El Salvador reinserta a sus ex-pandilleros en la sociedad

El salvador

La Prensa Gráfica-.

Lo que en un inicio surgió como un programa gubernamental de apoyo para jóvenes y madres jefas de hogar también se ha convertido en fuente de ingresos económicos para 750 pandilleros. Quezaltepeque, en La Libertad, e Ilopango y San Martín, San Salvador, son algunos de los municipios que han incluido a pandilleros dentro del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, conocido como PATI.

El programa entrega a los participantes $100 al mes, durante medio año, que deben trabajar seis horas al día en las comunidades.

El presidente Mauricio Funes dijo hace tres semanas, en su programa radial, que el PATI beneficiará a 67,400 personas en 36 municipios de todo el país.

Parte de los beneficiados están en San Martín, Quezaltepeque e Ilopango, los dos últimos municipios declarados libres de violencia, como parte de la segunda etapa de la tregua entre pandillas.

Según lo expresado por los alcaldes de Ilopango, Salvador Ruano, y Quezaltepeque, Carlos Figueroa, con la incorporación de los pandilleros se busca un equilibrio en los programas sociales que se ejecutan en sus municipios para beneficiar a las dos pandillas del país.

“Lo que nosotros hemos hecho es ser equilibrados y hemos quedado con ellos de llevar un proyecto a los números y otro a las letras”, dice Ruano para referirse a los distintivos en los nombres de las pandillas.

“Es tratar de mantener el equilibrio (…) Tenemos el programa PATI, en el que han sido involucrados 200 jóvenes de la 18 y 200 de la MS, eso es lo que estamos desarrollando”, expresó Ruano la semana pasada.

En esa línea fueron las declaraciones del alcalde de Quezaltepeque, quien manifiesta que él habló con representantes de pandillas para hacerles saber que la inclusión de ellos al programa PATI sería de forma equitativa.

“Eso se los aclaré ahí (en reunión que sostuvo el lunes 8 de julio con miembros de pandillas para pedir que se detuvieran los homicidios), como facilitador, que si les doy un proyecto a uno se los voy a dar a otro. Si no le doy a uno no le doy a otro. Porque si no ¡Dios me libre!”, dijo Carlos Figueroa.

De los pandilleros, 400 pertenecen a Ilopango, 50 a San Martín y 300 más a Quezaltepeque. La inclusión de los miembros de pandillas significará, en seis meses, un desembolso de $450,000 en concepto de pagos para el Gobierno.

El fiscal general de la República, Luis Martínez, consideró como indignante la situación, pues, según él, hay otros sectores a los que no se está apoyando: “Es grave, si a los pensionados no se les aumenta, esto es indignante y reprochable. Inaceptable”.

Jesús Valencia, jefe del programa PATI en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), institución gubernamental encargada del programa, manifiesta que el PATI no está destinado para beneficiar a miembros de pandillas; sin embargo, es claro en afirmar que tampoco los excluye de participar.

“Nosotros, desde un inicio, sabemos que hay participantes pandilleros. Con toda claridad te lo puedo decir, pero no es que el programa sea deliberado para las pandillas o mareros. No puedo excluir a nadie y decirle ‘mirá, vos sos marero y no’. Si cumple con los requisitos, se incluye. Si a nosotros nos cumplen los incluimos”, expresó Valencia.

Entre los requisitos que el FISDL exige a cada persona para formar parte del PATI están: residir en el Asentamiento Urbano Precario (AUP) de intervención desde hace seis meses, ser mayor de 16 años, estar desempleado y que no se encuentren realizando ningún tipo de estudios o formación profesional en días laborables, a excepción de las personas que se encuentren recibiendo estudios o formación profesional en modalidades flexibles como programas a distancia, fines de semana o educación nocturna.

Para Valencia, parte de la responsabilidad recae en las municipalidades, ya que según él son los que mejor conocen la situación de las comunidades.

“Las municipalidades tienen responsabilidad de lo que está pasando en el municipio, no es que nosotros digamos ‘mire, pónganos a esta gente’, la municipalidad sabe qué comunidades son. Con ellos vamos a las comunidades a registrar. Ellos saben si son o no son”, dijo Valencia.

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