Ellas son las pioneras de “no es amor, es trabajo no pago”

Salario para el trabajo doméstico reúne documentos, panfletos, volantes y crónicas sobre el movimiento que nació en Estados Unidos para reclamar un pago por las tareas del hogar. Compilado por Silvia Federici y Arlen Austin, acaba de publicarse en Argentina por editorial Tinta Limón. Cosecha Roja te comparte un adelanto.

Ellas son las pioneras de “no es amor, es trabajo no pago”

Por Cosecha Roja
23/12/2019

Foto: Freda Leiwand, de la colección de Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Universidad de Harvard.

El Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York fue una organización feminista autónoma que entre 1973 y 1977 se movilizó para exigir que el Estado pagase el trabajo doméstico. Formaba parte de una gran campaña internacional y tenía el apoyo de un círculo amplio de simpatizantes, más allá que el Comité en sí era pequeño. Con los escasos recursos que tenía para perseguir sus objetivos, el Comité de Nueva York tuvo un importante papel en la política feminista de su tiempo.

Contribuyó a desarrollar la conciencia de la importancia del trabajo doméstico en la sociedad capitalista; colaboró en la formación de grupos de Salario para el Trabajo Doméstico en otras zonas del país, sobre todo en el noreste. Dio visibilidad a la campaña Salario para el Trabajo Doméstico en los medios de comunicación y en las calles y cuando, a finales de los años setenta, el gobierno y los medios de comunicación empezaron a atacar a las mujeres receptoras de subsidios sociales, el Comité se levantó para defenderlas, organizó una conferencia en 1976

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Un aspecto revolucionario del movimiento feminista ha sido que ha corrido el velo que ocultaba las relaciones sexuales y familiares, sacando a la luz las relaciones de poder que atraviesan la «esfera privada» y la rígida estructuración que le imponen las regulaciones institucionales. A este respecto ha sido especialmente eficaz la campaña del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres, una violencia que a través de palizas, violaciones y otras formas de violencia promovidas desde productos pornográficos, como reacción a la oposición masculina a la «liberación de la mujer», se regocija en el sadismo de sus representaciones. En esta campaña ha sido crucial el empeño por introducir cambios en el derecho de familia para que, a través de la legislación, se reconozca y proscriba la violación dentro de la familia.

Este avance, además de ser un gran paso hacia la democratización de la vida familiar y las relaciones de género, ha servido para desmitificar el contrato matrimonial y descubrir las raíces de la esclavitud que reside en el núcleo del matrimonio, que las mujeres siempre han denunciado. El hecho de que en cualquier país, históricamente, la ley no haya admitido la posibilidad de que exista la violación dentro del matrimonio demuestra hasta qué punto en el capitalismo los servicios sexuales han formado parte del trabajo doméstico que se espera que hagan las mujeres a cambio de que las mantengan –una de las actividades de reproducción diaria y generacional de la fuerza de trabajo–. Las mujeres siempre han sabido que se les exige satisfacer el deseo sexual de sus maridos al finalizar la jornada de trabajo doméstico, da igual lo cansadas que estén, aunque muchas se rebelan negándose abiertamente o aduciendo jaqueca u otras dolencias, a menudo bajo el riesgo de ser castigadas con violencia o violadas.

Por eso nuestra campaña siempre subraya que para nosotras el sexo es trabajo, una parte esencial del trabajo doméstico, y que la relación que tenemos con nuestros maridos es una relación laboral, de modo que nunca hemos sabido cómo podría ser nuestra sexualidad. Por esta razón damos la bienvenida a las reformas legislativas que reconocen la existencia de la violación en el entorno familiar –una legislación que ha puesto fin a la idea de que casarse con una mujer implica obtener el control absoluto de su cuerpo–.

Al mismo tiempo insistimos en que la revisión del contrato matrimonial debe estar insertada en una reestructuración más general del trabajo reproductivo, en la que las actividades que reproducen nuestra vida no estén subordinadas a las necesidades del mercado laboral.

En la misma línea, criticamos las reticencias de muchas feministas a mostrar su apoyo a la licencia de maternidad cuando el tema llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El hecho de que el tribunal considerara el embarazo como una discapacidad ciertamente tuvo que ver con esa actitud. Pero tuvo más peso la creencia de que reivindicar la licencia significaba faltar al principio de «igualdad» defendido por el movimiento y descalificaba a la mujer en su lucha por el acceso a ocupaciones en las que predominan los hombres. A resultas de ello, mientras que en la mayoría de los países las mujeres tienen derecho a varias semanas o meses de licencia maternal pagada, en Estados Unidos hay que negociarla en cada puesto de trabajo y no existe ninguna disposición legal que la regule. En lugar de la licencia maternal pagada, en febrero de 1993 se aprobó un proyecto de ley federal de licencia parental que otorgaba a los trabajadores el derecho a tomarse una licencia de doce semanas en caso de nacimiento, adopción o enfermedad, pero las familias tienen difícil poder disfrutar de esta ventaja porque la licencia no va acompañada de remuneración.

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