Por Redacción – Proceso Digital
Tegucigalpa.- El indulto prometido por el presidente Porfirio Lobo al privado de libertad, Marco Antonio Bonilla Ávila, conocido como “El Chaparro” o “El enfermero”, que salvó la vida de unos 400 presidiarios durante la quema del penal en Comayagua, podría traerle complicaciones legales en vista de que esta figura no aplica a Bonilla, según lo establecido en la ley.
Al visitar este día a los familiares de las víctimas de la tragedia del penal en el albergue del Infop, el presidente Lobo dijo que va a pedir a la Secretaría del Interior y Población, “revisar la posibilidad de un indulto” para Bonilla, a la vez que ofreció una ayuda económica para su familia. A esta acción se sumaría el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya titular informó a la prensa que el ofrecimiento presidencial es parte de las propuestas de indulto que analizan.

Sin embargo, la Constitución de la República en su artículo 245, numeral 24, otorga al Presidente de la República la potestad de indultar y conmutar penas conforme a la Ley.

Pero la Ley de Indultos y Conmutas es clara en su artículo tres al indicar que no aplican a la gracia del perdón del Estado los privados de libertad que hayan sido condenados por crímenes de parricidio, asesinato, infanticidio, robo seguido de homicidio y las aplicables al incendiario. A ello se suman los que purguen penas por narcotráfico y crimen organizado.

Al amparo de lo estipulado en este artículo legal, el privado de libertad Marco Antonio Bonilla, no podría gozar del perdón presidencial pues purga condenas desde el 31 de mayo de 1995.

Bonilla tiene una primera condena de 22 años por asesinato y robo, le sigue otra por homicidio simple a la que fue condenado por ocho años y una tercera pena por lesiones graves por la cual se le sentenció a año y medio. Su condena deberá terminarla en el 2025, según la ley.

Su caso tampoco cabe dentro de la figura de la conmuta, la otra opción por la cual puede obtener el perdón presidencial. La ley establece que la conmuta se establece para las penas menores de cinco años, y si un privado de libertad es condenado a cinco años y un día, la conmuta no le aplica.

De esta forma, el ofrecimiento de Lobo hacia “El Chaparro” por su valentía y heroísmo se le puede complicar, a menos que el Congreso optara por modificar la Ley del Indulto y la Conmuta en la cual, al beneficiar a Bonilla, deje expedito el camino para que salgan libres todos los acusados y que libran condena por homicidio en el país, lo que según juristas, sería un mal precedente para Honduras y su legalidad.

Indican que el presidente Lobo pudo haberse anticipado por la emotividad del caso, sin consultar los términos legales y amparándose solo en opiniones no sustentadas de algunos de sus asesores.

El caso de Marco Antonio Bonilla cobró notoriedad por su coraje al momento de rescatar de entre las llamas a varios de sus compañeros al abrir las celdas y romper los barrotes. Su caso, se asegura, está siendo analizado en el gobierno en un afán por sacar de un nuevo aprieto en que pudo haberse metido Lobo Sosa por desconocimiento.
Foto: La Tribuna de Honduras.