El empalague del espanto: basura, ratas y enfermos en dos cárceles de Mendoza

Cosecha Roja.-

Colchones inflamables, un basural descontrolado a 800 metros, ratas gigantes, baños rotos y presos sin atención médica son algunas de las denuncias que el abogado especializado en Derechos Humanos Carlos Varela Álvarez escribió en el informe para la Comisión Interamericana de DDHH sobre las cárceles San Felipe y Almafuerte, en Mendoza. “Pedí a las autoridades municipales que clausuren los sectores en los que las condiciones son inhumanas y presenté un habeas corpus a la Corte Suprema Provincial para que establezcan medidas alternativas a la prisión”, dijo Varela Álvarez a Cosecha Roja.

Las tres medidas que presentó el abogado fueron después de que él y un grupo de colegas, estudiantes y un médico visitaran el complejo penal de Almafuerte y el de San Felipe a principios de septiembre. Llevaron cámaras de fotos y armaron una encuesta para conocer la opinión de las personas privadas de su libertad. En el casillero de hacinamiento preguntaban “¿Con cuántas personas duerme usted?”. En el espacio para la respuesta pusieron “1, 2, 3, 4, 5” pero no alcanzó: los detenidos comparten celdas (construidas para cuatro) con once personas.

En el cuestionario también preguntaron sobre acceso a la salud, trabajo, cultura, existencia de plagas y basura, aseo de los módulos, violencia y malos tratos del personal. Casi la mitad de las personas privadas de la libertad dijo que las condiciones de detención eran “pésimas”. Solo dos respondieron “excelente”. Lo mismo pasó con la salud: el 45 por ciento la criticó. Otra de las situaciones que relevaron fue que los propios presos reparan sus celdas con pintura y materiales que les llevan los familiares. La mayoría resaltó también el mal vínculo con los agentes penitenciarios. “Encontramos casos de personas que llevaban al menos tres días de encierro total sin colchón, durmiendo en el suelo, y que sobrevivían por la solidaridad de los demás internos”, escribieron en el informe.

No hay extintores ni mangueras. Hay espacios sin ventanas, pabellones completos de presos encerrados 23 horas al día, calabozos de 6 metros cúbicos con 10 personas alojadas y sin ventilación durante toda la noche. “No hay condiciones de higiene y seguridad, hay celdas sin luz ni agua”, relató Varela Álvarez.

Si bien no es la única cárcel de Mendoza (también existen Boulogne Sur Mer, El Borbollón y San Rafael, entre otras), según el sistema nacional de estadísticas (SNEEP 2014) la población penal de Mendoza era de 3.945 y más de la mitad (1112 y 1240) estaban en Almafuerte y San Felipe.

Durante la recorrida por Almafuerte, se acercó Maximiliano, un hombre con golpes visibles en la cabeza, el cuerpo y las manos. Contó que se los hicieron los propios internos “con permiso de la autoridad”. Aunque el “incidente” fue dos días antes de la visita, todavía no había recibido atención médica. Sergio, otro detenido, apareció caminando con todas sus pertenencias guardadas en una frazada. Temblaba. Les dijo que no quería que lo llevaran al “tiradero”. Más tarde, otros internos ayudaron a los abogados a saber a qué se refería: es un pasillo enrejado por donde, en la noche, pasan los roedores.

Cristina Padilla fue parte del equipo y escribió sus impresiones en el informe. Dijo que salió de San Felipe “empalagada de espanto” y consideró que los internos sufren una triple condena: la judicial, la social -son “demonizados”- y la “detención con condena al modelo represivo-agresivo”. En el penal hay dos internos parapléjicos. Uno de ellos está alojado en planta baja junto con cinco compañeros más, aunque hay camastros sólo para tres de ellos y los demás duermen en el piso o en la mesa. El otro tiene asignada una celda en el primer piso que comparte con diez más: sus propios compañeros lo trasladan en brazos para subir y bajar las escaleras.

“No tienen información acabada de los procesos judiciales, se quejan de la falta de visita de jueces y abogados. La cantidad de personas que se acercaron a ver al médico fue impresionante”, contó el abogado. El doctor que participó de las visitas no paró de revisar internos y de anotar los reclamos por falta de atención: epilepsia, infección respiratoria aguda reciente, cicatriz y lesiones de granuloma, tumor, disnea de grado creciente, dermatomicosis, alopecia arriata, amputación parcial del pie derecho, dificultad respiratoria crónica intermitente, dolores en rodilla y lumbalgia.

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Según el informe, la violación de DDHH en las dos cárceles violan las convenciones Americana y de la ONU contra la Tortura. Los reclamos no son nuevos. Ya en 2003 un grupo de abogados (el mismo Álvarez, Diego Lavado, Pablo Salinas y Alfredo Guevara) habían presentado un grupo de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH). En aquel entonces, el principal problema era la alta tasa de homicidios. Consiguieron que la aceptaran y que la Corte Interamericana ordenara medidas provisionales que incluían reparación a familiares de presos que habían muerto, la creación de la figura de defensores de ejecución de la pena y un procurador penitenciario. Hubo audiencias en Asunción del Paraguay, Brasilia, Ciudad de México, Washington, Buenos Aires y Quito. En 2010, se firmó entre el Estado Argentino y los querellantes, una ‘solución amistosa’ porque la situación había mejorado.

Pocos meses después salieron a la luz los videos de torturas en San Felipe.

Como las denuncias por heridos en la cárcel volvieron a aumentar, Varela presentó en enero de 2014 medidas cautelares ante la CIDH y el informe es parte de ese nuevo proceso.

[Nota publicada el 5/10/2015]