Emergencia en seguridad: reprimir la protesta, fortalecer la policía

represioncrestarojafacunivoloCosecha Roja.-

El diagnóstico, una ‘gran cantidad de hechos delictivos’. La solución, fortalecer la institución policial y penitenciaria. La herramienta, el uso discrecional de recursos y personal de las fuerzas de seguridad. Así es el proyecto de ley que María Eugenia Vidal envió al congreso de la provincia de Buenos Aires para que se declare la emergencia en seguridad. “Es una manera de desplazar lo social por lo policial, diciendo que el problema es que te roben el celular o le vendar un porro a tus hijos”, dijo a Cosecha Roja Esteban Alzueta, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Ayer aparecieron los primeros síntomas del cambio en la política de seguridad: mientras el gobierno pretende regular la protesta, Gendarmería Nacional reprimió a los trabajadores de Cresta Roja con balas de goma mientras cortaban la Ricchieri.

El gobierno de Mauricio Macri ya anticipó que en enero presentará un protocolo para “ordenar las protestas sociales”. Lo llamó “acuerdo de convivencia” y apunta a los piquetes y cortes de calle. Para Manuel Tufró del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que debería haber es una regulación de la actuación policial y no del comportamiento de los manifestantes. La vicepresidenta Gabriela Michetti justificó la represión y dijo que fue un desalojo “sin situaciones dramáticas de violencia”. Pero hay heridos de balas de goma y golpes.

“El uso de munición de goma para el control de manifestaciones públicas está prohibido por los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, vigentes a nivel nacional desde 2011”, escribieron en un comunicado los integrantes del CELS. Y agregaron: “En los últimos días​, funcionarios del gobierno nacional dijeron que se está trabajando en un “protocolo” para regular las manifestaciones. ​Cualquier regulación ​sobre la protesta social debe implicar la protección efectiva del derecho a la protesta, en particular la regulación de la actuación policial en esas situaciones”. Los diputados del Movimiento Evita presentaron un proyecto de Ley para proteger el derecho a la protesta.

*

El Proyecto de ley de la Gobernadora Vidal será tratado en el recinto el 29 de diciembre y propone que se declare la emergencia en seguridad por doce meses. “En el escrito presentado no hay un diagnóstico, no explicita las problemáticas, no hay objetivos concretos. La declaración debería especificar razones y describir escenarios que lo justifiquen. Si no, será muy difícil evaluar si tiene éxito o no”, dijo a Cosecha Roja Manuel Tufró, del Equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

De aprobar el proyecto, el Ministerio de Seguridad tendrá la facultad de adoptar “todas las medidas que resulten necesarias”. Podrá reorganizar el personal, ejecutar obras, contratar servicios, adecuar el presupuesto, reasignar recursos, celebrar convenios con quien sea y hasta convocar al personal retirado. Para Tufró, “retomar la convocatoria de retirados siempre es problemático: en las policías, el retiro suele ser una exoneración encubierta”.

El lunes las organizaciones sociales dieron una conferencia de prensa y se refirieron a la “Agenda Mínima para la Seguridad en la provincia de Buenos Aires”, un documento que entregaron a la Gobernadora los primeros días de su gobierno. Lo firmaron el CIAJ, el CELS, la Asociación Miguel Bru, la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense -encabezada por Laurana Malacalza-, el juez penal Juan F. Tapia, el ex director del SPF Víctor Hortel, María Reigada y Daniel Guillén de la CTA y varios observatorios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. “Recordamos una agenda pendiente, la discusión no empieza con ellos, hay una trayectoria de distintas organizaciones”, explicó Alzueta.

En el informe marcan algunos ejes para prevenir: la detención por averiguación de identidad y prácticas de hostigamiento juvenil, la violencia por orientación sexual, el armado de causas, la importancia de la producción y acceso a la información pública y la recepción de denuncias de casos de violencia de género. En cuanto a la agenda de investigación, proponen consolidar al Cuerpo de Investigadores Judiciales en toda la provincia, y una “adecuación democrática” de los procedimientos en las morgues.

En el documento exigen que haya “claras instrucciones operativas para no generar acciones represivas que pongan en riesgo la integridad física de los manifestantes y sus derechos”.

Además, piden que haya control de armas de fuego, que se replantee el funcionamiento de Asuntos Internos, deliberar democráticamente la función de las policías locales, dar patrocinio gratuito y acceso a la justicia para las víctimas de violencia policial, terminar con el alojamiento de detenidos en comisarías y la criminalización de tenencia para consumo personal.

También señalan que, en los últimos años, hubo un aumento de casos de uso desproporcionado de la fuerza que derivó en un aumento de la “letalidad policial”. Según el informe del CELS, el índice de muerte en enfrentamiento en 2014 se triplicó respecto de 2005. De un muerto cada 15 ‘enfrentamientos’ pasó a cinco. La Comisión Provincial por la Memoria registró 6.843 casos de torturas y/o malos tratos a 2.074 víctimas en cárceles y comisarías: 1.911 son varones (92,1 por ciento), 161 son mujeres (7,8) y dos personas trans.

Para las organizaciones, el eje debe estar puesto en los delitos complejos. “La complejidad que implica la trama de las economías ilegales de drogas ilícitas amerita investigaciones federales”, escribieron. Pero el narcotráfico no debe ser encarado como un problema de ‘seguridad nacional’ porque habilita la militarización del conflicto. En el mundo, la guerra contra las drogas ya fracasó, generó escaladas de violencia y muertos.

En abril de 2014, el ex gobernador Daniel Scioli presentó el plan de seguridad de la provincia de Buenos Aires y el CELS documentó el fracaso de las medidas de mano dura desde 2000 en adelante:

Nota publicada el 22/12/2015

Foto: Facundo Nívolo

Cosecha Roja
Cosecha Roja

Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada