El reparto: sobre la creación la Policía Municipal en la provincia de Buenos Aires

policia local

Por Ileana Arduino* y Esteban Rodríguez Alzueta**

Berni, Insaurralde y Massa presentaron la semana pasada una nueva versión de policía local en la provincia de Buenos Aires. Mirado el proyecto de ley como tal, es decididamente malo, incompleto, limitado, deja muchas cosas pendientes, está lleno de agujeros negros y en el futuro próximo puede convertirse en una caja de sorpresas.

Como siempre, lo que importa es el bosque que resulta inocultable. El llamativo consenso que este proyecto de ley está reclutando entre los distintos partidos pone sobre la mesa lo que todos saben: la provincia de Buenos Aires enfrenta el desafío de no ser atropellada por la policía provincial que, -por obra y gracia de las decisiones políticas de turno-, siempre es capaz de mostrarse un poco más desmadrada. En descontrol, hay que reconocerlo, la bonaerense no tiene techo.

Hay que colocar este proyecto en el marco del aumento del delito predatorio o callejero y en términos más amplios, de creciente conflictividad social, como producto del aumento de la desocupación y la marginación, todo regado por un feroz proceso de desarticulación y reacomodamiento de los caciques en el territorio político. Pero, no menos importante, es anotar que también se produce en el marco de una interna al interior de la Bonaerense que el gobierno de la Provincia no está pudiendo surfear. Vidal lo sabe y por eso está atenta, mal que le pese a Ritondo, a las voces de los intendentes de la oposición.

No es para menos, se trata de una interna que se está llevando adelante con lo que la policía ha ostentado muchas veces, y sabe o dejar hacer: secuestros, asaltos a camiones blindados, entraderas, reventar casas de funcionarios, espiarlos. Todos saben de la capacidad de quilombificar que tiene la Bonaerense, todos saben que puede transformarse en la peor pesadilla.

Este proyecto de Policía Municipal llega, además, tras el fracaso de la Policía Local impulsada por Decreto, un fracaso militado por la Bonaerense que, con anuencia del ex Ministro Granados, boicoteó exitosamente el Proyecto del entonces diputado Marcelo Sain. En su lugar promovió un armado híbrido, con una institucionalidad descoordinada y a sabiendas inoperante, para después terminar absorbiendo a las llamadas Unidades de Policía local creadas por Resolución del Ministerio de Seguridad Nº 835/14.

El boicot al servicio de la bonaerense era un recurso de gestión habitual. Lo mismo había pasado ya con la POL 2, aquella vieja idea de ir montando una nueva policía. Superado el estándar de las buenas intenciones, ese esquema sólo podría tener sentido si se trabajaba al mismo ritmo en desarticular a la vieja policía. De lo contrario, creer que una nueva estructura lanzada en territorio ocupado ocultará al monstruo viejo es, según vimos todos, una fantasía. Mientras haya Bonaerense y se insista con el pacto –que parece ya no funcionar- veremos cómo una iniciativa tras otra es fagocitada.

La Bonaerense en partes

Lo que este proyecto llama creación de policía local no es ni creativo ni local en términos sustanciales. Con sustancial nos referimos a esquemas policiales territoriales, gestionados y concebidos a escala municipal, basados en diagnósticos holísticos de conflictividad social, que piensen el componente policial como una herramienta de la gestión, de necesaria articulación con el resto de la institucionalidad estatal y la comunidad como el último recurso en lo posible y no como el único. Sí, en cambio, responde a todo el catálogo de lugares comunes que han llevado a que la política en su conjunto piense en lo policial, en lo securitario como el antídoto predilecto.

Este proyecto propone, lisa y llanamente descentralizar a la Bonaerense, como un mercado de partes, y… ¿repartir la torta?

A cada Municipio le tocarían las Unidades de Policía de Prevención Local creadas, como dijimos arriba, por Resolución del Ministro y que , proyecto mediante, pasarían a ser la Policía de Seguridad de Distrito (art.3).

El paquete es all inclusive: partidas presupuestarias, equipamiento técnico, armas y municiones, indumentaria, elementos de protección, demás accesorios que use el personal policial; vehículos, patrulleros, camionetas, camiones, ómnibus, motos, bicicletas, cuatriciclos o todo otro medio de locomoción de uso policial afectado a la seguridad preventiva; sistemas de telefonía fija, móvil y de comunicaciones de imágenes, audio y datos; sistema de comunicación policial operacional; sistema informático policial; inmuebles e instalaciones. Es decir, le sacan a la Bonaerense hasta las comisarías (art. 4).

¿Y quién manda en este esquema de Bonaerense para todas y todas? El proyecto en su artículo 2 establece que con su aprobación serán los municipios quienes conducirán y administrarán estos nuevos servicios de policiales de seguridad distrital.

