El que roba ¿tiene que morir?

La Justicia de Santa Fe dejó en libertad a un joven de 25 años que atropelló y mató a otros dos jóvenes que le habían robado. Estuvo preso dos semanas acusado de doble homicidio, mientras se hacían marchas para pedir su libertad y las familias de las víctimas eran señaladas como delincuentes y culpables. ¿Hay una parte de la sociedad que cree que es legítimo asesinar a quien roba? ¿Existe la justicia cuando la víctima se convierte en asesina?

El que roba ¿tiene que morir?

Por Flavia Campeis
23/04/2021

Foto: El Ciudadano

Son las 8 de la noche del miércoles 14 de abril en la esquina de San Lorenzo y Moreno, en el centro de Rosario. Dos jóvenes hablan a metros de la sede de la Gobernación de la provincia de Santa Fe. Miran, junto a un grupo de personas, a un hombre tendido en el piso que acaba de intentar robar una bicicleta. Los vecinos lo retuvieron y lo golpearon, después la Policía lo detuvo.

-¿No se amendrentó con lo que le hicieron a los otros dos ladrones?

-Eso lo pensamos nosotros pero ellos no se amedrentan con nada.

Los otros dos ladrones de los que hablan son la noticia más comentada en la ciudad en la última semana.

El jueves 8 de abril a las 16.30 dos jóvenes armados asaltaron a Diego Pablo C., de 25 años, en el oeste de Rosario. Fue en el barrio Fisherton, una zona conocida por las grandes casas de dos plantas, con amplios jardines y piletas, y antiguos caserones estilo inglés por la influencia del Ferrocarril. El robo fue lejos de esa imagen, en una parte de casas aún sin terminaciones, familias de clase media trabajadora, cerca del Mercado de Concentración de frutas y verduras. A Diego C. le robaron una mochila con 2.000 dólares, 2.400 pesos y un celular. Cuando los ladrones escaparon, los persiguió con su camioneta Chevrolet S10 por casi siete cuadras. En la calle Juez Zuviría al 200 la moto subió a la vereda y el auto hizo lo mismo. Los atropelló por detrás y después chocó contra un árbol.

Abajo de la 4×4 murió en el acto un pibe con su mismo nombre y su misma edad: Diego Nicolás Quiroga García, 25 años. Al día siguiente, muere el otro joven, Luciano José Escudero, de 29, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El Diego vivo que manejaba la camioneta quedó detenido y el fin de semana siguiente fue imputado por doble homicidio simple con una prisión preventiva de 60 días.

La detención hizo que el sábado 10 de abril alrededor de dos mil personas se movilizaran bajo la lluvia en el barrio de Fisherton para pedir la liberación de su vecino Diego. Entre los carteles que se levantaron se leía: “Para las víctimas derechos inhumanos. Para los delincuentes derechos humanos”, “No salió a matar, quiso defenderse”, “Nadie nos cuida”, “Dejen de matarnos”, “Liberen a Diego ya”, “Los ladrones debían estar presos”, “Todos somos Diego”, “El Estado es responsable y Diego la víctima”, “Hartos”. En las semanas siguientes hubo otras dos marchas parecidas.

El viernes 23 de abril el Ministerio Público de la Acusación informó que Diego C. iba a declarar por primera vez. En una audiencia por zoom, habló diez minutos ante el juez Román Lanzón. “Los seguí para frenarlos, nunca para matarlos”, dijo al contar su versión de por qué le pasó por arriba con su camioneta a dos personas. Le dieron la libertad. El juez aceptó un acuerdo previo entre el fiscal y la defensa para que, a dos semanas del doble homicidio, quedara libre con una serie de restricciones. Se espera que le bajen la calificación legal de doble homicidio simple (con pena de 8 a 25 años de cárcel) a homicidio por exceso de legítima defensa (1 a 5 años).

La secuencia de estos días, que generó el diálogo entre dos jóvenes sobre el no “amedrentamiento” de un ladrón, también reavivó la discusión sobre la violencia que desencadena más violencia. Dos jóvenes muertos, otro de su misma edad preso, familias pidiendo la liberación, familias llorando a sus hijos asesinados, la disputa sobre quién ejerce el rol de la víctima, antecedentes delictivos que parecieran justificar la muerte y debates que reavivan en los medios de comunicación términos como “justicia por mano propia”, “linchamientos”, “detenciones civiles” y “legítima defensa”.

Culpables

Una semana después del doble crimen en el barrio Ludueña -a diez minutos en auto o moto del lugar donde ocurrió el doble homicidio- alguien corta el pasto de la vereda con una camiseta de Rosario Central, un señor de unos 80 años está sentado en una silla de madera y asiento de paja en la puerta de su casa mirando el sol caer en el fondo de su calle, dos mujeres hablan sin apuro con otra que está sentada en una moto vieja con bolsos de compras colgados. Calles de asfalto roído, cunetas abiertas a ambos lados, veredas de pasto o cemento roto.

