El Estado mexicano no se hace cargo de las desapariciones forzadas

desaparecidos en mexico
Gonzalo Ortuño López. Spleen Journal-
“Sucede con los seres ‘desaparecidos’ que aunque se sepa que no queda ninguna esperanza, siempre se sigue esperando. Vive uno en acecho, en expectación; las madres de esos muchachos que se embarcaron para una peligrosa exploración se figuran a cada momento, aunque tienen la certidumbre de que ésta muerto ya hace tiempo, que va a entrar su hijo, salvado por milagro, lleno de salud. Y esa espera, según cómo sea la fuerza del recuerdo y la resistencia orgánica, o las ayuda a atravesar ese período de años a cuyo cabo está la resignación a la idea de que su hijo no existe, para olvidar poco a poco y sobrevivir, o las mata” (1)
10 de mayo de 2012. Lourdes  Valdivia es una mujer robusta de pequeños ojos, viene de León Guanajuato y siempre trae en la mano una Coca-Cola de 600ml. No puede celebrar, como cada año el día de las madres, porque su esposo y su hijo, José y Juan Cordero, desaparecieron, junto con ocho personas más en el estado de Zacatecas el 6 de diciembre de 2010 en un viaje de cacería. Policías municipales los entregaron a hombres armados y no ha sabido más de ellos.
Lourdes camina junto con 300 madres y familiares que también perdieron a alguien. Son pocos para una manifestación en la Ciudad de México, pero muchos para estar organizados en una búsqueda que no tiene fecha de caducidad.  La mayoría comenzó a buscar en los últimos seis años, desde que el Gobierno federal envió a las fuerzas armadas a la calle y las organizaciones delictivas decidieron entrar en el negocio de trata de personas, secuestro y extorsión.
Los retos para los familiares implican el empeoramiento de sus condiciones de vida: el estrés, la ansiedad, la depresión y los problemas para dormir. Un día se despiertan con la esperanza de encontrar a quien les hace falta y en otros, parecen muertos en vida porque el “piloto automático” es lo que los hace sobrevivir. La mayoría de las víctimas son hombres o principales sustentos, y la familia no puede cobrar una pensión, obtener la custodia de los hijos, o hacer un simple trámite burocrático, además del peligro que implica la búsqueda. (2)
“A uno lo matan también en vida, yo siempre estoy con mi dolor y mi tristeza y así será hasta el día en que me muera”, dice Lourdes Valdivia, ella y su familia siguen en búsqueda a pesar del común estigma de que sus familiares en algo andaban metidos y de las trabas en el Ministerio Público que consigna a los responsables por “abuso de poder”. La desaparición los rebasa porque suspende el tiempo, sus efectos son prolongados y se destinaron a mantener lo irreparable de la pérdida.
Las personas desaparecidas en México padecen el efecto Blanca nieves, parece que están dormidos, no hablan, no escuchan, están abstraídos del mundo y casi ninguno encuentra la puerta de regreso. Viven en un universo paralelo al nuestro, no tienen tumba porque no se sabe si están muertos y no tienen velo porque no hay cuerpo que velar.
Deshumanización
Para dimensionar los efectos psicosociales que enfrenta un familiar, basta imaginar que cada persona desaparecida simboliza una piedra que cae al agua. Las ondas se propagan y llegan a toda la superficie, ésos son los círculos sociales que trasciende la ausencia: familia, amigos, compañeros de trabajo y conocidos. En el lago mexicano van más de 24 mil piedras, pero las ondas que producen son invisibles. (3)
Si concebimos al tejido social, como un conjunto de procesos donde se dan una serie de relaciones internas e interdependientes, que soportan emocional, cultural, física, social y económicamente a sus integrantes (4), la sociedad mexicana es un actor importante en la invisibilización del fenómeno. Percibe la desaparición fuera de su mundo, por el entorno, el miedo o la desinformación. Como diría el teórico de la desobediencia civil, Pietro Ameglio, hay una grave irresponsabilidad de la reserva moral: medios de comunicación, las iglesias, las universidades, el sector académico, intelectual y artístico son cómplices de esta apatía social. La mayoría no actúa y sólo contempla como si hubiera un edificio en llamas, donde las personas no salen, no alertan al vecino, sólo miran el televisor mientras otros se queman y poco a poco respiran la muerte.
