de CABA respondió a un pedido de informe mencionando que los vecinos se autogestionan el sistema de cloacas. La mayoría de la población de CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. Las agencias del Estado porteño, en particular la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur informaron que la mayoría de obras que hacen no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están dirigidas a atender situaciones de emergencia y a obras de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos. Cada una de las urbanizaciones anunciadas esconden un correlato con negocios inmobiliarios indisimulables:

-A la cultura. La falta de la Ley de Centros Culturales genera discriminación a la producción artística para la participación y el desarrollo barrial.

-A la seguridad. La Legislatura porteña sancionó la ley de creación de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires pero no incluyó la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. No se prohibió el uso de armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular las neopicanas Taser. El fallo del Superior Tribunal de Justicia en “Vera, Lucas Abel” (expediente nº 11835/15) por el que se habilita un accionar ilegal de los agentes policiales, concediéndoles facultades que no poseen y que fueron expresamente limitadas por la CIDH, en el caso “Bulacio vs. Argentina” implica que el STJ está comprometiendo la responsabilidad internacional de la Nación respecto al no acatamiento de los pactos internacionales.

-A la equidad de género: La Dirección General de la Mujer dependiente del Gobierno de la Ciudad, la línea 0800 MUJER tuvo nula difusión dejando a las víctimas de violencia de género en total desamparo. Las víctimas han recurrido a utilizar la línea telefónica 137 y 144, dependientes del Estado Nacional y puestas a funcionar durante la gestión anterior. El estado porteño depende de operativos nacionales para la atención de casos de violencia contra las mujeres, desatendiendo su obligación de generar las condiciones para alcanzar la equidad de género. Las empleadas y empleados de la Dirección General de la Mujer y de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) denunciaron precarización, reducción de personal (casi 50% en los últimos 8 años), el estado de los refugios para las víctimas, el presupuesto. El bajo presupuesto que fue previsto para este año pudo ser incrementado en un 20%, luego de una importante lucha y movilización por parte de los trabajadores de la Dirección de la Mujer. La ausencia de patrocinio legal y contención psicológica es notoria. A pesar que los siete CIM cuentan con un gabinete interdisciplinario de atención y seguimientos, no hay personal suficiente, instalaciones adecuadas y recursos, para la creciente demanda, para una problemática que adquiere mayores dimensiones. Los CIM no tienen capacidad para solventar la demanda, ni para atender en las urgencias: los turnos tienen una demora promedio de un mes. El Estado porteño se oculta con la existencia de la OVD, oficina judicial que sólo atiende casos dentro de la jurisdicción de la Capital Federal. La situación se agrava ante el incumplimiento de la ley Nº 5.466 que prevé la creación de un CIM por comuna o un CIM cada 50.000 mujeres por comuna. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontró artilugios para no distribuir el material enviado desde Nación a fin de cumplir con el material preparado y distribuido por el Ministerio de Educación de la Nación con el contenido de la ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI), la que concibe una educación sobre sexualidad y género que abarca no solo lo vinculado con lo sexual, sino que también está íntimamente relacionado con lo social, y para que sea aplicada desde el nivel inicial al terciario. Se trata de medidas de prevención y concientización para la erradicación de la problemática que el Gobierno de la Ciudad no está implementando. Por el contrario creó su propio material pedagógico en el cual se han detectado errores conceptuales y hasta discriminatorios. La Ciudad no sólo falla al momento de socorrer a las víctimas, sino que tampoco acciona hace para erradicar estos hechos aciagos, por lo que no hay recepción al reclamo masivo del #NiUnaMemos.

 

 

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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