Economía Popular: entre la supervivencia y la pelea por los derechos laborales

En Argentina más de 4 millones de personas integran este sector que crece ante la falta de empleo registrado y agrupa a unas 80 actividades. La mayoría son mujeres jefas de hogar y combinan trabajo con tareas de cuidado. ¿Qué herramientas les da el Estado? ¿Por qué no tienen los mismos derechos que lxs trabajadores registradxs?

Economía Popular: entre la supervivencia y la pelea por los derechos laborales

Por Natalia Arenas
10/05/2021

Desde unx artista callejero hasta unx limpiavidrios. Desde unx cartonerx hasta una encargada de un comedor. Una trabajadora sexual, unx electricista, unx paseadxr de perros. Todxs y muchxs más forman parte de la economía popular, un sector que en Argentina alcanza a 4 millones de trabajadorxs.

La economía popular la mueven las personas que quedaron fuera del sistema formal. Las crisis económicas de los últimos años, profundizadas por la pandemia, integran en este sector tanto a las personas que fueron parte de la economía del trabajo registrado (con derechos laborales como aportes jubilatorios, obra social, vacaciones, aguinaldo) como a quienes nunca accedieron a un empleo. 

Personas que al no recibir una respuesta del Estado, tuvieron que inventarse un trabajo. Algunas en soledad y otras en organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras. 

Carolina tiene 34 años y nunca tuvo un empleo formal. Entró a la economía popular por una amiga que la llevó al MTE. Hoy es la encargada del taller textil “Hilo y puntada”, del MTE Rosario. El taller abrió una semana antes de la cuarentena estricta. Arrancaron haciendo bufandas y almohadones y rápidamente tuvieron que ponerse a hacer barbijos. 

“Fue muy demandante. Hicimos donaciones de barbijos a todos los comedores y merenderos de la zona”, dice a Cosecha Roja. Trabaja junto a otras 12 compañeras. 

Carolina está cómoda en su trabajo y feliz de ser parte del sector: “Lo más lindo de ser parte de la economía popular es poder ayudar con nuestro trabajo a nuestros compañeros y compañeras que están día a día poniendo el cuerpo en sus lugares de trabajo”, dice. 

Pero el sueldo no alcanza. Carolina tiene cuatro hijxs: Mia, de 4 años; Mayte, de 7; Braiton, de 11, y Ianela, de 17. Como jefa de hogar, necesita más ingresos. Los fines de semana vende en ferias de la zona. Dice que quisiera tener un empleo formal y enseguida se corrige: “En realidad, quisiera que tengamos ayuda para que este trabajo sea formal”. 

Lo que para muchxs primero fue un rebusque, después se transformó en trabajo y, más tarde, en organización: en 2019, nació la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un sindicato que reúne a varias de las organizaciones populares y que enrola a más de 200 actividades de la economía popular.

Tres años antes, en 2016, pleno macrismo, las organizaciones sociales habían logrado impulsar la Ley de Emergencia Social. Y esa fue la primera vez que lxs trabajadorxs de la economía popular fueron nombradxs en una ley nacional.

En esa ley se planteaba la creación del Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular (ReNaTEP). Una herramienta básica pero también fundamental para empezar a poner el ojo en ese sector. Un instrumento que durante el gobierno de Mauricio Macri nunca se creó.

El ReNaTEP se puso en funcionamiento recién en junio de 2020, a través del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Daniel Arroyo.

“El  Registro es estratégico porque visibiliza, define y reconoce el universo de los trabajadores de la economía popular”, dice a Cosecha Roja Sonia Lombardo, una de las coordinadoras del ReNaTEP. “El objetivo es conocerlxs: quiénes son, qué hacen, dónde lo hacen, para luego acompañarlos con políticas públicas”. 

La idea es que el registro se convierta en un instrumento a partir del cual lxs trabajadorxs comiencen a acceder a derechos sociales, laborales y productivos que hoy no tienen.

Brisa está al frente de “Buscavida”, un comedor que está en el corazón de la Villa Vía Honda, en Rosario, también del MTE. En este espacio trabajan unas 150 personas que se dividen en turnos y le dan de comer a unas 200 familias.

Como Carolina, Brisa es jefa de hogar y tiene 2 hijos. Algunas veces le sale alguna changa que la ayuda a llegar a fin de mes. Pero son las menos. 

Ella también reconoce a la economía popular como una manera de tener trabajo y además ayudar a otrxs compañerxs. “Las dificultades son que no contamos con las herramientas adecuadas para poder trabajar como corresponde”, dice. 

Brisa es una de lxs 2.093.850 trabajadorxs que, entre junio de 2020 y febrero de 2021, se inscribieron en el ReNaTep. Para ella, el mayor beneficio de tener ese carnet es el salario complementario de 10.800 pesos que se destina a lxs trabajadorxs de ese sector. 

