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Un informe publicado hoy por la fiscalía que investiga el asesinato de la activista trans Diana Sacayán cuenta que el crimen está cerca del juicio oral y que será juzgado como femicidio. Es la primera vez que se aplica esa figura al crimen de una mujer trans.

El informe, publicado en el sitio Fiscales.gob.ar, cuenta que desde el inicio de la investigación se trabajó con la hipótesis que la muerte de Diana Sacayán podía constituir un femicidio o un crimen por odio de género. La hipótesis se basó en los “rastros de extrema violencia presentes en el cadáver de la víctima, que tenía múltiples heridas de arma blanca, marcas de pisadas en el rostro, signos de asfixia y ataduras en manos y pie”, dice el escrito.

Por los ataques que la activista había sufrido en los últimos tiempos, la fiscalía también sostuvo la hipótesis de violencia institucional. Los fiscales, sigue el informe, “mantuvieron una serie de reuniones con representantes de organizaciones y allegadas a Diana Sacayán, para comunicarles las medidas adoptadas y oír sus demandas”. También se les brindó información sobre su derecho a participar en el proceso penal como parte querellante.

La policía encontró el cadáver de Diana el 13 de octubre, con 27 heridas en el cuerpo.  El 28 de octubre de 2015, el fiscal Matías Di Lello pidió detener a dos personas. Para la investigación, los dos hombres conocían a la víctima y uno de ellos mantenía una relación íntima con ella desde un mes antes del hecho. Menos de quince días más tarde, el Juez de Instrucción N° 33 dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva a ambos acusados, como coautores del homicidio de una mujer mediando violencia de género. Es decir, por femicidio.

“Es el primer precedente en que se aplica esa figura legal al homicidio de una mujer trans. La resolución judicial recoge la perspectiva de género introducida por el Ministerio Público Fiscal durante la investigación y reconoce expresamente que la violencia contra personas LGBTI es un fenómeno estructural vinculado a la existencia de patrones culturales de discriminación, subordinación y marginación por razones de género”, dice el informe.

El 28 de diciembre de 2015 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de los imputados por crimen, lo que abrió las puertas del juicio oral y público.

El fiscal que investigó el caso contó con el apoyo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)3 y la Dirección de Orientación y Acompañamiento de Víctimas (DOVIC)4.