Ecuador, en la ruta de los carteles

 Por Redacción Judicial – El Telégrafo

Durante los últimos años, el Departamento de Inteligencia de la Policía se ha enfocado en investigar los brazos armados o mandos operativos de los grandes carteles de la droga que operan desde Ecuador, entre ellos, el de Sinaloa y del Golfo, ambos mexicanos.

Eso lo demuestra la última captura realizada en Quito, la de Juan Carlos Calle Serna, alias “Armando”, el brazo armado de la banda colombiana  “Los Rastrojos”.

De acuerdo con las investigaciones, la droga colombiana es comprada al por mayor por los carteles mexicanos y uno de sus nexos es la banda “Los Rastrojos”,  que empezó como una organización paramilitar, después aliada con el cartel del Valle y los frentes 48-49 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según la fuente policial, Ecuador es la plataforma de envío de la droga a otros países. Un miembro de Inteligencia, cuya identidad es reservada por motivos de seguridad, indica que en el país se encuentran los mandos operativos de carteles de México, Colombia y Rusia.

Para el uniformado, la lucha por dominar algunos territorios es uno de los motivos principales de la violencia registrada en los últimos años en Ecuador. Explica que el objetivo de los carteles es llegar a un país con entidades públicas débiles, en donde se pueda corromper a jueces, fiscales, policías y militares.

De acuerdo con las indagaciones se ha determinado que los carteles están liderados por una directiva conformada por una o dos personas, que, generalmente, son hermanos, primos o parientes.

Como segundos al mando están los brazos operativos, que se encargan de los asuntos judiciales y financieros. Apenas se instalan en un país deben asegurarse de conseguir armas, formar equipos de seguridad, reclutar informantes y sobre todo, identificar a las autoridades y jueces vulnerables.

En tercer lugar se ubican los lugartenientes: tres o cuatro personas que forman sus propias células y comandan en distintos territorios del país, donde hay ciudades, comúnmente, en donde el consumo de droga es elevado.

Ellos, al igual que el ente operativo, tienen su equipo de trabajo conformado por cobradores, sicarios y distribuidores. Ese grupo puede llegar a reclutar entre 300 y 600 personas al servicio del cartel.

Ecuador ha convertido ya en estancia de narcotraficantes, afirma el uniformado, quien señala que los brazos armados pasan unos cinco años en el país comandando las operaciones. Las ganancias de cada miembro mejoran conforme compran a funcionarios judiciales, militares y policías, pues prácticamente consiguen una vía libre.

Hace dos años, la detención de varios narcotraficantes evidenció la vulnerabilidad en algunos sectores de la Policía. “Los infiltrados pueden estar en todos lados”, dice el uniformado. En octubre de 2009, Telmo Remigio Castro Donoso, ex capitán de Inteligencia, fue detenido con 557 kilos de droga procesada.

El ex militar llevaba su uniforme, armamento y transportaba la droga en vehículos de la institución para evitar los controles. La incautación fue parte del operativo “La Maná”, que en total recuperó mercancía valorada en 192 millones de dólares.

El ex capitán indicó que recibía órdenes de un hombre al que llamaban “El Caballero”, que después fue identificado como Ramón Quintero Sanclemente (también detenido en Quito en 2010), el brazo armado del cartel del Norte del Valle y quien le abrió el camino a Calle Serna, de “Los Rastrojos”, en la capital.

Otro de los uniformados detenidos fue el sargento Rodrigo Rigoberto Guamán Herrera. Las investigaciones demostraron que esta red era integrada por policías, militares y civiles, entre ecuatorianos y colombianos.

En el operativo “La Maná”, la Unidad de Antinarcóticos identificó a policías y militares infiltrados que transportaban y vigilaban los laboratorios en los que procesaban al menos cinco toneladas de droga a la semana. Desde entonces,  unos 15 laboratorios han sido desmantelados.

La Policía se ha visto afectada, en su parte operativa, pues el incremento de la violencia y los delitos en los dos últimos años sería resultado del narcotráfico, al igual que los casos de sicariato por “ajuste de cuentas”. Los secuestros y la extorsión también se desprenden de esta actividad ilícita.

Es así que de 200 a 300 toneladas que pasan anualmente por Ecuador, solo el 15% es capturada por la Policía. Los narcotraficantes utilizan la extorsión y las amenazas para conseguir informantes dentro de las instituciones de justicia, pues si no aceptan una recompensa económica para formar parte de la red muchos funcionarios son amenazados de muerte.

La Policía ha desarrollado operativos relacionados a carteles mexicanos, como el “Huracán de la Frontera”, en el que fue detenido el capitán de Policía Carlos Navarro Aguirre, vinculado por lavado de dinero. En el caso “Resurgir”, el coronel Galo Carrera Vizuete, según las investigaciones, mantuvo reuniones con brazos armados del cartel de Sinaloa, que incluso ingresaban al Comando de Policía de Esmeraldas.

En el operativo se incautaron 1,5 toneladas de cocaína y 500.000 dólares en efectivo. Finalmente, el oficial de Inteligencia advierte que la lucha por el territorio aún generará más violencia en Ecuador.

Seis capos deportados

Diversas operaciones de Inteligencia han dejado al descubierto la presencia de poderosos miembros de bandas internacionales dedicadas al narcotráfico.

Entre octubre de 2009 y marzo de este año, las gestiones realizadas por el Estado ecuatoriano para deportar a los capos requeridos en el extranjero suman seis.

Uno de ellos es Ramón Quintero, alias  “El Capo”, uno de los diez delincuentes más buscados del mundo hasta que fue capturado en Quito, el 15 de abril de 2010.

El último delincuente capturado es el colombiano Juan Carlos Calle, detenido en su residencia ubicada en el conjunto habitacional Auquichico, en Quito.

Él es requerido por la Interpol, en Colombia, en relación con la sentencia condenatoria del 13 de diciembre de  2010, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Cali, en la que se impone una pena de 5 años de reclusión por los delitos de fraude procesal, falsificar documentos públicos y portar armas de fuego.

Foto: notimega.com

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