En esa cuadra está la modesta vivienda de los Quiroga García, los padres del Diego de 25 años que murió atropellado días antes. Desde arriba de un taller con portón de chapa una mujer se asoma por la ventana-balcón sin barandas y dice que no, que la madre y el padre de Diego están de viaje, que no, que no quieren hablar más. Entre amable y conmovida, baja y cuenta que Mónica y Alberto están muy afectados, no solo por la muerte de su hijo, sino también por las repercusiones que desató una entrevista que dieron al diario La Capital, uno de los más leídos de la ciudad. Pasaron horas leyendo cada uno de los comentarios de lectores que los tildan de delincuentes, mentirosos, culpables y, a la mamá de Diego, por supuesto, de mala madre.

La mujer dice que ellos no tienen la culpa de lo que hacen los hijos, que Mónica trabaja con ella desde hace once años para una empresa de limpieza, que no quieren hablar porque hablar sólo generó más violencia contra su familia.

En esa entrevista Mónica habló sobre la madre del Diego imputado: “Me compadezco de esa madre. Yo tuve que ir a ver a mi hijo preso y sé lo que está sintiendo, sé por lo que está pasando. Yo tuve que ir a la cárcel pero ahora mi hijo ya no está más. También es cierto que a mi hijo un muchacho lo condenó a muerte por un robo y ahora ya no lo tengo”.

Alberto, el papá, dijo al mismo diario: “No se merecía este final, aplastado en una vereda como un perro. Yo manejé toda mi vida. Fui colectivero, tuve una chata, manejo camión y veo el video en el cual mataron a mi hijo y ninguna persona puede hacer lo que hizo este muchacho. Subió a toda velocidad a la vereda hasta pasarlos por arriba con la chata”.

“Y nosotros somos gente que hizo todo lo que pudo para sacar a dos hijos de la calle, pero siempre nos dieron la espalda. ¿Sabés la cantidad de veces que le pedí a Dios que lo sacara de la calle? Porque lo quería vivo, y ya no lo tengo más. Por nosotros nadie se compadece, nadie hizo nada”, explicó Mónica sobre su hijo, que había estado preso dos años por robar un celular y recuperó la libertad en 2019.

Sobre Luciano Escudero, el otro chico asesinado, se sabe mucho menos. La dirección del parte policial indica que vivía a menos de 20 cuadras de la casa de los Quiroga García, pero su familia no pudo ser contactada para contar quién era. Se sabe que en 2015 fue condenado por asesinar a un adolescente de un puntazo en lo que testigos describieron como una reacción luego de haber sido atacado a tiros en una disputa entre bandas. Antecedentes que sirvieron para condenarlo a prisión y ahora, después de su muerte, también a la invisibilidad. Nadie quiere o nadie puede hablar para reconstruir su vida, como si su historia empezara y terminara en un delito.

La legítima defensa como respuesta a todo

El defensor público y docente de la Facultad de Derecho y de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario, Francisco Broglia, analiza el doble homicidio de los jóvenes atropellados en Rosario como un caso en el cual se utiliza la legítima defensa de manera incorrecta.

“En los medios de comunicación la cuestión jurídica aparece muy confusa, porque se plantea este caso como de legítima defensa, cuando aparentemente este chico no habría estado en una situación de peligro que exigiera defenderse”. En este sentido aclara que “la legítima defensa se considera cuando hay un riesgo inminente para la persona que se defiende o para terceros, por lo cual actúa en defensa de esa persona, donde esté en juego un riesgo jurídico y no solamente la vida, porque uno puede actuar en legítima defensa con otro tipo de agresiones que no impliquen la muerte, como es el caso de abusos. Lo importante es que la defensa tiene que ser proporcional al riesgo al cual se enfrenta”.

El defensor público analiza también cómo en los medios se presenta al joven que atropelló a los delincuentes: “Se lo muestra como un justiciero, ese es el lugar en el que lo ponen los medios, pero no es un lugar pedido por él. También hay un uso de la figura de esta persona, que incluso puede ser contraproducente para su defensa, porque no lo escuché hablar a él en ningún momento, ni que reivindique la justicia por mano propia”, dijo y concluyó: “Por un lado está el uso del chico Diego y por el otro la deshumanización de las personas que fueron víctimas del delito, que son las personas muertas y esa deshumanización pretende presentarlos como personas que no merecen la protección del Estado, que merecían morir porque estaban en la mala”.