Un mar de dudas y algunas cuantas certezas preocupantes

Siempre resultan movilizantes las discusiones alrededor de la policía bonaerense. Dudas, sobran. Algunas pueden saldarse en el debate que está teniendo lugar. Otras, si siguiera la política de aguantar el chubasco hasta que pase o se repactara tranquilidad a costo de extorsión, se patearán para más adelante. Repasemos algunas de ellas:

-El proyecto no dice nada sobre la estructura de las Departamentales, las ex CPC (Comando de Prevención Comunitaria), ni la infantería, la policía rural, las divisiones que se ocupan de la custodia de edificios y funcionarios públicos y las Comisarías de la Mujer. ¿Qué pasará con estos cuerpos? Los legisladores quieren reservar a la Bonaerense el crimen complejo. No deja lugar ni para chiste. Aun así. estos cuerpos quedan en un limbo que habrá que precisar.

-Al nivel de cada municipio, la Policía de Seguridad Municipal dependerá orgánica y funcionalmente del Departamento Ejecutivo Municipal (art. 2). El concejo deliberante ni siquiera está dibujado. Debería preverse un órgano colegiado de seguimiento y control, integrado por las minorías políticas que integran el concejo deliberante. Nos parece, además, que otras organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las organizaciones de derechos humanos o los organismos de familiares de víctimas de la violencia institucional, deberían tener la posibilidad de tener una voz en el mismo. En estos puntos el proyecto demuestra que hay más foco en procurar un shock frente a la realidad que impone la Bonaerense hoy que una perspectiva política genuina que apueste por el policiamiento local.

-El proyecto no fija escalas: no dice si será una Policía para todos los distritos de la Provincia o solo para aquellos, por ejemplo, que tengan más de cien mil habitantes. Todos los Municipios para pedir su porción de Bonaerense necesitan previamente una “Ordenanza de adhesión del Concejo Deliberante local” (art. 2), pero no distingue entre pequeños, medianos y grandes municipios.

-No hay noticias sobre la capacitación de la Policía Municipal. Se señala que “el Intendente aprueba la denominación y los contenidos de los cursos de capacitación, perfeccionamiento, especialización y/o entrenamiento para la seguridad pública local destinados a la capacitación del personal policial de la Policía de Seguridad Municipal, así como los procesos de selección e incorporación de personal” (art.16)- La aprobación del intendente no garantiza nada y en ese punto el proyecto confunde conducción política con puesta en escena. La autoridad del intendente en un esquema de policía local es ridiculizada si creemos que se expresa en la aprobación de propuestas pedagógicas.

-En línea con lo anterior, tampoco dice nada sobre quién se encargará de elaborar los contenidos y mucho menos, cómo se compondrá el staff de docentes. Entonces el intendente: ¿podría escribirla el mismo? Recordemos que Patti, ya condenado por delitos de lesa humanidad y ferviente defensor del abuso policial como estrategia de prevención del delito, fue intendente en Escobar. Otros, aunque menos obvios, comulgan con ideas similares y siguen siendo intendentes.

-Se limita a decir que esa formación será de un año y que los aspirantes tienen que tener el secundario completo (art. 17), pero no queda claro si el Instituto que crea se encargara de promover una formación integral o cada intendente se hará cargo de semejante tarea. ¿ Y el personal heredado? La formación, además, tendría que ser permanente justamente porque los conflictos sociales son volubles y para ir abordándolos desde una perspectiva multiagencial y local se necesitan cada vez desarrollar capacidades específicas que permitan atender la complejidad de la conflictividad social.

-El artículo 19 señala que “el Intendente puede convocar y reincorporar al personal de la Policía de Seguridad Municipal en situación de retiro cuando fuere necesario por razones de servicio”. Esta norma tiene olor a pacto, ¿qué renovación propone un proyecto que apuesta a un mecanismo utilizado hasta el hartazgo (por el propio gobierno provincial en varias oportunidades y recientemente por el gobierno nacional al declarar la emergencia en seguridad) y cuya eficacia es imposible de acreditar por razones obvias?. Son normas que aseguran conchabos por amiguismo, protecciones ilegítimas, etc. Aun así, si la demagogia ganara y una norma así de perniciosa se mantuviera, deberían poder fijar criterios de exclusión: las acusaciones por violaciones de ddhh, la existencia de sumarios previos por abuso de poder, problemas de transparencia y corrupción, revisión patrimonial previa. Ni más ni menos que asumir que el retiro fue producido en una institución que ha encarnado su desarrollo con profundas raíces en el crimen mismo.

-Por otro lado, si el esquema estuviera bien desarrollado, fijados los criterios de asignación de personal con rigor: ¿qué tipo de transformación del escenario local en términos poblacionales y delictivos debería producirse para dejar tamaña canilla libre disponible? Si el Intendente necesita más personal podría celebrar convenios con otros intendentes para contar por un tiempo determinado con el apoyo de la fuerza de otros municipios hasta tanto egresen las futuras cohortes, si tuviera que ver con necesidades operativas derivadas de espectáculos, movilizaciones, etc. es más sencillo resolverlo de estas formas que sumando más de lo mismo siempre, es decir, problemas. Aunque el proyecto tampoco dice nada sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. Nos parece que tendría que aclararse si la policía en cuestión asumirá esta función de acuerdo a los protocolos vigentes.