El apoyo social es necesario para disminuir el comportamiento que genera el estrés. Si el familiar de una persona desaparecida, comparte su experiencia, al mismo tiempo enfrenta y entiende el trauma para darle un significado. El apoyo social se asocia a una menor mortalidad y una mejor salud mental. (5)
Lo que descuidó el padre
La inmensa operación, sutil y refinadamente perversa de las desapariciones es imperdonable, diríamos, ontológicamente, porque fue concebida para hacerse imperdonable. No por espíritu de venganza, que no se ha dejado ver, por otra parte. Los crímenes que son imperdonables no suscitan la venganza porque no se terminan. Permanecen sus filos acerados hundidos en la carne. Para esas heridas no hay memoria ni olvido porque sólo existen en el presente. (6)
Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas (7). Durante 2012 el grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó México y se entrevistó con una gran cantidad de autoridades federales y estatales, organizaciones no gubernamentales y familiares de desaparecidos.
Analizó 218 casos sobre posible desaparición forzada sin resolver,  de los cuales ninguno se esclareció por el Gobierno. Al final del examinado ya eran 238 casos (8).  En su informe publicado el 14 de marzo pasado, el Grupo de Trabajo insistió en que la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación.
Al respecto el Gobierno mexicano ha presumido la tipificación del delito en nueve estados de la república y en el Código Penal Federal que dice: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”. (9)
De acuerdo con el estándar internacional, para tipificar la desaparición forzada se requieren tres elementos: que sea ejercida por autoridades o por gente con consentimiento de éstas, que las autoridades nieguen el hecho y que no se encuentre a la persona desaparecida. (10)
Sería fácil tomar la oferta y catalogar como un avance la tipificación del delito, pero esta definición es limitada y no contempla los tres requisitos anteriormente mencionados. Al hablar del Estado como responsable, se incluye a todas las personas y entidades cuyo funcionamiento pueda vincularse a la responsabilidad del mismo.
Por esta razón es difícil probar el vínculo entre los autores materiales y el Estado ya que pueden cometerlo soldados, policías, agentes de seguridad privada, grupos parapoliciacos, paramilitares o cualquier persona que siga la orden de una autoridad.
La trampa legal del Estado mexicano consiste en reconocer la existencia del delito, pero se desprende de su responsabilidad en el hecho. Si algo ha caracterizado al discurso oficial en este tema, es que en la guerra contra la delincuencia organizada quienes cometen las desapariciones sólo son los delincuentes. Cuando se habló de gente inocente entonces se convirtieron en daños colaterales hasta que la movilización de los familiares tomó las calles y la palabra. (11)
La periodista Lydiette Carrión, quien ha cubierto el tema junto con otras graves violaciones a los Derechos Humanos, coincide con la idea de que existe una tendencia a invisibilizar el delito, al no consignar las averiguaciones previas por desaparición forzada y desviarlas por secuestro, abuso de autoridad, homicidio, incluso por falsedad de declaraciones. Asegura que de todas las recomendaciones de la CNDH de 2011, dos son por desaparición forzada. El ejército las consignó por falsedad de declaraciones y por homicidio. Y sólo el caso de Nitza Paola Alvarado, mujer chihuahuense detenida el 29 de diciembre de 2009, junto con su tío José Ángel y su prima Rocío, por militares en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, es al que le reconocen el delito de desaparición forzada.
La actitud de las autoridades, quienes son un segundo actor responsable en el fenómeno de la desaparición en México,  sólo contribuye a que el lugar donde esté la persona desaparecida y los responsables de la misma se diluyan en la niebla del silencio.
Las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo se han comenzado por las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, quienes tendrán que caminar primero en este largo proceso de reconstrucción social y de la memoria para que paren de contar las 6 o 24 o 30 mil historias tristes.
(1) Marcel Proust. En busca del tiempo perdido
(2) Usar el derecho contra las desapariciones forzadas. Guía práctica para familiares de personas desaparecidas y ONGs. Alm for human rights, páginas 113-114
(3) La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene un registro de 24 mil 91 personas reportadas como desaparecidas, y en investigación dos mil 126 casos por desapariciones forzadas.
(4) Revista Tabula Rasa. Realidades y falacias de la reconstrucción del tejido social en población desplazada por Yuri Alicia Chávez Plazas y Uva Falla Ramírez. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
(5) Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos, elaborado por Carlos Martín Beristain, página 31.
(6) Revista de estudios sociales. Universidad de los Andes, Nº 02. Desaparecidos, por Alejandro Kaufman. Página 133- 141, diciembre de 1998.
(7) Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Marzo 2012.
(8) Ídem.
(9) Código Penal Federal, Capítulo III-Bis y Artículo 215-A.
(10) De acuerdo con la Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 1992, una desaparición forzada ocurre cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley”.
 (11) Desapariciones de mujeres no representan una problemática importante: Procurador de Justicia de Querétaro. El Universal Querétaro 18 de septiembre de 2012. 
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