Discutir el aborto legal es justicia social

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María José Poncino es feminista, militante del Movimiento Evita e integrante del Colectivo Ni Una Menos (Rosario). Hoy expuso en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el que se debate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aquí transcribimos su discurso completo.

Vivimos un momento histórico: estamos discutiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación porque es una demanda activa del movimiento feminista, es el feminismo popular, una marea que desborda y atraviesa todo a su paso. Sin embargo, el debate de un derecho se ha tornado una discusión sobre el comienzo de la vida, corriendo el eje de la verdadera discusión. La cuestión de fondo es: la mujer que se hace un aborto ¿debe ir presa? ¿Denunciarían a una amiga por hacerse un aborto, para que la encierren en una cárcel? ¿Consideran que el deseo de no maternar es un delito?

Hoy el control sobre nuestro cuerpo, la decisión sobre cuándo un embarazo es viable o inviable, la tiene el Estado, los y las médicos, los jueces, que despliegan su misoginia sin límites: el nudo es la vigencia del control y expropiación de los cuerpos de las mujeres en pleno siglo XXI, concepción patriarcal que nos somete desde hace miles de años. No somos un “envase contenedor” de algo que le pertenece a la sociedad y que el Estado debe “preservar”.

A nivel mundial se usa el Misoprostol para abortar, lo recomienda la OMS y la Guía elaborada por el Ministerio de Salud para la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, al día de la fecha la ANMAT no autoriza su registro y circulación para comercialización en la dosis requerida para interrumpir un embarazo. ¿En qué deriva esto? En el negocio de la prohibición.

La clandestinidad del aborto hace que el único laboratorio que comercializa el oxaprost se aproveche e imponga un precio inaccesible y usurero. El Misoprostol cuesta alrededor de 3 mil pesos en farmacias si la venta es con receta. Hay casos de mujeres que pagaron hasta 7 mil un blister por carecer de firma médica y de personas que en la desesperación compran pastillas de dudosa procedencia vía Internet y muchas veces resultan estafadas.

Por eso, exigimos la producción pública de Misoprostol con el objetivo de proveer el acceso oportuno y eficaz a través del sistema de salud, como también la inclusión en el Plan Médico Obligatorio.

Pese a la dificultad de tantos para inscribir esta práctica personal en lo político, el aborto existe y demanda políticas públicas de salud. No tengamos miedo. Lo personal es político. Nuestro dolor y sufrimiento, nuestras muertas por aborto clandestino, son políticas. Y mientras no se garantice la educación sexual integral, mientras no se garantice la posibilidad de elegir antes de concebir, mientras no se pueda interrumpir un embarazo en condiciones dignas, persistirá esta desigualdad que produce violencia y muertes.

¿Piden números y estadísticas? Escuchen nuestras experiencias. Aún en la ilegalidad, las interrupciones voluntarias de embarazos ocurren. El aborto en condiciones seguras es un lujo porque es un negocio: sólo pueden acceder las que cuentan con altos ingresos. Las que no, acuden a curanderas de barrio con perejiles y se someten a otras maniobras sumamente riesgosas. Y mueren.

Soy militante desde hace años y he pateado los barrios más pobres de mi provincia, Santa Fe. Me ha tocado acompañar mujeres que se ponen en una situación de riesgo con tal de no vivir un embarazo no deseado. Hoy vengo al Congreso yo, pero mi voz es plural. Somos muchas voces, miles y miles de mujeres, pibas, travestis, lesbianas, varones trans, cuerpos gestantes que exigimos el derecho al aborto. Quiero hablar también por parte de todas aquellas que ya no están. También hablo por nuestras abuelas, por nuestras madres, por nuestras tías. Si hoy nosotras empezamos a hablar y cuestionar, ¿saben todo lo que deben haber soportado ellas? Nuestro pasado es de dolor, pero nuestro presente es de victoria y libertad.

Hoy vengo al Congreso a plantear que nuestra capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestro goce, es un derecho humano básico y que la libertad de decidir no debe pagarse con la cárcel ni con la muerte.

Así y todo, más de una vez nos han gritado que nos embarazamos para “cobrar un plan”, que somos negras atorrantas con mil hijos, a la vez que nos niegan el derecho a decidir sobre nuestra maternidad y a acceder a métodos anticonceptivos o somos sometidas a violencia obstétrica, con revictimizaciones y estigmas. Esto se recrudece en el caso de las mujeres más humildes; muchas hemos escuchado frases como “si te gustó abrir las piernas, ahora bancate el embarazo” o incluso sabemos de casos de doctores que se han negado a la colocación de un DIU.

¿Son conscientes de los obstáculos que enfrentamos las mujeres sólo en decidir nuestros métodos anticonceptivos? Son tres.

La primera barrera está en la violencia de género por parte de nuestras parejas íntimas: un problema que el Estado no busca prevenir o remediar. Escuchamos mil maneras de sabotajes por parte de nuestras parejas, al acceder a los anticonceptivos, como si cuidarse fuese sinónimo de infidelidad.

El segundo obstáculo está en la desinformación sobre métodos anticonceptivos que hoy es política de Estado. La falta de información precisa, los obstáculos para acceder a la anticoncepción, la utilización incorrecta y las construcciones culturales negativas sobre el uso de preservativos en los hombres, son moneda corriente.

La tercer barrera está en los altos costos de los métodos anticonceptivos y las falsas promesas de asistencia por parte de un gobierno que sigue ajustando en los bolsillos de los sectores más humildes para transferir a los que más tienen.

Los cuerpos de las mujeres son siempre un campo de batalla. Cuerpos sobre los que otros pueden legislar, disponer, decidir y penalizar de acuerdo a sus creencias e intereses económicos.

La dominación masculina sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres es central. Si los hombres se embarazaran, ¿el aborto sería ilegal? ¿Qué pasaría si los legisladores, los juristas, los médicos, los padres, se embarazaran? ¿Sería penalizado y estigmatizado social y moralmente de la misma manera? ¿Si los varones se involucraran en la experiencia del aborto de sus compañeras, las consecuencias para ellas serían las mismas?

Diputadas, Diputados: venimos construyendo esta cuarta ola feminista con una fuerza transformadora. Éste no es el mundo que queremos, debemos caminar hacia una sociedad más integral e igualitaria, en donde podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos y proyectos, donde podamos caminar solas y tranquilas sin que nadie nos diga nada, donde pueda vivir una vida libre de violencia machista, y hoy, este debate es una gran oportunidad de estar más cerca de una sociedad más justa. Lo que estamos discutiendo diputadas y diputados es justicia social. No es un capricho, es una necesidad, es un derecho.

No aceptamos más excusas ni trabas moralistas. Ustedes representan al pueblo y deben levantar las banderas sociales del tiempo que nos toca vivir. No podemos esperar mil años a que cambie el viento: es así, ¡el tiempo es ahora!

Ganamos en las calles, ganamos en los medios, ganamos en la cultura, en las universidades y vamos a ganar en el Congreso. Tienen la oportunidad histórica de saldar una de las deudas políticas más necesarias con las mujeres.

Hoy más que nunca gritamos Ni una menos por aborto clandestino!

Hoy más que nunca queremos aborto legal!

Cosecha Roja
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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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