Diario La Página

Siete personas fueron capturadas el miércoles en Jiquilisco, Usulután, acusados de haber participado en delitos de abuso sexual y trata de personas. Se trata del caso de una menor de 12 años, quien supuestamente era obligada a prostituirse desde los ocho años.
Entre los principales detenidos están María E. Lozano de 50 años y Manuel Anaya Mejía, quienes figuran como los supuestos cabecillas de la estructura según la fiscalía.

La señora era la encargada de la niña desde que ésta tuvo 8 años de edad. A partir de entonces supuestamente aprovechándose de que la menor estaba a su cuido, habría comenzado a “prepararla” para explotarla sexualmente, de acuerdo a la investigación de la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal y Trata de Personas.

Violeta Olivares, coordinadora de dicha unidad de la fiscalía, dijo que la imputada obligaba a la menor a observarla mientras sostenía relaciones sexuales con hombres, y le decía que fuese “aprendiendo cómo se hace”, refiriéndose a los actos que la menor replicaría en el futuro.

La menor era forzada a mirar dichos actos con mucha frecuencia, inclusive relató que la obligaban a beber un líquido “transparente” que la ponía débil, lo cual las autoridades presumen que pudo haber sido alcohol. Esta situación habría ocurrido durante al menos dos años, dijo la fiscalía.

Cuando la menor cumplió 10 años, la imputada habría comenzado a “ofertarla” a diferentes clientes, quienes principalmente eran hombres mayores que habitaban en esa zona.

La menor era obligada entonces a sostener relaciones sexuales con esos clientes, quienes supuestamente pagaban hasta $35 por cada encuentro, dinero que recibían Lozano y Amaya, de acuerdo a las autoridades.

Esta mujer aprovechaba la humildad y vulnerabilidad de la pequeña, quien tampoco asistía a la escuela debido a su estado de pobreza. Las autoridades aseguran que para “venderla” casi a diario a estos clientes, muchas veces los abusos comenzaban desde muy temprano en la mañana.

Para garantizar que los clientes consumaran los hechos, la mujer supuestamente encerraba a la pequeña en un cuarto con ellos mientras los abusos ocurrían. En muchas ocasiones ocurrieron inclusive conductas “violentas y agravantes” en contra de la menor, detalló la fiscal Olivares.

A la pequeña supuestamente la ataban con sogas a la cama para que no se resistiera, además de cubrirle la boca para evitar que gritara, según relató a las autoridades. La imputada también habría amenazado a la pequeña que sí decía algo, ella y su familia serían asesinadas, puesto que la imputada “tenía contactos con pandilleros” para que las aniquilaran, dijo la fiscalía.

Durante todo ese tiempo, la menor manifestó en reiteradas ocasiones a sus encargados que no quería estar cerca de la imputada, pero debido a las amenazas no podía decir el por qué. Fue por eso que sus encargados continuaron dejándola al cuido de la imputada.

Incluso, en la investigación sobresale el caso en que una mujer de 39 años habría pagado $35 para que su hijo de 18 años tuviera un encuentro sexual con la menor. Ella habría pagado y llevado a su hijo para que se consumara el hecho.

Dicho joven habría ejercido mucha violencia en contra de la víctima, por lo que se le acusa de violación sexual, según la fiscalía. Asimismo, la investigación muestra que la menor habría sido abusada sexualmente por un hombre hasta de 72 años.

“Esta situación era del conocimiento público, en esa comunidad todos sabían que la mujer ofertaba a la menor durante el día, aprovechándose que la tenía a su cuidado”, dijo Olivares.

La pequeña habría vivido ese calvario de abusos desde el 2010 hasta marzo de este año, cuando llegó a la policía una denuncia. Las autoridades pudieron ubicar a la víctima, a su encargado y otros testigos.

Fue así como la menor relató a las autoridades la situación que habría vivido desde que tenía ocho años. Entonces se le sometió a diferentes peritajes en Medicina Legal, incluido un reconocimiento de genitales que comprobó que había existido violación sexual en ella.

Los peritajes sicológicos también arrojaron que la menor sufre varios traumas debido a los abusos que ha sufrido, entre ellas constantes pesadillas que la hacen revivir esos difíciles momentos. Para esto y otros problemas sicológicos que la menor presenta se le está brindando atención psicológica, detalló Olivares.

Con las declaraciones de la menor, así como de varios testigos de los hechos, se logró individualizar la participación de siete personas, entre quienes cometieron abuso sexual y aquellos que facilitaron su cometimiento.

Las siete órdenes de captura se giraron la tarde del martes 18 de septiembre, y esa misma noche se efectuaron las capturas a todos los involucrados en Jiquilisco, Usulután. La fiscalía presentará el requerimiento formal contra los detenidos este viernes.

Entre los delitos que enfrentan están trata de personas agravada, corrupción de menor e incapaz, violación sexual en menor e incapaz, remuneración por actos sexuales o eróticos y complicidad en el delito de violación sexual.

Olivares asegura que existen pruebas suficientes para que a los imputados se les decrete medida cautelar de detención provisional, mientras la fiscalía amplía las investigaciones.