Gustavo Ahumada. Infojus Noticias-. Comenzó está mañana el juicio oral y público contra el ex comisario Miguel Angel Espósito, acusado de privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio, el joven que fue detenido cuando fue a ver a los Redonditos de Ricota en 1991. Lo golpearon en la comisaría y murió. La causa por su muerte ya prescribió y ahora lo que se juzga es su detención ilegal.
Espósito no está en la sala de audiencias y declarará a través de una videoconferencia porque, según argumentó, está “deprimido”. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el Tribunal Oral en lo Criminal 29 hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso que el acusado declare desde una oficina del Consejo de la Magistratura. Será escuchado a través de una videoconferencia.
Walter tenía 17 años y cursaba el quinto año en el colegio Nacional Rivadavia. Junto con unos amigos alquilaron un micro el 19 de abril de 1991 y fueron a un recital de los Redonditos de Ricota. Era la época de las razzias policiales, cuando los efectivos salían a la caza de pibes en el marco de recitales de música o partidos de futbol.
El recital fue en el estadio de Obras Sanitarias. Un inmenso operativo policial rodeaba las inmediaciones. La comisaría que tenía jurisdicción aquella noche era la 35ª, a cargo de Miguel Ángel Espósito. Pocos minutos después comenzó la razzia: palos, golpes y la detención de un centenar de jóvenes fue el resultado del procedimiento. Sólo 73 de ellos fueron anotados en el libro de la comisaria. Entre ellos estaba Walter. Una semana después Walter murió como consecuencia de una golpiza que le dieron en esa comisaría. La letra fría del expediente habla de un “aneurisma no traumático”.
Según consta en el expediente, uno de los médicos que lo trató mientras estuvo internado sostuvo que Walter “respondía órdenes y preguntas simples”. Cuando le preguntó si le habían pegado en la cabeza, el chico dijo que sí. Cuando le preguntó quién había sido contestó: “la yuta”. Este martes comienza la única parte de la causa que todavía queda en la Justicia, la de privación ilegítima de la libertad. El único acusado es el ex comisario Miguel Ángel Espósito.
El juicio estará a cargo de los jueces integrantes del TOC 29, Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack. La acusación la llevará adelante el fiscal Horacio Fornaciari. Por la querella estará María del Carmen Verdú y por la defensa Pablo Argibay Molina.
Las audiencias se realizarán el 24, 26 y 30 de septiembre y el 2, 3 y 8 de octubre. El 10 de octubre tendrán lugar los alegatos de la querella, el 15 de la fiscalía y el 17 de la defensa. A pedido de las partes, especialmente de la defensa, declararán 27 testigos, entre ellos la madre de Bulacio, Graciela Scavone; policías y funcionarios judiciales.
Quienes detuvieron al joven en su momento invocaron el “Memorando 40”, una disposición pergeñada por dos magistrados correccionales en 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito), cuando el propósito era entregárselo a los padres.
La jueza Iermini y la impunidad
Este juicio estaba previsto para agosto de 2011, pero como ocurrió desde el inicio de la investigación, una serie de planteos judiciales realizados por la defensa de Espósito postergaron su inicio. La magistrada que más tiempo tuvo el expediente Alicia Iermini, fue la responsable de que la causa prescribiera tras 17 pedidos de traslado.
La querella recurrió a los organismos internacionales en 1997 y en septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado “derogar este tipo de normas” e investigar la actuación de los funcionarios judiciales que participaron en la causa. También el organismo internacional ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.
En 2004 la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la causa e indicó al Consejo de la Magistratura que analizara la situación de los jueces que declararon prescripta la causa. En 2008 el Poder Ejecutivo por medio de su entonces Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, denunció ante el Consejo de la Magistratura a Iermini.
A cuatro años de la primera denuncia y a ocho del pedido del máximo tribunal argentino, en 2012, la denuncia contra Iermini por su “mal desempeño” en la causa llegó al Plenario del Consejo de la Magistratura. El dictamen impulsado por los consejeros Manuel Urriza, Hernán Ordiales, y los legisladores Marcelo Fuentes, Stella Córdoba, Carlos Moreno y Ada Iturrez no obtuvo los dos tercios y el expediente se archivó. Al igual que la causa principal, quedó en la nada.
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