-El artículo 27 crea para cada Municipio que adhiera a la ley un Consejo Municipal de Complementación para la Seguridad, que será presidido y coordinado por el Intendente Municipal o el funcionario que éste delegue. Dicho Consejo estará integrado además por las autoridades de las policías de la Provincia que actúan en territorio municipal; un representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; las fuerzas policiales y de seguridad federales que hayan sido autorizadas a desarrollar tareas de prevención y represión del delito en el ámbito de cada municipio; los funcionarios del Ministerio Público y demás organismos provinciales con asiento en cada municipio; integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública con asiento en cada municipio. Pero otra vez: no dice nada sobre los ediles que integran el consejo deliberante en el Municipio quienes no tienen voz ni voto en nada, ni sobre la sociedad civil. Esas mesas de articulación puramente policiales, a las que asisten servicios y se invita a jueces, intendentes y otros exponentes vitales de la política del pactismo que tan bien cultivó la bonaerense, lo que algunos llaman “comunidad”, existen.

-Los controles internos, y sobre todo externos, brillan por su ausencia. Una policía dirigida por cada intendente, pero que no tiene que rendirle cuentas a nadie, salvo, imaginamos nosotros, a la justicia. Ya todos sabemos cuán robusto viene resultando ese esquema de control.

-No se trata solamente de una policía de prevención tal como se estila sean las policías de proximidad que el proyecto invoca en sus fundamentos, pues se la implica directamente en la persecución del delito en el territorio donde interviene (art. 8). Se habla de prevención, básicamente porque queda bien. No se dice nada si será una prevención ambiental o situacional, o también será social y comunitaria. ¿Es igual la necesidad preventiva en zonas rurales, que en el primer cordón del conurbano? Nuevamente, pura declaración de principios, tomarse la prevención en serio reclama la previsión de mecanismos e instancias de articulación no sólo con otras agencias del mismo Municipio y la Provincia, sino con otras mediaciones comunitarias donde confluyen distintas organizaciones de la sociedad civil como, por ejemplo, los Foros de Seguridad Vecinal. Es decir, los legisladores continúan teniendo una mirada policialista de la seguridad en general y la prevención en particular. Creen que más policías en las calles, más patrulleros, es más seguridad.

-El proyecto no dice nada en caso de que la intervención policial involucre a personas menores de edad, ni de las detenciones por averiguación de identidad, una práctica selectiva y discriminatoria que vulnera los derechos en un territorio moldeado por regulaciones de faltas y contravenciones a cuyo amparo se ha gestado una impronta institucional racista, clasista y heteropatriarcal que funciona demasiado habitualmente en modo exterminio: eliminar del espacio público, y a veces demasiadas veces, eliminar y listo. En este punto no alcanza con trozar al monstruo bonaerense, hay que evitar que se vuelva uno de mil cabezas.

-En el art. 11 se señala que “el Gobierno Provincial deberá prestar asistencia a los Municipios cuando éstos lo solicitaren para garantizar la seguridad preventiva”, pero no queda claro no sólo en qué consistirá esa “asistencia”, sino además si la asistencia en cuestión tiene que ser requerida por el intendente o el gobernador puede disponerla de oficio. Porque en el caso de que se trate de efectivos de la Bonaerense, no se prevé tampoco quién dirigirá las acciones policiales coordinadas, si lo hará el Ministerio de Seguridad, la mismísima Bonaerense o lo seguirá haciendo el Intendente. El artículo 9 dispone que personal policial debe hacer uso exclusivamente del armamento reglamentario provisto u homologado por la autoridad competente, sin especificar si debe hacerlo las 24 hs o solamente durante su horario de trabajo, solo por poner un ejemplo de las muchas discusiones que se habilitan cuando hablamos de policiamiento local en serio.

-Tampoco el proyecto prevé la creación de un órgano que represente a los trabajadores policiales en el reclamo de sus derechos (por ejemplo un Ombudsman), dándole previsibilidad a los conflicto.

Voltaire decía que “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”. No aplica para este proyecto. En todo caso, su máximo potencial es constituirse como una oportunidad política para contener una bola que se va haciendo cada vez más grande, más pesada, que se vuelve más veloz. Pero también para exponer la limitación de estos pactos encubiertos que se proponen con iniciativas de este tipo y comenzar a hablar de la reforma en serio: la que exige cortar con el financiamiento político a través de las estructuras policiales, la que reclama deslegitimar el uso policial para limpieza social y guetización de la marginalidad que el saqueo financiero genera, la que reclama pensar también en la policía como colectivo trabajador cuyos derechos cuenten tanto como sus obligaciones, la que reclama eso y mucho más. Pensar ya no para contener la bola, cada vez más indetenible, sino para destruirla.

* Abogada, con orientación en derecho Penal (UBA) Integrante de la Junta Directiva de INECIP y colaboradora en ILSED.

**Docente e investigador de la UNQ. Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad. Miembro del CIAJ.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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