¿Cuál es el rol del Estado en los hechos cuando habla de “impulsar la economía popular”? ¿Apoyar económicamente? ¿Otorgar planes? 

Lombardo dice que se trata de una política más profunda. “Intentamos desplazar el eje de las políticas del criterio de vulnerabilidad social hacia una vulnerabilidad productiva. Queremos impulsar sus unidades productivas”. 

En los hechos, esto se concretaría con accesos a créditos, maquinarias, insumos, herramientas, capacitaciones y certificación de saberes previos. 

Feminización de la pobreza

Esta semana se conocieron los primeros datos del Registro. Y no hubo sorpresas: el 57 por ciento de las registradas son mujeres. Un dato que se condice además con el del Registro Nacional de Barrios Populares, que confirma que el 63,7 por ciento de las viviendas tiene de responsable de hogar a una mujer.

En el sector formal de la economía, las mujeres son minoría.

“Un dato importante es que el 63.9 por ciento trabaja en espacios domiciliarios: la mitad en sus propio hogar y la otra mitad en hogares de otrxs”, apunta Lombardo. “Esto abre un montón de discusiones sobre derechos y superposición con tareas de cuidado”, dice.

Registro y confusión: ¿y el trabajo sexual?

Cuando entrás al formulario online del ReNaTEP te encontrás con ocho ramas: Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos; Industria manufacturera; Recuperación, reciclado y servicios ambientales; Servicios sociocomunitarios; Construcción e Infraestructura social y mejoramiento ambiental; Agricultura familiar y campesina; Transporte y Almacenamiento, y Servicios Personales y Otros Servicios. De esas ramas, se disgregan otras 70 subactividades más específicas.  

La primera vez que se lanzó el registro tuvo una novedad que generó polémica: por primera vez entre los rubros apareció el trabajo sexual. Las trabajadoras sexuales festejaron la noticia en las redes sociales. El sector abolicionista repudió la decisión del Ministerio de incluir el trabajo sexual y en unas horas el Registro fue dado de baja. 

Unos días después, el Registro volvió a estar disponible, sin aclaraciones oficiales y sin el rubro de trabajo sexual. 

“¿Y si nos inscribimos igual?”, se preguntaron las trabajadoras sexuales en una asamblea nacional organizada por AMMAR. Y decidieron que sí.

“Aunque no nos nombraban, no queríamos quedarnos afuera de los beneficios sociales, de la posibilidad de poder acceder al Potenciar Trabajo, por ejemplo”, dice a Cosecha Roja Georgina Orellano, presidenta de AMMAR. 

Lo resolvieron así: algunas se inscribieron en la categoría Servicios Personales. “Las que trabajamos en la calle, nos dimos otra estrategia: nosotras estamos en constante disputa con el agente policial estatal que todo el tiempo nos está hostigando y deteniendo, haciendo lugar a las contravenciones actuales. Entonces pensamos que tener un carnet con un sello de un ministerio nacional nos va a permitir defendernos y decirle al policía: estamos trabajando”. Por eso se anotaron en la categoría de Trabajo en espacios públicos. 

Desde AMMAR, en total se inscribieron 1500 trabajadoras sexuales de todo el país. Varias ya recibieron su carnet y lo plastificaron. 

“Cuando pusimos en debate anotarnos en el Registro, muchas preguntaron ¿para qué?. Nos sirve para reforzar nuestra identidad como trabajadoras, eso ya es muy importante”, dice Orellano.  Y explica: “Hasta ahora, el único carnet que mostrábamos era el de afiliación al AMMAR. Ahora podemos exhibir un carnet con logo del Estado. Es decir: hay alguien del Estado que nos está avalando, más allá de que nuestro trabajo aún no es reconocido como tal”.

El futuro de la economía popular

En un mundo en el que las relaciones laborales, salariales y de dependencia ya no son las hegemónicas, la economía popular llegó para quedarse. Pero aún carece de los derechos fundamentales que, a pesar de la precarización y de la explotación, ofrece la economía formal.

“La economía popular nace de la necesidad pero se fue consolidando. Lo que está en crisis es el empleo con todos sus derechos”, dice Lombardo. “Trabajo hay, porque hay personas que se lo inventan todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es reconocer estas nuevas formas de trabajo, para valorizarlas, integrarlas y llenarlas de los derechos que les faltan”.

Natalia Arenas

Natalia Arenas

Licenciada en Periodismo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Diplomada de la Universidad de Buenos Aires en Géneros y Movimientos Feministas. Redactora en Cosecha Roja. Colaboradora en distintos medios. En 2018 ganó el Premio Lola Mora en la categoría prensa digital por su trabajo en Cosecha Roja.
Natalia Arenas