Esa costumbre de linchar

La historia de Diego y Luciano tiene en Rosario uno de los antecedentes más dolorosos del país: el crimen de David Moreira. En marzo de 2014 el joven de 18 años sufrió una feroz golpiza por parte de vecinos de barrio Azcuénaga después del intento de robo de una cartera. Agonizó durante cinco días y falleció. El asesinato fue noticia nacional e internacional porque hubo gente que filmó el linchamiento y en los videos se veía cómo distintas personas le pateaban la cabeza, lo arrastraban y le seguían pegando ante la mirada y la arenga de cerca de 100 testigos. Las imágenes conmovieron hasta al Papa Francisco, quien dijo que “sentía las patadas en el alma”.

Por el crimen solo fueron imputados tres hombres, más allá de que las imágenes muestran la participación de decenas de personas. Uno fue condenado el año pasado en un juicio abreviado a tres años de prisión condicional, mientras que el próximo 26 de mayo comenzará el juicio contra los otros dos acusados. En primera instancia habían sido imputados por homicidio agravado pero finalmente se les bajó la calificación a homicidio en riña lo que significa una pena menor. Como si Moreira hubiese participado de una pelea cualquiera y no víctima de la violencia vecinal.

Existen diferentes términos para enunciar este tipo de situaciones: vigilantismo, violencia colectiva o, como lo llama el abogado e investigador Esteban Rodríguez Alzueta, vecinocracia, el gobierno de los vecinos donde la acción punitivista viene desde algunos sectores de la sociedad. Se puede decir que desde el caso de Moreira, la palabra “linchamiento” comenzó a aparecer con más frecuencia en los medios de comunicación de Rosario y el país. Un estudio de CLACSO demuestra que el 2014 -año del asesinato de Moreira- y el 2020, fueron los años con más linchamientos en Argentina.

Uno de los casos de ejercicio de violencia a través de la mal llamada “Justicia por mano propia” que más resonó en los últimos tiempos fue el de la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, que iba de acompañante en el vehículo que manejaba su marido Juan Ignacio Buzali, el 1 de enero pasado, cuando atropelló de forma intencional a dos motociclistas que confundieron con delincuentes. El matrimonio escapó y los dejaron heridos en la calle.

Otro antecedente de este tipo de violencias es el del carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, que en 2016, después de ser asaltado por dos delincuentes que se dieron en fuga en una moto, los persiguió y atropelló, uno de los ladrones quedó entre su auto y un semáforo, situación que vecinos aprovecharon para pegarle hasta matarlo.

Más atrás en la historia, analistas de este tipo de casos identifican como uno de los primeros hechos que tuvo notoriedad pública en nuestro país al caso del ingeniero Santos: el sábado 16 de junio de 1990 Horacio Santos mató de dos balazos en la cabeza a dos hombres a los que persiguió luego de que le robaran el estéreo de su auto.

La investigación

Según la información judicial, Diego C. fue asaltado cuando llegaba a la casa de sus padres en calle Amuchástegui al 600 con una pistola calibre 9 mm. que circulaban en una moto Honda Titán 150 cc. y le sustrajeron una mochila con dinero. Los ladrones escaparon y Diego C. comenzó una persecución a lo largo de siete cuadras en la camioneta Chevrolet S10. Las cámaras de seguridad de las casas vecinas muestran cómo en la esquina de Navarro y Zuviría la moto subió a la vereda y la camioneta los chocó por detrás.

La versión de la defensa del joven fue que para robarle los jóvenes dispararon, una hipótesis que no fue corroborada hasta el momento. En la zona donde ocurrió el robo la Policía secuestró parte de un cargador 9 mm. y proyectiles intactos, mientras que en el lugar del choque secuestraron una pistola 9 mm. y el cargador desarmado.

Diego fue imputado por el delito de doble homicidio simple y el fiscal pidió la prisión preventiva por el plazo de ley (para delitos de este tipo se solicita sin plazo) aunque sugirió la prisión por 60 días, que fue el tiempo que aceptó el juez Román Lanzón. La justicia está trabajando sobre imágenes de alrededor de 20 cámaras de seguridad tanto del lugar del robo como del trayecto hasta la colisión. Si bien se trabaja sobre el doble homicidio, también continúa la investigación del robo, un delito sobre el que no se podría lograr condena ya que los dos autores están muertos. Según la Fiscalía, el robo sigue en investigación por la posible participación de una tercera persona que podría haber marcado a la víctima. Lo que no se explica es por qué se sigue investigando un robo cuando los autores están muertos en el contexto de un doble homicidio.

Este viernes 23 de abril Diego C. declaró y quedó en libertad.

Flavia Campeis

Flavia Campeis

Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja desde hace más de 15 años en prensa escrita y radial sobre todo en temáticas vinculada a violencias y género. Colabora para distintos medios. Fue becaria de la Fundación Gabo de Colombia.
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